Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Agosto de 2015, expediente Rp 121453

Presidentede Lázzari-Kogan-Pettigiani-Soria
Fecha de Resolución19 de Agosto de 2015
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Secretaría Suprema Corte Registrado bajo el N°1243

P. 121.453 - “B., E.M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 58.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.

///Plata, 19 de agosto 2015.-

AUTOS Y VISTOS :

La presente causa P. 121.453, caratulada: “B., E.M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 58.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,

Y CONSIDERANDO :

  1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de julio de 2013, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 9 del Departamento Judicial Lomas de Z. que había condenado a E.M.B. a la pena de cuatro años de prisión, más la imposición de doscientos veinticinco pesos de multa, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (fs. 71/77).

  2. Frente a lo así resuelto, el defensor particular de la nombrada, doctor F.A.S., articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 96/108).

    En el apartado I alegó la falta de consideración de todos y cada uno de los agravios formulados “a los que no se le ha dado tratamiento alguno”.

    Luego de repasar los antecedentes de la causa, se refirió a los motivos de agravio llevados en el recurso de casación (fs. 96 vta./97 vta.).

    Sentado ello, sostuvo que el órgano intermedio inobservó las constancias de autos convalidando una pena en exceso “incurriendo también en absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la mensuración de la pena, lo que permite descalificar la sentencia como acto judicial válido conculcando de tal modo la manda contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional”. También denunció la violación de los arts. 16 de la C.N. y 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (fs. 98).

    Como fundamento de su reclamo, en primer lugar, alegó “Arbitrariedad por fundamentación aparente”. Bajo este tópico señaló que ela quono ha dado una fundamentación adecuada respecto de las cuestiones llevadas a su conocimiento “ya que las ha resuelto remitiéndose a la doctrina de la Sala y a afirmaciones dogmáticas, sin explicar de qué modo las mismas resultan aplicables a la presente, lo que permite concluir que la sentencia en crisis sólo ofrece un fundamento aparente”. En apoyo de ello, trajo a colación lo dicho por esta Corte en P. 89.159 y P. 102.130 (fs. cit. y vta.).

    En el acápite 2.a) que tituló “Inobservancias” manifestó que “[l]a interpretación efectuada en el resolutorio, incurre en afirmaciones netamente dogmáticas, no constituye una derivación razonada con arreglo a las circunstancias del caso”, por lo que el fallo deviene arbitrario. Observó que si bien la apreciación de la prueba constituye -por vía de principio- facultad propia de los jueces de la causa “dicha regla no es óbice, para que en casos como el presente cuyas particularidades hacen excepciones a aquellas con base en la doctrina de la arbitrariedad, sean revisadas en los estrados casatorios” (fs. 99).

    Seguidamente destacó que no puede advertirse cuál ha sido el lógico razonamiento arribado “si el mismo se basó únicamente en la constancia de un juicio conexo y sobre relatos que han sucedido en otro proceso y no en el presente”. Advirtió que sostener que esa defensa ha basado sus construcciones en interpretaciones erróneas “da cuenta por lo menos que ni siquiera se ha leído el planteo formulado y no se [ha] verificado la causa, en particular el punto tocante respecto de la fotografía de fs. 21” (fs. 99 vta.).

    Recordó que el señor J.D.R. basó su resolución en los dichos particularmente recogidos al personal policial actuante y que depusieron durante el debate y sobre quienes se han extractado sendas expresiones que han sido evidentemente consideradas en forma general y no puntual, no advirtiéndose, o bien no considerándose las claras contradicciones o bien falacias en las que han incurrido y que han sido subrayadas en oportunidad del debate mismo.

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    Consideró que existen -a criterio de esa defensa- “distintos cuestionamientos respecto de los elementos que han sido incorporados por lectura a estos obrados, elementos (…) sobre los que e[s]a parte se opuso y [que] según constancia de autos, no fueron reproducidos en el transcurso del debate por lo [ta]nto no pueden ser considerados, particularmente los testimonios de los Sres. R. (…); G. (…); P. (…); Bhon (…); S. (…); C. (…); B. (…); L. (…); H. (…); Brulc (…); M. (…); Mazaira (…)”.

