Blanqueo de familiares: Graciela Camaño impulsa una ley para derogar el decreto de Mauricio Macri

Son 28 palabras: "Déjase sin efecto por resultar nulo de nulidad absoluta e insanable por contravenir normas y principios básicos de orden público constitucional". Eso es todo lo que propone el proyecto de ley presentado por la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal. Lo que busca es volver a dejar fuera de la ley y sujeto a investigación judicial los fondos blanqueados por parientes de funcionarios de Mauricio Macri.Cuatro años después del decreto con el que Macri reglamentó de Reparación Histórica, que en su libro II incluía el "Plan de exteriorización voluntaria de capitales", más conocido como ley de blanqueo de capitales, Camaño presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulidad absoluta e insanable el artículo 6 de ese decreto, con el cual el expresidente introdujo la posibilidad de que los parientes en grado directo de los funcionarios pudieran sumarse al blanqueo, una alternativa que había sido expresamente vedada por el Congreso en la norma original.En su artículo 82, la ley 27.260 excluía del blanqueo a los funcionarios nacionales, provinciales o municipales de los tres. Era una lista de 23 incisos, de la letra "a" a la "w", que comenzaba con el Presidente, seguía con los legisladores y jueces y terminaba con los espías de la AFI.El artículo siguiente, el 83, excluía expresamente del blanqueo a los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de todos los funcionarios mencionados. Fue un artículo defendido por distintos bloques, Los opositores que apoyaron la ley lo impusieron como condición.El decreto reglamentario 1206, firmado por Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña y el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, alteró el artículo 83, señalando que los parientes directos de los funcionarios sí podían blanquear el dinero y los bienes que hubieran incorporado a su patrimonio antes de que sus familiares asumieran en la función pública."Resulta reprochable y reprobable el modo en que el Poder Ejecutivo ha violentado flagrantemente la voluntad del legislador (…), alterando sin más la letra y el espíritu" de la ley, señala Camaño, para ahondar: "Situación que consagró así una mutación ilegitima de la potestad constitucional que le asiste al Poder Ejecutivo, no tan solo para legislar en general, sino más aún...