Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 18 de Octubre de 2017, expediente L. 117545

PresidentePettigiani-Negri-Kogan-de Lázzari-Soria
Fecha de Resolución18 de Octubre de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de octubre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., N., K., de L., S.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.545, "Bottaia, S. contra Provincia ART S.A. y otro/a. Accidente de trabajo. Acción especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 223/238 vta.).

Se dedujeron por ambas partes recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiendo el tribunal de grado concedido únicamente el interpuesto por la actora a fs. 258/287 (v. resols. de fs. 288 y 291).

Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia de la ley 14.399 y del C.igo C.il y Comercial de la Nación (v. fs. 302 y vta. y 400 respectivamente), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  1. El tribunal de trabajo interviniente declaró parcialmente procedente la demanda que S.B. promovió contra el Fisco provincial en concepto de prestaciones dinerarias y en especie previstas por los arts. 11 apartado 4 inc. "a"; 14 apartado 2 inc. "b" y 20 de la ley 24.557.

    Juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente que sufriera el día 9 de mayo de 2008 mientras se encontraba prestando tareas como asistente de minoridad en el "Instituto Nuevo D., el actor padeció infarto agudo de miocardio con revascularización, colocación destenty actual cardiopatía isquémica compensada y trastorno ansioso depresivo relacionado con el estrés laboral, que lo incapacitan -incluidos los factores de ponderación- en un 52% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 223/226).

    Declaró la inconstitucionalidad del sistema de renta periódica establecido por el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, y condenó a la demandada a abonar -en único pago- la prestación dineraria allí prevista (v. sent., fs. 232/233).

    Asimismo, y toda vez que dicho importe superaba el tope legal incorporado por el decreto 1.278/00 -$180.000-, redujo la cuantía de la prestación por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva a la suma de $93.600 (v. sent., fs. 234 vta.).

    Reconoció, además, el derecho del actor a percibir la compensación adicional establecida por el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, así como también la prestación en especie a la que hace alusión la norma del art. 20 de esa misma ley (v. fs. 234 vta. y 235).

    Finalmente aplicó intereses sobre el capital de condena a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días -pasiva- (v. sent., fs. 236 vta.).

  2. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el legitimado activo denuncia la transgresión de los arts. 6 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01; 10, 11, 31 y 39 incs. 1 y 3 de la C.itución de la Provincia de Buenos Aires; 14 bis, 16, 17, 19, 28, 31, 33 y 75 incs. 19 y 22 de la C.itución nacional; 23.1 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XIV y XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la doctrina legal que cita.

    Dos agravios estructuran su crítica:

    II.1. De un lado, se opone a la decisión del tribunal de grado que redujo el resarcimiento que le correspondía percibir en los términos de la tarifa impuesta por la ley 24.557 por conducto de juzgar aplicable el tope fijado en su art. 14 apartado 2 inc. "b".

    Alega que dicha definición se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada del precedente "Ascua, L.R. c/ Somisa", sentencia de 10-VIII-2010, así como de las directrices plasmadas por esta Suprema Corte al fallar en la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo", sentencia de 28-VI-2006, pues -afirma- luce evidente que en el específico supuesto de autos la reparación sufrió -por aplicación del aludido tope- una quita del 74,61%, tornando irrazonable al resarcimiento.

    Sobre la base de estas premisas plantea la inconstitucionalidad de la limitación reparatoria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 por configurar una desnaturalización o supresión del derecho que se pretende asegurar, así como también por vulnerar su derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la C.itución nacional.

    II.2. Del otro, controvierte la tasa de la que se valió ela quopara calcular los intereses sobre el capital que le fuera reconocido a su favor en la sentencia.

    En este aspecto, refiere que al encontrarse vigente una expresa disposición legal, como lo es la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, que ordena el pago de tales accesorios a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, es ésta la que resulta aplicable al caso.

  3. El recurso prospera parcialmente.

    III.1. En lo que concierne al agravio que inaugura la crítica habré de propiciar su acogimiento.

    En efecto, por las consideraciones que a continuación desarrollaré, entiendo le asiste razón al recurrente cuando peticiona se revoque el fallo de origen en cuanto aplicó el tope previsto por el art. 14, apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 al momento de cuantificar el resarcimiento.

