Brasil le declara la guerra a la corrupción empresarial

RÍO DE JANEIRO.- Brasil tiene ahora una nueva y poderosa herramienta para luchar contra uno de sus peores flagelos: http://www.lanacion.com.ar/1414187-ola-de-marchas-contra-la-corrupcion-en-brasil.A partir de ayer, entró en vigor una ley que permite que las empresas en sí mismas, como personas jurídicas, puedan ser procesadas cuando sus empleados corrompan o http://www.lanacion.com.ar/1525864-el-ex-mano-derecha-de-lula-condenado-por-corrupcion-en-brasilpúblicos, bajo amenaza de durísimas sanciones que van hasta la disolución de la compañía, o lo que ya se ha bautizado "pena de muerte empresarial".La nueva ley anticorrupción, que engloba también a las fundaciones y asociaciones nacionales que actúen tanto en el país como en el exterior, así como a las extranjeras que operen en Brasil, prevé que, además de tener que resarcir al Estado por los daños provocados, deberán pagar multas que pueden variar entre el 0,1% y el 20% de su facturación bruta del año anterior, o, cuando no se puedan probar sus ingresos, castigos de entre 6000 y 60 millones de reales (entre 2500 y 60 millones de dólares).En los casos más graves o de reincidentes, las autoridades pueden incluso pedir a la Justicia que los bienes de la empresa corruptora sean confiscados y que la compañía sea liquidada.Hasta ahora, sólo los empresarios o empleados de una compañía, es decir, las personas físicas, podían ser juzgados penalmente por daños al patrimonio público o infringir principios de la administración pública."No teníamos una cultura de juego limpio en la relación entre lo privado y el gobierno. Como conseguimos hacer una ley basada en la responsabilidad objetiva -que no necesita probar la culpa-, la empresa va a responder por cualquier presupuesto, sean empleados o contratistas, que implique un acto ilícito", resaltó a la prensa Jorge Hage, ministro en jefe de la Contraloría General de la Unión (CGU), que apuesta al poder disuasorio de la nueva legislación.La ley fue aprobada por el Congreso el año pasado, tras las masivas protestas que sacudieron el país en reclamo de mejores servicios públicos, en rechazo de la corrupción y en contra del despilfarro de dinero utilizado en la construcción de estadios para el próximo Mundial de fútbol, que se celebrará del 12 de junio al 13 de julio.La presidenta, cuyo gobierno siempre tuvo una férrea intolerancia ante los hechos de corrupción, la sancionó de manera inmediata en agosto último, con la idea de que posibilitará menos fraudes en las licitaciones...