Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Noviembre de 2022, expediente L. 126600

PresidenteKogan-Soria-Torres-Genoud
Fecha de Resolución10 de Noviembre de 2022
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.600, "B., Alba Irene contra Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Reinstalación (Sumarisimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresK., S., T., G..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en esta ciudad, declaró su incompetencia de oficio y dispuso el archivo de las actuaciones, sin costas (v. resolución electrónica de fecha 29-X-2020).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2020).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal de trabajo se pronunció -de oficio- sobre su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones, iniciadas por la señora A.I.B. contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), en las que procuraba la declaración de nulidad del despido directo, la reinstalación en su puesto de trabajo, el cobro de haberes caídos, y la descalificación constitucional del art. 6 del decreto 761/20 (v. resolución electrónica de fecha 29-X-2020).

    Para así resolver, declaró que resulta competente para conocer en la causa la justicia federal, en razón de la persona demandada (conf. art. 116, Const. nac.).

    En ese sentido, señaló que la acción tenía por objeto hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de un organismo dependiente del Estado nacional y persona de derecho público no estatal (conf. art. 1, ley 19.032) y, por lo tanto, el asunto se encontraba aprehendido por el citado art. 116 en cuanto dispone que "...corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación [...] de los asuntos en que la Nación sea parte...".

    A su vez, destacó que la mencionada ley 19.032, por la que se creó el instituto demandado, en su art. 14 establece que estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias solamente en el caso de que fuera actor. En el mismo sentido, tuvo en consideración que el art. 38 de la ley 23.661 expresa que "...la ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos por la ley de obras sociales".

    En ese marco, concluyó que el adverbio "exclusivamente" de ambas normas no permite albergar dudas acerca de que tanto la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) como sus agentes están sometidos legalmente -por regla general- a la competencia federal, admitiéndose como única excepción, la de optar por la justicia ordinaria cuando son actoras.

    Adunó que la entidad demandada, al margen de su condición de organismo dependiente del Estado nacional, reviste el carácter de agente del Seguro de Salud, conforme surge de los arts. 6 y 14 de la ley 23.660, y asume en autos la calidad de entidad demandada. De manera que -juzgó- no se verifica en la especie la hipótesis que permita actuar la excepción prevista en el aludido precepto y autorice la exclusión de la competencia federal.

    Aclaró que no incidía en dicha definición el tipo de proceso urgente promovido, ya que ello no podía importar la alteración de las instituciones vigentes, ni modifica la jurisdicción otorgada a los magistrados, ni lo...

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