Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 23 de Junio de 2023, expediente CNT 004890/2020

Fecha de Resolución23 de Junio de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO.: 4890/20 (JUZGADO N° 38)

AUTOS: B.M.A. C/EXPERTA ART SA S/RECURSO LEY

27348

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. J.A.S. dijo:

  1. Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al recurso previsto en la ley 27348 y condenó a la aseguradora en los términos de la ley especial, se alza la vencida con su escrito que mereció réplica de la contraria. Asimismo, la aseguradora cuestiona la cuantía de los emolumentos fijados a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del perito médico por considerarlos elevados.

  2. Corresponde dar tratamiento en primer término al planteo de la parte actora de que el monto que intenta cuestionar la demandada en esta alzada no supera el límite de apelabilidad dispuesto en el art. 106 LO.

    En mi criterio, dada la naturaleza de los derechos en juego, los bienes jurídicos y valores cuestionados por la parte, la duración de la tramitación de la causa y las variables económicas vigentes durante el lapso que duró la contienda judicial justifican la apertura de esta instancia revisora.

    Así lo sostengo puesto que, como lo refieren en forma unánime todos los procesalistas de nota, la limitación a la apelabilidad de las decisiones judiciales en razón del monto se dirige esencialmente a evitar una nueva discusión en la Alzada respecto de procesos de poca envergadura, en el entendimiento de que es el interés económico comprometido el que los define como tal (ver Allocati, A. –dir-, P.,

    M.A. –coord. Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Ed. Astrea, Bs. As., 1999, T 2, pág. 349 y comentarios citas de la Dra. G.V. junto a G.M. en Ley 18345, Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo –Ley 24635- conciliación obligatoria previa- comentadas y concordadas por quienes las aplican”- que coordiné-, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2011, T

    II, pág. 152).

    Como se advierte, el criterio seguido por el legislador responde a Fecha de firma: 23/06/2023 un arbitrio que, aunque razonable en la mayoría de los casos, no puede predicarse con Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

    carácter absoluto puesto que la envergadura o naturaleza de la cuestión para la cual se requiere la intervención de una segunda instancia revisora no siempre depende del valor económico del juicio. Si bien reiterada y pacíficamente se ha sostenido que en principio los intereses- entendidos como fruto de la privación de un capital- no deben ser computados para establecer que el valor del litigio (ver, entre muchos otros, Guibourg,

    R. en “Procedimiento Laboral”, p. 333), no puede dejar de considerarse el grado de afectación de los derechos en juego y menos aún su naturaleza y eventual ponderación económica al tiempo de decidirse sobre la viabilidad formal del recurso cuando entre la exigibilidad del crédito y la decisión judicial a revisar han pasado más de 4 años (ver en tal sentido CSJN “P., G.c.S., Fallos 304:1543, citado por C.P. en su Ley 18345 de organización y procedimiento laboral anotada, comentada y concordada,

    4ta. Edición, D.G.L. jurídicos, 2010, pág. 281; ver también CSJN Fallos:

    302:1049, 310:190, 305:636).

    La limitación establecida en la norma en cuanto a la apelabilidad de las sentencias no vulnera garantías constitucionales y este ha sido el criterio sostenido por esta Cámara en un sinnúmero de oportunidades (ver, entre muchos otros, CNAT, esta Sala en su anterior integración –con voto del Dr. J.G.B.-, SD 92945 del 15/10/2004,

    Gira, E.N. c/Carrefour Argentina

    –expte. 16681/2002- y Sala III, 29/6/98,

    Madrid Fabiana c/Coto SA). Sin embargo, tanto el magistrado de grado como el tribunal de Alzada tienen la obligación de ponderar su viabilidad y, que al respecto le confiere el propio art. 106 de la L.O. en su párrafo final (ver también supuestos art. 108 L.O.) puesto que, como lo señalara el Máximo Tribunal in re “Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina c/Laboratorios Boehringer Ingelheim SA” (CSJN del 1/11/99, Fallos 322:2775) corresponde descalificar por ritualista el fallo de la Cámara que,

    por aplicación del art. 106 de la ley 18345 denegó la apertura de la instancia revisora ateniéndose al valor del litigio sin tomar en cuenta la índole de la controversia.

    En el caso, más allá de la suerte del planteo, lo cierto es que denegar el acceso a la instancia revisora sin tomar en cuenta la índole del reclamo, los derechos en juego y, computando el monto del reclamo a valores del año 2018, luciría una solución meramente formalista, por lo que sugiero dar tratamiento a los agravios formulados por la aseguradora.

    III.- Cuestiona la demandada la condena en su contra a reparar el daño psicológico (5%) informado por el perito médico. Sostiene que el mismo no puede ser indemnizado en el marco de un accidente in itinere pues, en todo caso, la reacción del sujeto afectado lo es con respecto a factores externos del trabajo, que nada tienen que ver con los daños físicos que el legislador puso a cargo de la ART, por la sola circunstancia de que el trabajador que se dirige a su empleo sufra una contingencia cubierta por la ley.

    Añade que la atribución genérica de dolencias psiquiátricas provocadas por el evento,

    cuyas características no fueron trágicas ni traumáticas, carece de entidad suficiente como Fecha de firma: 23/06/2023

    para comportar una alteración Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

    de la personalidad de la víctima, es decir, que consista en Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

    34626904#372773431#20230614103614266

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    SALA II

    una perturbación profunda del equilibrio emocional, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración al medio social. Indica que el perito en el informe médico dio cuenta de que la accionante conserva las facultades psíquicas superiores y una adecuada fortaleza yoica, la cual se torna completamente contradictoria con el porcentaje de incapacidad estimado, siendo excesiva y alejada de la realidad psicológica. Aduce que la actora inició la presente como recurso de revisión de resolución administrativa, y al iniciar el trámite administrativo no manifestó padecer secuelas psicológicas ni denunció las mismas ante su parte, resultando las mismas, entiende, un reclamo extemporáneo.

    Respecto a esta última cuestión, tal como expuse en varios precedentes (Exp. 25784/22 “D.E. del Carmen c/Experta ART SA s/recurso ley 27348” sent. del 11/5/2023 del registro de esta Sala entre otros), el trámite administrativo es escueto y de tipo formulario, por lo que el trabajador cuenta con un acotado margen para introducir un reclamo por incapacidad psicológica, por ende, si lo interpone en el curso, resulta suficiente para que sea considerado en la etapa judicial.

    Tampoco le asiste razón a la apelante en que no le corresponde reparar el daño en cuestión por tratarse de un accidente in itinere pues se trata de un supuesto previsto en el art. 6 ap. 1 LRT y, en caso de corresponder, deben repararse los daños sufridos tanto físicos como psíquicos.

    El accidente de autos ocurrió el 26/9/2018 cuando la actora iba camino al trabajo, tropezó en la calle y se lastimó el hombro, pierna y pecho del lado derecho.

    Ahora bien, más allá de la opinión del perito, la determinación del nexo causal es una facultad jurisdiccional y en el presente caso no advierto que de un infortunio de menor gravedad como el padecido, del que resultan secuelas físicas limitadas afortunadamente (8%), pueda derivarse un estado patológico como el mencionado en la evaluación psicológica (RVAN grado I/II). Como es sabido, de acuerdo a la teoría de la causa adecuada, teoría actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes y se reconoce como “causa adecuada” para ver determinado un nexo de causalidad relevante aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (conf. J.B.A., Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8vta. edición, Abeledo-

    Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263). Por su parte, D.P. coincide en que causa adecuada es aquella que, según el curso normal y ordinario de las cosas, resulta idónea para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo (L.D.P., Derecho de Daños, Editorial Civitas, Madrid, 2000, pág. 334).

    En ese marco, reitero, no advierto una posible relación causal ni concausal entre el infortunio o la secuela física y un eventual daño psicológico como el aceptado por el perito médico.

    Fecha de firma: 23/06/2023

    Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

    34626904#372773431#20230614103614266

    Por ende, voto por la modificación de la sentencia en este aspecto,

    lo que me lleva a proponer que se acoja la pretensión exclusivamente por el daño físico señalado por el perito médico (8%) más los factores de ponderación (0,96%).

    IV.- Dado lo propuesto deviene necesario recalcular el quantum indemnizatorio que en los términos del art. 14 ap.2 “a” LRT arroja la suma de $17.337,06

    (53 x $2.210,83 x 10,96% x 1,35) monto que resulta inferior al piso mínimo...

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