Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Febrero de 2017, expediente L. 118202

PresidenteNegri-Genoud-Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Soria
Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 8 de febrero de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., G., P., de L., K., S.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.202 "B. T. ,E. y otros contra Lima Da Rocha, M. y otro. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo N° 3 del Departamento Judicial La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 1152/1180 vta.).

La codemandada Federación Patronal Seguros SA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 1207/1248 vta.), concedido por el citado tribunal (fs. 1257/1258 vta.).

Oído el señor representante del Ministerio Público (fs. 1291/1295 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 1301, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. El tribunal de grado admitió la acción iniciada porE.B.T. por sí y en representación de sus hijos menores de edadR.B.B. ,S.V.B.B. yO.B.B. , en cuanto procuraba el cobro de la indemnización por muerte del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y las prestaciones previstas en la ley 24.557 con motivo del fallecimiento del trabajadorF.B.T. -esposo y padre, respectivamente, de los reclamantes- en un accidentein itinereen época en que se desempeñaba a las órdenes del codemandado M.L.D.R.. Por un lado, condenó a este último a pagarles a los causahabientes el concepto contemplado en el citado art. 248 y, por otro, ordenó a Federación Patronal Seguros SA abonarles a aquéllos las reparaciones de los arts. 11 ap. 4 y 15 ap. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 18 ap. 1), según las reformas introducidas por el decreto 1694/09 y la ley 26.773. A las respectivas sumas dispuso la adición del índice RIPTE, más intereses con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires a calcularse del modo en que fuera indicado en el fallo (fs. 1152/1180 vta.).

    Para así decidir, en lo que reviste interés, juzgó probado el acaecimiento del accidente de trabajoin itinereel día 2 de agosto de 2004, que produjo la muerte del trabajador. También concluyó que la cobertura derivada del contrato de afiliación entre el empleador y la citada aseguradora se encontraba vigente al momento de ocurrencia del infortunio.

  2. Contra la decisión de mérito, se alza la codemandada Federación Patronal Seguros SA mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de las leyes 24.557, 26.773, 17.418 y decreto 1694/09 y sus normas complementarias y reglamentarias; arts. 163 inc. 6) del Código Procesal Civil y Comercial; 17 de la citada ley 26.773; 2 y 3 del anterior Código Civil; 1, 14, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 12 y 116 de la Constitución nacional. Asimismo, invoca transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte y alega absurdo en la valoración de las pruebas.

    En concreto, cuestiona tres aspectos del pronunciamiento de grado:

    1. En primer lugar, se agravia de la aplicación del decreto 1694/09 y del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.

      Plantea que el tribunal ha dispuesto su actuación retroactiva, toda vez que el infortunio ocurrió el 2 de agosto de 2004, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídicas y el derecho de propiedad de la aseguradora.

      Luego de transcribir el art. 3 del anterior Código Civil, alega que el razonamiento del juzgador es errado, puesto que el pago es un modo de extinción de las obligaciones y no una consecuencia de las relaciones y situaciones jurídicas existentes a las que hace referencia la citada norma.

      Aduce que la vigencia del precepto está sujeta a que se reúnan todos los factores que condicionan el nacimiento de la relación jurídica. En el supuesto de la ley 26.773, afirma que ello quedó supeditado a la "primera manifestación invalidante" (art. 17 inc. 5in fine), sin que -insiste- la norma haya establecido su aplicación retroactiva, pues ello debe estar expresamente previsto y -remarca- sólo lo está con relación a la prestación por gran invalidez (art. 17 ap. 7). Cita en apoyo de su postura fallos de otros tribunales de justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 1214 vta./1217 vta.).

      Destaca que en la causa L. 112.832 "G.", sent. de 2-V-2013, esta Corte se pronunció con relación al decreto 1278/00, desestimando su aplicación retroactiva, por lo que -sostiene- a este criterio debe ajustarse la solución del presente caso.

      Manifiesta que la decisión viola la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución nacional, desde que la aseguradora debe afrontar el pago de prestaciones que no se compadecen con las alícuotas oportunamente abonadas por el empleador, alterándose la ecuación económica del sistema.

      Sostiene que mal pudo el tribunal declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09, desde que éste dispuso mejorar las prestaciones dinerarias de los arts. 11, 14 y 15 de la ley 24.557 para aquellos siniestros que ocurrieran con posterioridad a su entrada en vigencia, supuesto que -reitera- no es el de autos. Postula que la conclusión infringe la doctrina emergente de la causa L. 94.119 "F., C.V.", sent. de 4-XI-2009.

