Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 22 de Diciembre de 2020, expediente CAF 057460/2019/CA001

Fecha de Resolución22 de Diciembre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

–SALA IV–

Expte. CAF 57460/2019/CA1: “B.R., C.L. c/

EN – M Interior OP y V – DNM s/ Recurso Directo DNM”

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020.

VISTOS:

Estos autos “B.R., C.L. c/ EN – M Interior OP y V – DNM s/ Recurso Directo DNM”; y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, por sentencia del 13/03/20, el señor juez de primera instancia: (i) rechazó, con costas, el recurso deducido por el ciudadano de nacionalidad uruguaya C.L.B.R. contra la disposición SDX 165128/19 de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, “DNM”)

    que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la disposición SDX

    103071/18. Por medio de este último acto, se declaró irregular su permanencia en el país, se ordenó su expulsión del territorio nacional y se prohibió su reingreso con carácter permanente; y (ii) dispuso que, una vez firme y consentida la sentencia, la DNM podría concretar la retención dispuesta en los términos de la ley migratoria (arts. 69 octies y 70 de la ley 25.871, texto según decreto 70/17).

    Para así resolver, de manera preliminar, desestimó los planteos de inconstitucionalidad del decreto 70/17.

    En cuanto al fondo de la cuestión, consideró que la situación del actor encuadraba en el art. 29, inc. c, de la ley 25.871 —según el texto que imprimió el decreto 70/17—, toda vez que había sido condenado a la pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión como coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma “criminis causae”, atentado a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra. Sobre dicha base, sostuvo que la DNM se había limitado a aplicar la normativa migratoria, sin que se apreciara el menor rasgo de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión adoptada.

    Por último, señaló que la aplicación de la dispensa prevista en el art. 29 in fine de la ley migratoria constituía una facultad discrecional de la autoridad administrativa, que había decidido no utilizar en el sub lite.

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación —en representación del actor—

    interpuso recurso de apelación el 5/08/20, que fue concedido el 18/08/20 y contestado por su contraria el 26/08/20.

    Fecha de firma: 22/12/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Por su parte, el 9/9/20 se expidió el señor F.F.C. que interviene ante esta Cámara, con lo que llegan las actuaciones a instancia de resolver.

  3. ) Que la Defensora Pública Oficial, en su memorial, esboza los siguientes cuestionamientos:

    (i) Reclama la aplicación de la ley 25.871 en su redacción original, en tanto la condena del actor fue en el año 2013.

    (ii) Plantea la inconstitucionalidad del decreto 70/17 en relación con: a) la reducción de los alcances de la dispensa por razones de reunificación familiar, desoyendo los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) el establecimiento de un máximo de pena —tres años de prisión— cuya superación imposibilita el ejercicio de la dispensa por razones de reunificación familiar en favor de los extranjeros incursos en el impedimento previsto en el art. 29, inc. c, de la ley 25.871 por la comisión de delitos dolosos; c) la restricción del control judicial de la facultad de la Administración de conceder o no la dispensa por razones de reunificación familiar; y d) la arbitraria ampliación de los plazos de retención por razones migratorias (art. 70 de la ley 25.871).

    (ii) No se efectuó un control judicial suficiente de la legitimidad y razonabilidad del acto que ordenó su expulsión del país. En particular, porque:

    (a) No se fundó el rechazo de la dispensa por razones de reunificación familiar en los términos del art. 29 in fine de la ley 25.871. Sobre el particular, alega que se omitió ponderar la existencia de sus nietos y de cinco hijos argentinos mayores de edad.

    (b) Se omitió realizar un test de razonabilidad que considere las circunstancias subjetivas del recurrente, a saber: el tiempo transcurrido en la República Argentina (arribó hace cincuenta años), los vínculos familiares forjados en el país, su trabajo e intento de resocialización y el alcance de las penurias que constituye la deportación para su familia.

    (iii) Solicita que las costas sean impuestas por su orden.

  4. ) Que, ante todo, resulta oportuno destacar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:308, 262:222, 265:301, 272:225;

    278:271; 291:390; 297:140: 301:970; entre muchos otros; y, en sentido análogo,

    esta S. in re “Larraburu, J.P. c/ Estado Nacional”, sentencia del 07/04/1992; “C., G.B. c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”,

    Fecha de firma: 22/12/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    –SALA IV–

    Expte. CAF 57460/2019/CA1: “B.R., C.L. c/

    EN – M Interior OP y V – DNM s/ Recurso Directo DNM”

    sentencia del 15/11/2013; “Sambataro, M.A. c/ Estado Nacional s/

    personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 02/09/2014;

    V.F., R.D. c/ Estado Nacional s/ recurso directo

    ,

    sentencia del 28/03/2017; y “C.R., Digmar Félix c/ Estado Nacional s/

    recurso directo DNM”, sentencia del 27/06/2017, entre muchas otras).

  5. ) Que los agravios formulados en relación con la inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 25.871 —según el texto que le imprimió

    el decreto 70/17—...

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