    Indicó que no se merituó, si bien fue mencionado, el hecho de que su asistida al momento en que se llevaba a cabo la investigación por parte de D., se encontraba internada producto de un grave accidente doméstico, que la mantuvo en terapia por más de un mes, por lo que “nu[n]ca podía estar en el exterior de su domicilio vendiendo”. Observó también que no se tuvo en cuenta la ausencia de fotos o filmaciones que den cuenta de que B. vendía estupefacientes (fs. 101).

    Resaltó que un ejemplo de la desprolija labor efectuada por el personal policial “surge de los dichos del C.D., quien manifestó que el barrio era uno de ‘delincuentes’, estableciendo un claro preconcepto que afecta su labor directamente”.

    Remarcó, también, que no se acreditó en autos la realización de algún pasamanos entre los supuestos compradores y vendedores.

    De seguido se refirió a la imagen glosada a fs. 21 “en la que se indica que entre ambas personas que allí se aprecian, que están entre sí alejadas por más de tres metros, según imaginación del personal encargado de la investigación se estaba comercializando estupefacientes (…) y que la que allí se ve se trataría de ‘NN MILSE’”. En ese tren adujo que con total claridad puede verificarse que la persona que se encuentra fotografiada no es E.B. por dos razones fundamentales. En primer lugar por la notoria diferencia física entre la persona de la foto y la de su defendida y, en segundo lugar, porque la persona que surge de la foto lleva una remera amarilla ceñida al cuerpo y que “como también resulta de conocimiento de V.S., tiempo antes de suceder los hechos [su] asistida sufrió un grave accidente hogareño, por lo que resultó quemada en gran parte de su pecho, espalda y brazos”. Adunó a su exposición que dicha situación le impedía llevar aquel tipo de atuendos, utilizando ropa por demás holgada la que “le permitiría evitar el contacto con las prendas y así lograr la cicatrización de sus heridas” (fs. 101 vta.).

    Luego explicó que no se ha acreditado en autos ninguno de los elementos típicos requeridos por el tipo que se pretende imponer, por lo que resulta errónea la aplicación del art. 5 inc. c) de la Ley 23.737.

    Puntualizó que “[l]a apreciación y/o valoración de las cuestiones de hecho por el a quo, presenta, entonces, errores palmarios, fundamentales, es decir, desvíos notables y patentes de las leyes del raciocinio que evidencian una contradicción entre las circunstancias de la causa y la sentencia” (fs. 104).

    Más adelante, alegó la “Violación de lo dispuesto por los arts. 16 de la Constitución nacional; 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos” (fs. 105 vta. -resaltado y negrita en el original-).

    En el apartado 4.a) denunció “Arbitrariedad en la valoración de la prueba (arts. 18 de la C.N. y 210 y 373 del C.P.P.)”. En este tramo del recurso, con cita de fallos de la C.S.J.N. y de esta Corte, expresó que el sentenciante ha incurrido en absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba al rechazar la pretensión requerida por la defensa (fs. cit./106 vta.).

    Finalmente señaló que medió “Arbitrariedad en la mensuración de la pena” ya que “la sentencia trasunta un absoluto déficit de fundamentación al tiempo de justificar la drástica disminución del monto punitivo” (fs. cit.).

    Concluyó que el fallo impugnado encierra así un fundamento aparente, defecto que constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia del cimero Tribunal “que resiente la motivación lógica del fallo y desatiende el mandato del art. 106 del ordenamiento procesal que regla la garantía del debido proceso (art. 18 de la C.N.), en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa (fs. 107).

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  3. El recurso es inadmisible.

    El artículo 494 del Código Procesal Penal -cfe. texto ley 13.812- establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley podrá interponerse contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan pena de reclusión o prisión mayor a diez años y que únicamente deberá fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella.

    En el caso, la pena impuesta a B. y la índole de los planteos traídos no permiten tener por satisfechas las exigencias que derivan de aquella norma procesal.

    Y, si bien es criterio de esta Corte que aun cuando no estén satisfechos los presupuestos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494, Cód. cit. -cfe. ley cit.-), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y “C.” (Fallos: 310:324), entre otros (cfe. doct. Ac. 80.570, resol. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, resol. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, resol. del 24/V/2006; Ac. 101.238, resol. del 5/XII/2007, entre otros), la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que será...

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