      Seguidamente, con transcripción del art. 17 ap. 5 de la ley 26.773, concluye que dicho precepto establece la entrada en vigor del mencionado cuerpo legal a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial, es decir, el 26 de octubre de 2012. Asimismo manifiesta que, por su lado, el art. 17 ap. 6, que -según argumenta- debe ser armónicamente interpretado con el art. 8, define sobre qué prestaciones y en qué oportunidad será aplicable el índice RIPTE.

      En definitiva, postula que la sentencia impugnada es arbitraria por cuanto es portadora de una decisión reñida con el derecho vigente y el principio de razonabilidad, violando las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa en juicio.

    2. En segundo término, con denuncia de infracción del principio de congruencia (art. 163 inc. 6, Cód. P.. C.. y Com.), plantea que es desacertado el modo en que el tribunal dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, así como el cálculo de los intereses sobre el capital sujeto a dicho mecanismo de ajuste.

      Afirma que el órgano de origen se limitó a darle legitimidad a un escueto pedido de la actora, formulado en la audiencia de vista de la causa, soslayando -de modo manifiesto- los derechos de la aseguradora al imponerle obligaciones ajenas a la ley 24.557 y hacer lugar a peticiones que considera que no fueron introducidas a lalitis, como la fijación de una tasa de interés en contradicción con lo dispuesto en la ley 26.773.

      Apunta que "... al declarar el deber de mi mandante de pagar un objeto de condena por el que no había sido demandada y consecuentemente respecto del cual no se defendió..." (v. recurso, fs. 1232), la decisión resulta violatoria del debido proceso y del derecho de defensa (art. 18, C.. nac.).

      A continuación, cita doctrina vinculada a la anulación de oficio de las decisiones judiciales y al principio de congruencia cuya vulneración invoca (v. fs. 1232 vta./1233 vta.).

      Continúa argumentando que el actor en su demanda no peticionó la aplicación del mecanismo de actualización de la manera en que dispuso el juzgador, ni la tasa de interés sobre el capital al que se le adicionó el índice RIPTE. Agrega que esta decisión importa una doble actualización de valores y un enriquecimiento sin causa para los promotores del juicio.

      Alega que el contrato de afiliación suscripto estaba pactado teniendo en cuenta una determinada masa salarial y un específico régimen indemnizatorio, por lo que la decisión del sentenciante -asegura- se aparta de esas pautas. En apoyo de su postura, menciona jurisprudencia de otros tribunales.

      En subsidio, sostiene que los intereses deben calcularse desde el 26 de octubre de 2012 y no a partir de la fecha indicada por el pronunciamiento, pues -reitera- la forma en que el tribunal estableció su cálculo importa una doble actualización del capital de condena.

    3. Por último, imputa al juzgador haber incurrido en absurdo en la valoración de los medios probatorios que lo condujeron a concluir que a la fecha de acaecimiento del accidentein itinereque ocasionó la muerte del trabajador, esposo y padre de los demandantes, el contrato de afiliación entre el empleador y Federación Patronal Seguros SA se encontraba vigente.

      Aduce que esa conclusión no puede sostenerse válidamente ni bien se repara en el contenido de la pericia contable y la prueba informativa producidas en autos.

      Además, manifiesta que la aseguradora desconoció la ocurrencia del siniestro, así como su mecánica. No obstante, cuestiona la conclusión del tribunal de grado que tuvo por acreditada su existencia por considerarlo un hecho no controvertido, ya que -afirma- la circunstancia de haber tomado la denuncia del accidente no importa la aceptación de responsabilidad alguna de la compañía.

      Discute que en el horario en que se produjo el supuesto hecho dañoso, el dependiente debió encontrarse en su lugar de trabajo y no en camino hacia él.

      Censura la conclusión del fallo con arreglo a la cual se declara la existencia de pagos ingresados bancariamente a favor de la aseguradora, toda vez que plantea que desde marzo de 2004 a setiembre de ese año no se realizaron pagos. Tampoco puede inferirse, según alega, con destino a cuál aseguradora fueron efectuados.

      Pone de resalto que el sentenciante hizo mérito de un pago a cuenta, incluyendo intereses, efectivizado con relación al contrato de afiliación que unía al empleador con la aseguradora recurrente, por lo que sostiene...

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