BUCARON JUAN ANTONIO c/ ANSES s/

• Fecha: 10 Marzo 2016
• Número de expediente: FCT 013000013/2010/CA001
• Número de registro: 148793337

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES En la ciudad de Corrientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil

dieciséis, estando reunidos los Sres. jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones,

D.. R., S. y M. de Andreau,

asistidos por la secretaria de cámara, Dra. C. O. G. de Terrile tomaron

conocimiento del expediente caratulado: “B., J. A. c/Anses s/ Acción

Declarativa”, Expte. N° 13000013/2010/CA1 del registro de este tribunal, procedente del

Juzgado Federal de esta ciudad.

Efectuado el sorteo a los efectos de determinar el orden de votación, resultó el

siguiente: primero Dra Selva Angelica Spessot, segundo Dra. M. G. S. de

Andreau y tercero R..

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. SELVA A.

DICE:

CONSIDERANDO:

1) Que a fojas 34/39 vta. los representantes de la ANSES

interponen recurso de apelación expresando agravios contra la resolución de fs. 28/30 vta.

por la que, se establece declarar la inconstitucionalidad de la aplicación al caso de la Resol.

Nº 884/06, declarando en consecuencia el derecho al beneficio provisional solicitado por el

actor –según lo establecido por la Ley 25994 modificatorias y complementarias previo

cumplimiento de las demás exigencias previstas, con costas a la demandada vencida.

2) Funda el recurso incoado manifestando en primer término

la inadmisibilidad de la vía intentada para solicitar la inconstitucionalidad de la

Resol.884/2006 dictada por la ANSES explicando que no se cumplieron en el caso de autos

con los requisitos requeridos para la utilización de tal herramienta legal. Determina que la

Ley 25664 no se encuentra vulnerada por el Decreto 1451/2006 y Res884/06, y que los

mismos constituyen su correcta reglamentación. Manifiestan que el acto u omisión debe

afectar derechos con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, no demostrándose que la

afectación de los supuestos derechos sea palmaria, ostensible o inequívoca.

Explican que la vía correcta es la pretensión de sentencia de

condena por lo que no procede la intentada al existir otro medio judicial más idóneo.

Estipulan que la constitucionalidad de las normas de emergencia social y de las políticas de

inclusión previsional y armonización de derechos. Exponen que, en el marco de la

Fecha de firma: 10/03/2016 Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA #8282496#148793337#20160309104128290 emergencia social, el objetivo de la inclusión de aquellos adultos vulnerables que no gozaren

de otro beneficio, justificó la adopción de medidas excepcionalísimas tales como flexibilizar

los requisitos de acceso a las prestaciones al extremo de posibilitar que aún aquellos que

jamás aportaron a la seguridad social puedan jubilarse. Dicen que tal objetivo se logró,

mayoritariamente, con la Ley 25994 y el Decreto 1454/05.

Determinan que, teniendo en cuenta las disponibilidades

económicas, financieras y operativas, el organismo reencauzó la política de inclusión social,

sin que exista ninguna discriminación. Dicen que, con el dictado de la resolución en cuestión,

no se violó la garantía de “igualdad ante la ley” porque no caben dudas que no es igual la

situación de quien percibe algún tipo de pensión, retiro militar o cualquier otro beneficio que

aquel que no lo hace.

Consideran que no se verifica lesión al derecho de

propiedad, toda vez que la única diferencia es la forma de saldar la deuda en concepto de

aportes no realizados que, de manera alguna puede ser interpretada como un ataque a

derechos constitucionales. Continua expresando que la medida cautelar solicitada resulta

evidentemente improcedente y que se confunde con el fondo del asunto, con lo que su

otorgamiento produciría un prejuzgamiento. Que la medida cautelar es una decisión

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