Bonadio procesó a De Vido por subsidios a colectivos y lo embargó en $ 1000 millones

El juez federal Claudio Bonadio firmó ayer un nuevo procesamiento contra el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Lo encontró responsable de un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones.

Le prohibió, además, salir del país y lo obligó a presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes.

Bonadio consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación Federal de De Vido, entregó "sistemáticamente", durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar. Le pagó incluso $ 756.149 a una compañía que no movió un solo colectivo.

El viernes pasado, Comodoro Py le había dado a De Vido la primera buena noticia después de mucho tiempo. El juez Luis Rodríguez, en el caso Río Turbio, le hizo saber que no pediría su desafuero. Dijo que no tenía pruebas ni para indagarlo, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención. Eso le dio algo de aire a De Vido, pero el oficialismo anunció que igual buscará expulsarlo del Congreso. Este nuevo procesamiento será otro "cargo" que llevará a la reunión de la semana próxima.

Según el juez, De Vido y funcionarios que dependían de él "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema" para defraudar al Estado y lograr que los responsables quedaran impunes.

Los subsidios se calculaban según los kilómetros recorridos por los colectivos, pero los funcionarios no controlaban cuántos eran efectivamente esos kilómetros. Se pagaba según lo que informaban las empresas beneficiadas en sus declaraciones juradas. Si alguna auditoría advertía que habían informado kilómetros de más, las compañías no tenían castigo. El Estado se limitaba a dejar de pagarles, a futuro, ese extra ilegal.

"No se aplicaban sanciones ni se exigía la devolución de los subsidios recibidos en exceso. Las normativas no contemplaban estas opciones", afirmó Bonadio. Las auditorías, para colmo, no tenían reglas claras y se focalizaban en las líneas de colectivos que menos subsidios recibían.

"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014", detalló el juez. Eso fue así, según Bonadio, porque no hubo la más mínima voluntad de controlar. "La medición de los kilometrajes no era algo complicado ni que requiriera tecnología avanzada", escribió el juez.

"En el período del hecho investigado...

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