Boudou y otra burla a la justicia

 
EXTRACTO GRATUITO

El ex vicepresidente fue sobreseído en una causa en la que se investigó la adulteración de los documentos de un automóvil que perjudicó a quien había sido su esposa. Boudou no fue absuelto por inocente, sino porque el tribunal entendió que había transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal. Aunque todavía no fueron dados a conocer los fundamentos de la decisión, es por lo menos dudoso que haya continuado corriendo el plazo de la prescripción, porque éste se suspende cuando se investiga a un funcionario público mientras éste permanece en funciones, y en esta causa había también sido imputada la titular de un registro de la propiedad automotor que sí permaneció en funciones.

La prescripción se basa en la necesidad de que los procesos no duren indefinidamente y se afecte así la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, en presumir que el titular de la acción penal (los fiscales y los querellantes) ha perdido interés en obtener una sentencia.

Por lo tanto, supuesta la morosidad judicial, cae como espada de Damocles sobre los juicios la consecuencia de la prescripción, que no es otra cosa que declarar caduca la acción penal.

Con esta "sanción" a la morosidad judicial quedan libres de condena numerosos delincuentes, y sin resolución el fondo de asuntos de extrema gravedad que exigirían el análisis y la eventual sanción de la conducta de los responsables de haber cometido el delito por el cual se los llevó a juicio.

Curiosamente, se sanciona la inactividad procesal del propio Estado, ya que son sus funcionarios, los fiscales, los actuales impulsores de los procesos, no ya los abogados de los querellantes, ni mucho menos los defensores de los acusados.

Son éstos, los defensores, y por cierto sus defendidos, los grandes beneficiados por el instituto de la prescripción penal. Hacen lo imposible, dentro de sus límites procesales, y amparados en el derecho constitucional de la defensa en juicio, por prolongar el trámite de las causas con todo tipo de chicanas y recursos, algunos temerarios, hasta que se cumpla el plazo que la ley fija para que prescriba la acción punitiva del Estado. Esta labor obstructiva, absolutamente legal por otra parte, no sería posible sin la desidia jurisdiccional del Estado en los expedientes.

Otros grandes beneficiarios y usuarios de este mecanismo son algunos jueces, adeptos al "cajoneo", quienes no tienen ningún deseo de resolver algunas causas sensibles, sea porque afectan intereses que ellos no desean ver...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA