Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Octubre de 2006, expediente L 80424

PresidenteHitters-Kogan-Roncoroni-de Lázzari-Genoud-Soria-Pettigiani
Fecha de Resolución11 de Octubre de 2006
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 11 de octubre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresH., K., R., de L., G., S., P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 80.424, "B., D.A. contra Clínica Boedo S.R.L. Enfermedad laboral y despido"

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 3 de Lomas de Z. declaró la inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557, sin costas.

La Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.H. dijo:

  1. El tribunal interviniente declaró -como cuestión previa- la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 12, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 -cláusulas adicionales primera, tercera y quinta- de la ley 24.557 y, a la vez, determinó su competencia para entender en las presentes actuaciones promovidas por D.A.B. contra "Clínica Boedo S.R.L.", reclamando -con fundamento en las normas del Código Civil- el pago de la indemnización integral de los daños y perjuicios provocados por la incapacidad laboral que denuncia padecer.

    Ela quoconsideró que las citadas normas quebrantan valores y principios de clara raigambre constitucional, y vulneran asimismo disposiciones expresas contenidas en Pactos y Convenios Internacionales de idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22).

  2. Contra la resolución de grado "Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo" dedujo recurso de inaplicabilidad de ley.

    En lo sustancial ensaya el recurrente la defensa del sistema especial implementado por la ley 24.557 sosteniendo que la declaración de inconstitucionalidad de las normas antes referenciadas -fundada en la invocación genérica de las garantías supuestamente vulneradas- ha sido emitida en abstracto, toda vez que no aparece demostrado el agravio que la aplicación de dicho régimen provocaría al actor.

  3. El recurso prospera parcialmente.

    1. Para dar respuesta negativa a la pretensión recursiva, en lo que respecta a la competencia del tribunala quo, remito a las consideraciones que he vertido al votar en la causa L. 75.708, "Q., sent. del 23-IV-2003. El temperamento allí seguido por lo demás, se ha visto corroborado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C. 2605 XXXVIII, "C., A.S.c.C.A.S." (sent. del 07-IX-2004). y en la cual concluí además, como derivado de la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557, que lo dispuesto por los arts. 21 y 22 del mismo ordenamiento -preceptos que se refieren a la intervención de las Comisiones Médicas- resulta inaplicable.

    2. En orden a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 corresponde decir que el tema ha sido resuelto por esta Corte al dictar sentencia en la causa L. 80.735, "Abaca", del 7-III-2005.

      En tal sentido, y sin perjuicio de remitirme -por razón de brevedad- a los términos y fundamentos que expuse al votar en dicha causa, integrando la mayoría, debo señalar que en la misma quedó establecido, como doctrina legal de este Tribunal fincada -en lo sustancial- en una adecuada interpretación de los principios y conclusiones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "., Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. del 21-IX-2004, publicado en La Ley, suplemento especial del 27-IX-2004), que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 pronunciada en la instancia de grado como cuestión previa, constituye un predicamento en abstracto.

      Ello así porque el órgano judicial de la instancia ordinaria, al resolver la cuestión constitucional prematuramente, con anterioridad a la apertura a prueba de las actuaciones, impidió que se acreditaran los presupuestos fácticos indispensables para la eventual procedencia de la acción civil intentada, y luego, sobre esa base, que se demostrara la virtual insuficiencia reparatoria de las prestaciones que correspondiere percibir al accionante de conformidad con la ley especial, presupuestos todosindispensablespara el control de constitucionalidad de la norma impugnada.

      En línea con lo señalado, la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 supone la comprobación, en el caso concreto, de la insuficiencia de las prestaciones previstas por dicha ley especial para reparar adecuadamente el daño sufrido por la víctima, y a tales fines, resulta indudable que el parámetro para llevarla a cabo, en una suerte de comparación o cotejo, lo constituye la extensión del resarcimiento al que la víctima accedería -en su caso- en el marco del régimen común de responsabilidad emergente por aplicación de las disposiciones del Código Civil.

      Consideraciones que hago extensivas al art. 49 cláusula adicional primera de la ley 24.557, modificatorio del art. 75 inc. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que la declaración sobre su inconstitucionalidad llevada a cabo por el tribunal de grado en esta etapa, resulta prematura.

    3. Asimismo, entiendo que en el estado actual de la litis la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12, 14 y 15 de la ley 24.557, efectuada por el juzgador de grado, resulta prematura. Al igual que lo decidido respecto del art. 6 del mismo cuerpo legal.

      Ello así, en tanto deban acreditarse previamente la o las afecciones reclamadas en la demanda, su naturaleza, origen y consecuencias para luego realizar el test de constitucionalidad de la citada norma respecto a los presupuestos que se hubieren llegado a verificar en orden al caso concreto.

      Por último considero que las disposiciones de los arts. 1, 2, 40 y 49 cláusulas adicionales 3º y 5º de la Ley de Riesgos del Trabajo, carecen de relevancia para la dilucidación del presente caso, resultando inoficioso lo decidido al respecto.

      En relación a la cláusula adicional tercera es de recordar, como lo he señalado, al votar, entre otras, la causa L. 75.398, sent. 21-XI-2001, que la misma tuvo operatividad entre la promulgación de la ley 24.557 (3-X-1995, B.O., 4-X-1995) y su entrada en vigencia plena (1-VII-1996, conf. decreto 659/96, B.O. 27-VI-1996). O lo que resulta igual: la norma bajo examen tuvo validez hasta el 1-VII-1996.

      E., en aquellos casos en que se demuestre que la incapacidad que se reclama ha...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR