Sentencia definitiva nº 5257/07 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Octubre de 2007

Fecha de Resolución10 de Octubre de 2007
EmisorTribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E.. nº 5257/07 "G.V., N. y otros c/

GCBA (Hospital 'Bernardino Rivadavia') s/ daños y perjuicios s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. nº 5243/07 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en. `G.V., N. y otros c/ GCBA

(Hospital Bernardino Rivadavia) s/ daños y perjuicios'"

Buenos Aires, 10 de octubre de 2007

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

  1. El Sr. N.G.V., por derecho propio y en representación de su hijo menor J.N.G.R., inició ante la Justicia Nacional en lo Civil una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA)

    tendiente al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el fallecimiento de su esposa, la Sra. B.R.M., ocurrido el 29/10/1994 en el Hospital Bernardino Rivadavia. Atribuye responsabilidad al Estado local por la deficiente atención brindada cuando concurrió a dar a luz a su hijo, lo que generó un proceso infeccioso y una secuela de complicaciones que, finalmente, la ocasionaron la muerte. El Sr. G.V. reclamó la suma total de

    $ 513.440, más sus intereses y costas, discriminados en los siguientes rubros: a) daño patrimonial $ 50.400, b) daño moral $ 400.000, c) daño psíquico $ 40.000 y d) gastos terapéuticos futuros $ 23.040 (fs. 40/58

    vuelta).

    El GCBA contestó la demanda y se opuso a su procedencia por considerar que las causas del deceso fueron imprevisibles e inevitables. En subsidio, cuestionó la liquidación formulada por el actor (fs. 106/123).

    Con posterioridad la Justicia Civil remitió las actuaciones a la Justicia local (fs. 345 vta).

    Recibida la causa por la justicia de la Ciudad ante la declaración de incompetencia de la justicia nacional, el juez de primera instancia dictó sentencia haciendo lugar a la demanda (fs. 620/626 vuelta). El juez consideró acreditada la deficiente atención hospitalaria hacia la paciente, en atención a la patología de riesgo que ella enfrentaba (rotura prematura de membrana) y sostuvo que la muerte de la Sra. R.M. se habría evitado si se hubiesen realizado las conductas debidas. Consecuentemente, condenó al GCBA a abonar a los actores $ 373.280, correspondiendo $ 103.260 al Sr. N.

    G. V. y $ 270.020 a su hijo J., más los intereses y las costas. La suma se discrimina de la siguiente forma: $ 40.000 por daño patrimonial ($ 30.000

    para el niño y $ 10.000 para el padre); $ 300.000 por daño moral ($ 225.000

    se atribuyen al hijo y el resto a su padre); $ 8.280 por tratamiento psíquico ($ 5.760 para el menor y $ 2.520 a su padre); y, finalmente, $

    25.000 por daño psíquico (por partes iguales).

  2. El GCBA apeló la sentencia (fs. 635). Se agravió contra la sentencia de primera instancia por la arbitraria ponderación de los hechos y de la prueba; también cuestionó la cuantía de los rubros por los que concedió la indemnización y la tasa de interés fijada. Expresó también que se vulneró lo dispuesto por los arts. 399 y 400 del CCAyT (fs. 646/663

    vuelta) al fijar un plazo de pago de treinta días.

    Los actores contestaron los agravios y solicitaron el rechazo de la apelación (fs. 665/677).

    La Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió: "1) hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, ordenar que la Ciudad abone las sumas señaladas en el considerando XI.6 del voto del D.B. en la forma allí establecida; 2)

    las indemnizaciones concedidas devengarán la tasa de interés indicada en el considerando XII del voto del D.B. y 3) imponer las costas, en ambas instancias, a la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 62, 1° párrafo, CCAyT)".

    En el considerando X del voto del juez B. se analizaron los agravios referidos a los montos reconocidos por cada ítem indemnizable, rechazándolos y confirmando lo dispuesto en la primera instancia. En cuanto al plazo para el pago de la suma condenada, fijado por el fallo de primera instancia, sobre el que se agravió la demandada por no adecuarse a lo dispuesto por los arts. 395, 299 y 400 CCAyT, la Sala I, por mayoría (punto XI del voto del juez B. y punto V del voto del juez C. y de oficio consideró inconstitucional la aplicación del art. 395, segundo párrafo, en relación con el capital debido al menor J. N. G. R.; y admitió la aplicación del procedimiento establecido en los arts. 399 y 400, CCAyT a los intereses que se devenguen sobre el capital correspondiente al menor y a las sumas reconocidas al Sr. N.G.V. en concepto de capital ($ 103.260)

    e intereses. Dejó a salvo que sobre estas deudas, los montos que no superen el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, deberían ser abonados a cada actor en el plazo previsto de sesenta días.

