Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 21 de Septiembre de 2017, expediente CAF 009310/2008/CA001

Fecha de Resolución21 de Septiembre de 2017
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 9310/2008 BELASCUAIN LUCIO ALBERTO Y OTRO c/ GCBA s/DAÑOS Y PERJUICIOS En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en autos “B.L.A. y otro c/ GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 892/903 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez de Cámara Doctor Pablo Gallegos Fedriani dice:

I.-Que por sentencia de fs. 892/903, la Sra.

Jueza de la anterior instancia hizo lugar a la demanda entablada por los Sres. L.A.B. y R.Z.Z., en su carácter de padres de G.A.B., muerto en el hecho ocurrido en el local bailable República Cromañon, el 30/12/2004.

Condenó concurrentemente al GCBA, al Estado Nacional Ministerio del Interior, a C.R.D., P.S.F., C.T.J., D.C., J.C., E.R.D., E.A.V. y D.M.A., a pagar las sumas que surjan de la liquidación a practicar en la etapa de ejecución de Sentencia, con costas.

II.-Que a fs. 905 apeló el GCBA y a fs. 909 el Estado Nacional- Ministerio del Interior.

Fecha de firma: 21/09/2017 Alta en sistema: 22/09/2017 Firmado por: G.F.T., J.F.A., P.G.F., #11053139#188972621#20170920134128489 A fs. 918/926 expresó agravios el GCBA y a fs. 927/950 hizo lo propio el GCBA, traslados que fueron contestados por la actora a fs. 952/966.

A fs. 968/969 dictaminó el Sr. Fiscal General y a fs 972/973 se suspendió el llamado de autos para Sentencia; y se ordenó

correr traslado por Secretaría a los terceros citados: P.S.F., J.C., E.R.D., E.V.. C.T., D.H.C., C.R.D., D.M.A. y C.V. de los agravios del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, los que habiendo sido notificados no contestaron los traslados.

Por ello, a fs. 976 se reanuda el llamado de autos para sentencia de fs. 971.

  1. Que se agravia en primer término el Estado Nacional de que el a quo no trató la defensa de falta de legitimación pasiva por lo que se afecta directamente la garantía del defensa en juicio y debido proceso, solicitando por ende la nulidad de la sentencia recurrida.

  2. Que a los fines de desestimar tal agravio no cabe sino remitirse a los claros términos del Sr. Fiscal a fs.

    968/969, a los que comparto en un todo. A mayor abundamiento decretar la nulidad por una cuestión procesal que ha sido salvado por el tratamiento de la cuestión de fondo implicaría un dispendio jurisdiccional que iría contra el principio de la tutela judicial efectiva.

  3. Que cabe poner en relieve que de todos los condenados, solo el Estado Nacional y el GCBA apelaron, en lo que respecto de los demás, la Sentencia recurrida ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

  4. Que superado el valladar procesal y aclara da la situación de quienes no recurrieron a la sentencia, corresponde entrar en el fondo de la cuestión

  5. Que en términos genéricos, la responsabilidad del Estado y su correspondiente deber de indemnizar puede resultar tanto de su actividad legal, como de su actividad ilícita y requiere Fecha de firma: 21/09/2017 Alta en sistema: 22/09/2017 Firmado por: G.F.T., J.F.A., P.G.F., #11053139#188972621#20170920134128489 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V para su procedencia la efectiva existencia de: a) un perjuicio, b) de una relación de causalidad -directa e inmediata- entre el daño alegado y la conducta estatal y c) una imputabilidad jurídica de los daños al Estado (conf. M.S.M.: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo IV, página 703 y siguientes).-

    El principio según el cual la garantía del patrimonio de los administrados queda cubierta -en principio- frente a toda posible lesión producto de la acción administrativa, no ha sido sin embargo, tarea fácil ni en nuestro propio derecho, ni en el panorama del Derecho Comparado. Muy por el contrario, la afirmación de un principio general de responsabilidad del Estado y de la Administración Pública ha exigido recorrer un largo camino cuyo término sólo ha podido vislumbrarse bien entrado el corriente siglo (conf. esta S. in re: “M., E.G. c/