  4. 1.a. Una aclaración inicial:

    Si bien el tribunal de grado invocó dicha normativa para sustentar este aspecto del pronunciamiento, en concreto, no hubo de sujetarse a las disposiciones que el mentado precepto legal contempla, ya que fijó el importe de la prestación dineraria por incapacidad permanente, parcial y definitiva conforme el tope prescripto en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo -$180.000 x 52% = $93.600- (v. sent., fs. 234 vta.).

    Por ende, se revela nítido que dicha incorrección acrecentó -aún más- el menoscabo a la reparación tarifada que le correspondía percibir al actor víctima de un infortunio laboral y, en tales condiciones, merece ser destacada.

    III.1.b. Dicho esto, reitero que el embate debe juzgarse procedente ello así, por el siguiente orden de fundamentos (conf. mi voto en la causa L. 117.074, "., J.C., sent. de 3-VI-2015).

    III.1.b.i. En primer lugar, porque de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal corresponde declarar la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios establecidos en las leyes especiales de accidentes de trabajo cuando su aplicación se traduce en un despojo del resarcimiento, de modo que el resultado económico de la indemnización desvirtúa la naturaleza reparatoria que procura la disposición legal, vulnerándose derechos de raigambre constitucional como los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la C.itución de la Nación (conf. causas L. 76.687, "P., sent. de 1-X-2003; L. 80.156, "., sent. de 31-III-2004; L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004; L. 74.311, "B., sent. de 29-XII-2004; L. 85.819, "A., sent. de 26-X-2005 y L. 90.610, "Caro", sent. de 2-VII-2008).

    III.1.b.ii. En segundo término, porque -precisamente- en las presentes actuaciones ha quedado acreditado que tal limitación provoca una merma injustificada del crédito de carácter alimentario que le corresponde percibir al trabajador incapacitado con arreglo a la tarifa resarcitoria que, al tomar en cuenta el salario devengado y la incapacidad que afecta a la víctima en concreto, permite restañar la pérdida de la capacidad de ganancia sufrida como consecuencia del siniestro laboral, que es el objetivo de las leyes especiales de accidentes de trabajo.

    En el específico supuesto de autos la cuantía de la reparación se ve disminuida de $368.517,96 a $93.600 (conf. sent., fs. 234 y vta.), circunstancia que implica la desnaturalización del derecho que se pretende reglamentar con la norma cuestionada.

    III.1.b.iii. Asimismo, porque no es posible soslayar que en el precedente A.374.XLIII, "Ascua, L.R. c/ SOMISA s/ cobro de pesos" (sent. de 10-VIII-2010), también citado por el recurrente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó categóricamente la validez constitucional de los topes a las indemnizaciones tarifadas previstos en las leyes especiales de accidentes de trabajo.

    Si bien no se me escapa que en el citado precedente "Ascua" la Corte federal se pronunció sobre la inconstitucionalidad del tope establecido por el art. 8 inc. "a" de la ley 9.688 (mod. por ley 23.643), los argumentos allí esgrimidos para fundar la sentencia en modo alguno se apoyaron en las características específicas del límite resarcitorio contenido en aquélla normativa, sino que -por el contrario- revisten una generalidad tal que habilitan a aplicarlos al tope contenido en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557. Tanto es ello así que de la propia sentencia "Ascua" se advierte que la Corte recurrió, al momento de fundar la inconstitucionalidad de tal limitación, a criterios hermenéuticos previamente elaborados en torno a la Ley de Riesgos del Trabajo (CJSN, "Ascua", cons. 7° del voto de la mayoría), añadiendo incluso que correspondía declarar la invalidez del tope indemnizatorio por ser incompatible con las normas constitucionales e internacionales que garantizan los derechos del trabajador,corpus iurisque -enfatizó- resulta "plenamente aplicable a las modalidades tarifarias en la materia" (CJSN, "Ascua", cons. 8° del voto de la mayoría) utilización del plural que autoriza a interpretar que la doctrina judicial que emana del fallo no se reduce a la ley 9.688, sino que abarca también a las sucesivas normas especiales en materia de accidentes de trabajo.

    En...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR