Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 19 de Abril de 2022, expediente CAF 055653/2018/CA001

Fecha de Resolución19 de Abril de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

Exp. CAF 55.653/2018/CA1: “BRAUN, KAREN C/ EN-M AMBIENTE

Y DESARROLLO SUSTENTABLE S/EMPLEO PUBLICO”

En Buenos Aires, a de abril de 2022, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso de apelación interpuesto en los autos “BRAUN, KAREN C/ EN-M

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE S/EMPLEO

PUBLICO” contra la sentencia del 29/12/2021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que mediante la sentencia del 29/12/2021 el señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la Sra. K.B. y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable— a abonar las sumas de dinero que resultaren de la liquidación a practicarse en autos en concepto de indemnización por la ruptura del vínculo laboral que consideró acreditado entre la actora y demandada durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2018.

    Para así decidir, sostuvo que se encontraba acreditado que la demandante había sido contratada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para prestar servicios en distintas áreas y para la realización de diversas tareas.

    Destacó que, en materia de trabajos desarrollados para la Administración, existían tres regímenes: planta permanente, planta transitoria y el de contratado, pero que esta última figura no podía aplicarse a casos no previstos expresamente en la norma por tratarse de un supuesto de excepción.

    De tal manera, indicó que una utilización inadecuada de esta modalidad de contratación exigía una indemnización.

    En tal sentido, afirmó que resultaba de aplicación al caso lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Ramos” (Fallos 333:311), donde se sostuvo que la naturaleza de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen, de modo que no es el nomen iuris atribuido por Fecha de firma: 19/04/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    el legislador o por los contratantes sino la realidad material la que debe tenerse en cuenta para poder dilucidar la naturaleza jurídica de una institución.

    Tras llevar a cabo una reseña del citado precedente,

    concluyó que la demandada no había logrado desacreditar que la actora prestó

    servicios durante más de doce años consecutivos, de forma habitual e ininterrumpida, bajo sucesivos contratos de prestación de servicios suscriptos en los términos del artículo 9º de la ley 25.164, todo ello respetando un horario y percibiendo remuneración, con los correspondientes aportes previsionales.

    Por lo tanto, entendió que “la vinculación entre la Sra. K.B. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ostentó una naturaleza jurídica de relación de trabajo, cuya ruptura corresponde indemnizar a fin de restablecer la garantía contra la ruptura discrecional del vínculo” (sic).

    A los fines de determinar el monto de la indemnización,

    sostuvo que una solución razonable y equitativa debía encontrarse en el régimen indemnizatorio previsto en el quinto párrafo del artículo 11 de la ley 25.164.

    Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso recurso de apelación el 3/2/2022, que fue concedido libremente con fecha 4/2/2022.

    Puestos los autos en la Oficina, el recurrente expresó

    agravios el 4/3/2022, que fueron contestados por la parte actora el 17/3/2022.

  3. ) Que, en su presentación ante este Tribunal, el recurrente sostiene:

    (i) que, si bien es cierto que la actora prestó servicios en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el 1º/6/2005 y hasta el 1º/4/2018, la contratación fue realizada en los términos del artículo 9º de la ley 25.164 —que no fue cuestionada— bajo un “válido encuadre legal”, sin que se configurase la figura fraudulenta a que aludió el a quo.

    (ii) que la indemnización del artículo 11 de la ley 25.164

    se encuentra prevista para los casos en que existe un régimen de estabilidad, lo que no se da en el caso concreto en la medida en que, “[l]os contratos suscriptos por la actora, establecieron que el personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, carecen de estabilidad Fecha de firma: 19/04/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    - SALA IV -

    Exp. CAF 55.653/2018/CA1: “BRAUN, KAREN C/ EN-M AMBIENTE

    Y DESARROLLO SUSTENTABLE S/EMPLEO PUBLICO”

    y su contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento”.

    (iii) que las funciones realizadas por la Sra. B. “formaron parte de las establecidas en el marco del Art. 9º del Anexo la Ley 25.164, pues las mismas revistieron carácter extraordinario, tuvieron un objeto muy acotado y se agotaron ante el cumplimiento del mismo”. Aduce que se trataron de tareas transitorias de asesoramiento que, una vez cumplidos los proyectos que motivaron la contratación, correspondía que se dispusiera la rescisión del vínculo.

    (iv) que, toda vez que la demanda no prosperó en su totalidad, el juez de grado “debió establecer las costas a cargo de cada una de las partes, en función al éxito obtenido en el pleito, atendiendo a los vencimientos obtenidos”.

  4. ) Que, a fin de dar acabada respuesta a los planteos traídos a esta instancia, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes de hecho que dieron origen a la presente controversia.

    En el año 2005 se celebraron, entre la actora y el ex Ministerio de Salud y Ambiente, dos convenios para la prestación de tareas.

    Por un lado, un contrato de locación de servicios suscripto el 30/5/2005,

    destinado a regir a partir del 1º/6/2005 y hasta el 31/12/2005 (v. páginas 165/169 del IF-2019-106836746-APN-DRRHHMAD#SGP acompañado en CD obrante a fs. 269). Por el otro, el 30/9/2005 se celebró un contrato de prestación de servicios “por tiempo determinado y en carácter transitorio en el marco de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 25.164” con vigencia desde el 1º/10/2005 y hasta el 31/12/2005 (v. páginas 160/163, íd. cit.).

    Posteriormente, mediante resolución 96/2006 del entonces Ministerio de Salud y Ambiente, se tuvieron por prorrogados ciertos contratos de prestación de servicios oportunamente celebrados por la dependencia bajo el régimen del artículo 9º de la ley 25.164 y, entre ellos, el de la Sra. B.,

    para el periodo comprendido entre el 1º/1/2006 y el 31/12/2006 (v. páginas 146/150, íd. cit.; en particular, v. Anexo III).

    Por su parte, el 1º/1/2007 se celebró entre la actora y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable un nuevo contrato de Fecha de firma: 19/04/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    locación de servicios, en los términos del artículo 15 de...

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