Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 4 de Agosto de 2021, expediente CSS 101597/2019/CA001

Fecha de Resolución 4 de Agosto de 2021
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA Nº101597/2019 Sentencia Definitiva En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de agosto de 2021, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos B.R. TRANSPORTE S.A c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS

PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA N.C. DORADO DIJO:

B.R. TRANSPORTE S.A apela la Resolución Nº 2493/18 (DI CRSS),

que decide no hace lugar a la impugnación presentada por el contribuyente respecto del Acta de determinación e infracción Nº 01385412/301/01, Dictamen Nº 1317/18 (DV REVA), con respecto al ajuste realizado por el organismo, en virtud de la incorrecta aplicación de las disposiciones del Decreto Nº 814/2001 artículo 2 para el período 08/2011 al 06/2015 ambos inclusive, toda vez que la contribuyente ingresó esas obligaciones conforme lo normado en el inc. b) del art.2 del citado Decreto, cuando, según el organismo, debió hacerlo por la alícuota dispuesta en el inciso a).

El impugnante no efectuó el depósito previo previsto por el artículo 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864 pero acompañó un seguro de caución extendida por FINANZAS y CREDITO S. A. Compañía de Seguros Nº 709.868, para garantizar el pago de las sumas reclamadas ante una eventual sentencia adversa (v. ANEXO V digitalizado en autos, fs. 820/820vta).

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el seguro de caución es suficiente para garantizar el interés fiscal, por lo que debía entenderse satisfecho el requisito del depósito previo (Sent. del 04/11/2008 “Orígenes AFJP c/AFIP s/Impugnación de deuda”),

por lo que habré de considerarla un sucedáneo válido y procederé a la apertura de la presente instancia judicial.

Conforme lo anteriormente aceptado, deviene abstracto expedirse en torno a la medida cautelar solicitada por el accionante.

Pasaré a analizar el fondo del tema sometido a juzgamiento.

En su memorial recursivo y ampliación oportunamente efectuada, B.R.

TRANSPORTE S.A (BRT) sostiene que la cuestión debatida radica en una diferencia en la interpretación del mencionado art. 2, inc. b del Dec. 814/2001, luego modificado por las Leyes 25453

y 25565. Realizando una revisión normativa sobre la cuestión, manifiesta que el Dec. 814/01 art. 2 se basó en la Res. SePyME 24/01 para establecer el tope de facturación para el sector “comercio” de la economía, por lo que debería seguir actualizando dicho tope con lo que esta última actualmente dispone; haciendo referencia que el Decreto 1009/01 unifica la caracterización de empleadores de los sectores “Comercio” y “Servicios”, en lo prescripto para el primero de ellos. Derivando en que el valor Fecha de firma: 04/08/2021

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

de dicho tope ha sido actualizado en lo sucesivo lo que no se reflejó en una actualización de los montos que el organismo aplica a fin de labrar el Acta de infracción que aquí se impugna. Poniendo de manifiesto la especificidad que pesa sobre la SePyME a fin de definir el concepto de PyMe y sus características esenciales, así como los montos elevados por la Res. SEyMEyDR 675/02. Por lo que solicita se haga lugar a los agravios vertidos, toda vez que BRT sí tuvo en cuenta dichas modificaciones a fin de realizar el pago de la alícuota cuestionada, ser enrolado en los parámetros establecidos por el inc. b del art. 2 del Dec. 814/01, a los fines de su correcta inclusión, siendo la Secretaría mencionada la única habilitada a los fines de establecer las características esenciales de una PyME debiendo ser consideradas a los fines de su determinación, las modificaciones establecidas para la Res. 24/01. Para ello, solicita se declare la inconstitucionalidad de la Res. G..

AFIP 1095 en la medida que mantiene fijo una de las características específicas de las PyMEs,

violando el principio constitucional de razonabilidad y de seguridad jurídica con relación al espíritu impuesto por las Leyes 24.467, 25.300 y la Res. 24/01. Señalando la improcedencia de la multa...

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