Sentencia nº DJBA 156, 349 - LLBA 1999, 924 - JA revista del 29-11-00, 25 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 18 de Mayo de 1999, expediente C 65939

• Ponente: Juez HITTERS (MA)
• Presidente: Hitters-Pettigiani-Laborde-Salas-de Lázzari-Negri-San Martín-Pisano-Ghione
• Fecha de Resolución: 18 de Mayo de 1999
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de mayo de 1999, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deber observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters , P. , L. , S. , de L. , N. , S.M. , P. , G. , se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 65.939, “Banco Bisel S.A. Incidente de desafectación de bien de familia en autos 'Banco Bissel S.A. c/ A.J.P. s/ Cobro ejecutivo'“.

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la resolución de primera instancia que había declarado inoponible a la ejecutante la afectación como bien de familia del inmueble embargado.

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

šEs fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

1. Se discute en autos la oponibilidad, o no, al ejecutante de la inscripción como bien de familia de un inmueble de los deudores, que fue realizada con posterioridad a la celebración del contrato de cuenta corriente bancaria y antes de la expedición del certificado de saldo deudor (art. 793, Cód. Com.) que se ejecuta en autos.

2. La alzada juzgó, en lo esencial, que correspondía atenerse a la fecha en que se produjo el acto o hecho generador de la obligación o deuda, con abstracción del momento en que ésta adquirió exigibilidad; y que el origen de la misma explicitada en un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, es anterior a la fecha de su expedición, desde que se remonta al tiempo de la apertura de la cuenta.

   También falló que las limitaciones contenidas en los procesos de ejecución en punto a la indagación de la causa de la obligación no regían para el supuesto de un incidente de este tipo.

3. En cuatro items agrupa el demandado recurrente las violaciones legales que imputa al fallo adverso: a) 34 inc. 4º, 163 inc. 6º y 266 in fine del Código Procesal Civil y Comercial y 168 de la Constitución provincial; b) 793 del Código de Comercio y 499 del Código Civil; c) 38 de la ley 14.394 y d) 542 inc. 4º del Código Procesal Civil y Comercial.

4. No obstante el meritorio esfuerzo argumental que se advierte en el recurso en análisis, considero que debe ser rechazado pues, lo adelanto, juzgo que el tribunal de alzada no ha incurrido en las infracciones legales que se denuncian (art. 279, C.P.C. y su doctrina).

   1. No media ultraje al principio de congruencia desde que el fallo contiene, como marca el art. 163 inc. 6º del Código Procesal Civil y Comercial, una “decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley , declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda ...”. Es en base a tal norma que esta Corte ha resuelto que dicho principio impone, como regla general, que debe existir correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, y sólo se vulnera cuando no media conformidad entre aquélla y el pedimento respecto a la persona, el objeto o la causa (arts. 163 inc. 6º, 272, C.P.C.; Ac. 48.594, sent. del 27IV93; Ac. 50.996, sent. del 22III94 en “Acuerdos y Sentencias”, 1994I393; Ac. 53.707, sent. del 5XII95; Ac. 57.691, sent. del 20II96).

      También se ha decidido que la obligación que tienen los tribunales de tratar las cuestiones esenciales no implica la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones (conf. Ac. 40.367, sent. del 6VI89 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989II319; Ac. 46.757, sent. del 8IX92; Ac. 59.118, sent. del 5IX95; Ac. 59.955, sent. del 5III96; Ac. 56.328, sent. del 5VIII97; entre otras muchas).

   2. Coincido con la alzada en que la causa de la obligación encuentra su nacimiento en la celebración del contrato de apertura de la cuenta corriente, y no en la certificación del saldo. Desde aquella fecha el cuentacorrentista es deudor, entre otras, de la obligación de mantener en la cuenta suficiente provisión de fondos para atender a las libranzas efectuadas, salvo la autorización de giro en descubierto.

      Tratándose de cuestiones contractuales, el origen cronológico del crédito surgir del momento de celebración del convenio (conf. G., E., “Bien de Familia”, 1985, t. II, pág. 231; opinión compartida por C., J., “El bien de familia y las deudas 'potenciales'“ en “El Derecho”, 131921).

      Por tales razones la caracterización que le atribuye el recurrente de “contrato normativo” al de cuenta corriente, no me parece conducente a los fines que nos ocupan.

      No ignoro que en algunos pronunciamientos en el orden nacional se viene decidiendo, que si la inscripción del inmueble como bien de familia es anterior al de la certificación del saldo deudor, aquélla resulta oponible al acreedor (conf. Cám.Nac.Com., Sala A, “El Derecho”,142500, id. 162233, id. 170597; ib. idemásala E, por mayoría, en causas “Banco de Crédito Argentino” del 10VII92 y “Banco Holandés Unido” del 19IV94); criterio que no es compartido por los pronunciamientos existentes en el ámbito de esta provincia (conf. Cám.1ª, S.I., M. delP. en causas 73.971, resol. del 5IX89, 85.899, sent. del 3XII92, 98.896, sent. del 17II97; id. Sala II en causas 90.778, resol. del 19IV94, 94.038, sent. del 27IV95, etc.).

      Pero los fundamentos que apuntalan aquella posición se...