    En cuanto a los intereses, la sentencia admitió parcialmente el recurso y dispuso el pago de ellos a la tasa pasiva que publica el Banco Central, salvo los intereses correspondientes al período enero/septiembre de 2002 en que se deberá aplicar la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina.

  3. El GCBA planteó el recurso de inconstitucionalidad (fs. 709/727

    vuelta), que fue contestado por la parte actora (fs. 733/738 vuelta) y por la Asesoría General Tutelar (fs. 740/741). La Sala I concedió el recurso sólo en lo vinculado con la declaración de inconstitucionalidad del art.

    395, segundo párrafo del CCAyT; y lo denegó por la causal de arbitrariedad

    (motivada en la valoración de ciertas pruebas, en la omisión de considerar otras, y en los defectos de fundamentación de la sentencia).

  4. La Procuración General interpuso recurso de queja contra la denegatoria parcial del recurso de inconstitucionalidad (fs. 813/822, expte. n° 5243/07, acumulado por providencia de fs. 749).

    La Asesora General Tutelar dictaminó por el rechazo de la queja y del recurso de inconstitucionalidad planteados por el GCBA (fs. 829/835

    vuelta). El F. General Adjunto propicia que se rechace la queja, se admita el recurso de inconstitucionalidad y se revoque parcialmente la sentencia en cuanto dispone el pago sin diferimiento de la suma reconocida en concepto de daño moral al menor (fs. 838/843).

    Fundamentos:

    La jueza A.E.C.R. dijo:

    I.R. de queja.

  5. El recurso de queja interpuesto por el GCBA frente al rechazo parcial de su recurso de inconstitucionalidad fue deducido en tiempo oportuno y cumple con los restantes requisitos formales extrínsecos. Sin embargo, debe ser rechazado.

  6. Como lo expresara al votar en "Technology Bureau S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Technology Bureau S.A.

    s/ ejecución fiscal", expediente nº 4426/05, resolución del 21/06/06, entre otros antecedentes, "(e(s requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re "F., J. R. y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 09/04/01)."

  7. La queja de la Procuración General no contiene una crítica suficiente del auto denegatorio, ya que se limita a reproducir las manifestaciones y argumentos planteados en el recurso de inconstitucionalidad que no son idóneos para rebatir las razones expresadas por la Sala I al considerarlo inadmisible (por esta causal).

    Por lo tanto, la parte no ha satisfecho la carga de demostrar el error en el cual, a su juicio, habría incurrido la Sala I al denegar su acceso al Tribunal; carga que no ve satisfecha con la reiteración de algunos de los agravios ensayados en el recurso de inconstitucionalidad para intentar demostrar el carácter arbitrario de la sentencia que resolvió la apelación.

  8. En consecuencia, las deficiencias de la presentación del GCBA definen, a mi juicio, el rechazo de la queja.

    1. Recurso de Inconstitucionalidad.

  9. La Sala I consideró inaplicable, por inconstitucional, la limitación al carácter ejecutivo de la sentencia impuesto por el art. 395, segundo párrafo del CCAyT, en relación con la indemnización debida en concepto de capital al menor J.N.G.R., que asciende a la suma de $

    270.020, la que deberá abonarse en el plazo de 60 días de consentida o ejecutoriada la sentencia y aprobada la liquidación (punto XI.6 del voto del juez B., fs. 786; al que adhirió el juez C..

    La ponderación de la inconstitucionalidad de la norma fue introducida de oficio por los jueces en su sentencia (punto XI.5, del voto del juez B., fs. 785/786; con adhesión del juez C. y disidencia del juez Centanaro).

  10. Conviene recordar que el juez de primera instancia, tras considerar que los créditos son de naturaleza alimentaria, entendió que se encontraba facultado por el art. 395, CCAyT, para establecer el plazo de cumplimiento de la condena y lo fijó en 30 días. La Ciudad se agravió por considerar que la decisión vulnera lo dispuesto en los arts. 399 y 400, CCAyT.

    En esta cuestión, el voto del juez B. comenzó por mencionar que, por principio general, las sentencias...

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