    Estado Nacional (M° de Educ. y Just. S. de Just.) s/ juicios de conocimiento”, sentencia del 20-8-96).-

    Con relación a tales principios es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el ejercicio de funciones estatales no impide la responsabilidad del Estado en la medida que se prive a alguno de su propiedad o se lo lesione en sus atributos esenciales (conf.

    causa: “Rebesco, L.M. c/ Policía Federal Argentina (Estado Nacional-Ministerio del Interior) s /Daños y Perjuicios”, sentencia del 12-3-

    95).-

    En efecto, si bien en nuestro ordenamiento al tiempo de los acontecimientos acaecidos no había una norma específica que consagrase la responsabilidad estatal en forma explícita -con carácter genérico-, el fundamento jurídico reposa en la Ley Fundamental que garantiza la igualdad ante la ley (art. 16), la inviolabilidad del derecho de propiedad (arts. 14 y 17) y el afianzamiento de la justicia, y toda ofensa a tales derechos adquiridos y reconocidos aun por la actividad del propio Estado, origina la obligación de repararlos, sin que sea necesaria la existencia de una ley concreta que reconozca el derecho a la indemnización (conf. esta S. in re: “Urundel del Valle S.A. c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Varios”, sentencia del 22-6-98).-

    Fecha de firma: 21/09/2017 Alta en sistema: 22/09/2017 Firmado por: G.F.T., J.F.A., P.G.F., #11053139#188972621#20170920134128489 En tales condiciones ya no es más el ejercicio razonable de los poderes propios el tema que rige el principio de la reparación, lo que no significa que si se ha actuado con irrazonabilidad no se deban reparar los daños causados. Es decir, el Estado puede actuar razonablemente con sus poderes y deber una indemnización, cuando afecta un derecho adquirido de un particular. Ello no significa recoger la teoría de la especialidad del daño para deber la reparación sino centrar el enfoque en el perjuicio que se le ocasiona a un particular en sus derechos subjetivos, cuando el Estado ha actuado en beneficio de la comunidad. No significa que el daño sea especial en una sola persona, sino que, más bien, que una persona pueda acreditar que se le ha visto desconocido un derecho subjetivo (conf. P.A. (h) “El Problema de la Responsabilidad del Estado en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con Particular Referencia a la del Estado Legislador”, en “Revista Jurídica de Buenos Aires”- 1985, pág. 248).-

  6. Que resulta evidente que la responsabilidad que se atribuye al Estado Nacional en el caso sub examine no es la del supuesto conocido como actividad lícita, sino el principio general que viene del derecho francés de responsabilidad objetiva por faute de service.-

    En efecto, respecto de los acontecimientos de Cromañón surge de la causa penal que tanto el Estado Nacional como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tomaron los reparos mínimos para evitar los daños producidos.-

  7. Que se agravia el Estado Nacional de haber sido condenado cuando no ha sido demandada sino citada como tercero. En efecto conforme surge del escrito de inicio, los actores solo demandaron a la GCBA y esta fue la que citó al Estado Nacional-Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina (ver resolución de fs. 174 y vta).

    Tal pretensión del Estado Nacional debe ser desestimada desde que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, el tercero citado puede ser condenado como el principal demandado; ello con el fin de evitar futuras multiplicidades de procesos.

    Fecha de firma: 21/09/2017 Alta en sistema: 22/09/2017 Firmado por: G.F.T., J.F.A., P.G.F., #11053139#188972621#20170920134128489 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Máxime cuando, como en el caso de autos ha podido ejercer su derecho de defensa y ha sido parte en la causa penal.

  8. Que se agravia el Estado Nacional de la condena penal y de la aplicación al caso de autos.-

    Tal agravio no puede prosperar desde que la sentencia...

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