Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 17 de Marzo de 2010

Fecha de Resolución17 de Marzo de 2010
EmisorCorte Suprema de Justicia

Reg.: A y S t 235 p 365-372.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores M.A.G., M.L.N. y E.G.S. con la Presidencia de su titular doctor R.F.G. a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados 'BONFANTI - DI BIASIO S.C. contra PROVINCIA DE SANTA FE -Ejecutivo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD' (Expte. C.S.J. nro. 355, año 2008). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores G., S., N. y G..

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor G. dijo:

  1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 227, pág. 283/285 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el fallo de fecha 20 de noviembre de 2006 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, afirmando que si bien es cierto que, como regla, las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no revisten la calidad de definitivas en los términos del artículo 1 de la ley 7055, pues dejan abierta la posibilidad de un juicio ordinario posterior, también lo es que este Cuerpo reiteradamente ha señalado que dicho criterio no resulta aplicable cuando puede verse comprometida su propia competencia contencioso administrativa (A. y S. T. 60, pág. 186; T. 90, pág. 241; T. 98, pág. 204; T. 121, pág. 54, entre muchos otros). Consideró por ello, que concurriendo en el presente tales circunstancias, el recaudo en cuestión debía considerarse satisfecho; y que de la lectura de la sentencia surgía -prima facie- que la misma no resultaría ser derivación razonada del derecho vigente, lo que deparaba cuestión constitucional.

    El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor P. General (fs. 270/272 vto.).

    Voto, pues, por la afirmativa.

    A la misma cuestión, los señores Ministros doctores S., N. y G. expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor G. y votaron en igual sentido.

    A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor G. dijo:

  2. Surge de las constancias de autos que ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación de esta ciudad la firma “Bonfanti - Di Biasio S.C.” promovió demanda ejecutiva contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener el cobro de los pagarés detallados en dicha presentación, por la suma consignada en cada documento, más el interés del 8% efectivo anual convenido -decreto 1845/91-, desde el 02.08.91 hasta el 14.02.92, con más los intereses legales correspondientes por mora hasta el momento del pago. Afirmó que la deuda originaria fue reconocida mediante el dictado de los decretos nros. 3634/91 y 3636/91, relacionados con las obras “Construcción defensa del margen derecho del Río San Javier -Ruinas de Santa Fe la Vieja-Cayastá- Dpto.

    G.” y 'Reacondicionamiento parcial Canal Vila Ao. C. -D.. Castellanos'.

    En relación al decreto 3634/91 señaló que el mismo obedeció a la suscripción de un convenio formalizado con el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante el cual se acordara el pago de una parte de la deuda en efectivo, una parte mediante la entrega de B. y el saldo restante con documentos; que la Provincia suscribió los documentos correspondientes a favor del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y éste posteriormente los endosó a favor de la contratista acreedora; que algunos fueron pagados y otros no. Afirmó, en lo que respecta al decreto 3636/91, que al igual que lo sucedido con el anterior, la Provincia de Santa Fe, como principio de cumplimiento de aquél y tal como lo dispuso en el convenio suscripto precedentemente por intermedio del señor Ministro de O.S.P. y V., primeramente abonó en efectivo parte de la deuda, otro tanto en Bonex y finalmente se hizo entrega de documentos, los cuales fueron canjeados por nuevos de menor monto, algunos de los cuales fueron cancelados y los restantes son objeto de la presente acción (fs. 24/26).

  3. Por su parte, la Provincia de Santa Fe opuso excepción de incompetencia e inhabilidad de título (fs. 41/57).

    En relación a la incompetencia planteada -en esencia- sostuvo que el juicio fue iniciado para la ejecución de pagarés emitidos por deuda relativa a una porción de obra renegociada en los términos de la normativa contenida en los decretos 1617/89, 2812/89, 4026/90 y con aplicación de la reglamentación del artículo 71 contenida en los decretos 4784/84 y 4091/86, lo que constituye una cuestión ajena a la competencia ordinaria del Juez de Primera Instancia, resultando competente la Corte Suprema de Justicia por imperio de lo establecido por el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial.

    Refirió al contrato de obra pública...

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