Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Junio de 2010, expediente 15.799/2006

Fecha de Resolución30 de Junio de 2010

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario SENTENCIA N° 94.745 CAUSA N° 15.799/2006 SALA IV

BASUALDO ALEJANDRO NICOLAS C/ CTI COMPAÑÍA DE

TELEFONOS DEL INTERIOR S.A. S/ DESPIDO

JUZGADO N°68

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE

JUNIO DE 2010, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor H.C.G. dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes actora y demandada y los Dres. A. y J. en los términos de sus respectivas USO OFICIAL

presentaciones de fs. 445-I/458 vta., 459/462 y 463.

La parte actora apela porque: a) se rechaza la indemnización del artículo 182 LCT a pesar de que – afirma – se ha acreditado que el actor comunicó que contraería matrimonio; b) no se considera que el actor haya sido beneficiario de una cochera y del servicio de teléfono móvil, pese a que – dice – se ha probado lo contrario; en consecuencia, solicita que dichos rubros sean considerados salario en especie; c) se aplica la doctrina del plenario “Tulosai” a pesar de que la considera equivocada en virtud de los argumentos que invoca y d) no se incluye pronunciamiento alguno sobre el carácter malicioso y temerario de la conducta procesal de la accionada.

Por su parte, la accionada se agravia porque: a) se admite la procedencia del bono anual proporcional a pesar de no haberse acreditado que el actor fuese acreedor a ese rubro; b) para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT no se considera el tope que dicha norma establece ni el criterio definido por la Corte Suprema en el fallo “V.”; c) se hace lugar a la indemnización del artículo 2º

de la ley 25323 a pesar de que ella puso la liquidación final oportunamente a disposición del actor y éste omitió concurrir a percibirla; d) se admite la procedencia de la indemnización del art. 80 LCT a pesar de que también puso el certificado de trabajo a disposición del accionante, sin que éste haya concurrido a retirarlo, a lo que agrega que el actor no ha cumplido el recaudo previsto por el artículo 3 del decreto 146/01; e) entiende que las costas han sido incorrectamente 1

Expte. N° 15.799/2006

impuestas y f) sostiene que los honorarios regulados a las representaciones letradas de las partes actora y demandada son elevados.

II) El primer agravio de la demandada no reúne los recaudos exigidos por el artículo 116, segundo párrafo, de la ley 18345, pues no controvierte el argumento central de la decisión que se cuestiona, es decir que no se ha probado que el despido del actor haya implicado un acto discriminatorio motivado en el hecho de que, días antes, aquél había contraído matrimonio. N., en este sentido, que la recurrente hace hincapié en que oportunamente el actor había comunicado a la demandada que contraería matrimonio, circunstancia que –

como el Juez de grado señala a fs. 441-I, último párrafo – no resultaría por sí

sola eficaz para acreditar la pretendida actitud discriminatoria.

Cabe señalar, en este sentido, que el único argumento fáctico dirigido a sustentar la conducta discriminatoria que se imputa a la demandada está

constituido por supuestos dichos de C.S., jefe del actor, que ni siquiera han sido reproducidos en la demanda (ver fs. 8) y menos aún probados en autos,

ya que la propia recurrente ha desistido de su testimonio (ver fs. 239 y 243).

La pretendida conducta obstruccionista que la quejosa imputa a la demandada en relación con la comparecencia de los testigos B., C. y B. (ver fs. 446 vta./447 vta.) tampoco puede favorecerla, ya que la demandada se limitó a señalar que dichos testigos trabajaban y tenían sus domicilios reales en la ciudad de Córdoba, donde sugirió que fuesen interrogados (fs. 194/vta.), lo que fue desestimado por el Juez de grado (fs. 226), quedando la parte actora, por lo tanto, habilitada a tomar las medidas que consideraba pertinentes para lograr la comparecencia de dichos testigos (que ella había ofrecido) para declarar en autos. No obstante ello, luego del resultado de la gestión llevada a cabo por la Policía Federal Argentina, que confirma lo que la demandada había informado previamente (ver fs. 293/307), la parte actora procedió a desistir de las declaraciones de esos testigos (fs. 347, pto.

I.B. y 348,

tercer párrafo), sin que se advierta la presencia de maniobras de la demandada tendientes a imposibilitar la producción de dichas testimoniales.

Finalmente, destaco que la decisión cuestionada se funda en la doctrina del fallo plenario que allí cita (Nº 272 dictado por esta Cámara el 23/03/90 en la causa “D., L.A. c/ Coselec SSCS s/ cobro de pesos”), al que la recurrente ni siquiera se refiere.

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario En virtud de lo expresado, corresponde declarar desierto el recurso de la parte actora en este punto.

II) En cambio, asiste razón a la parte actora en cuanto a que corresponde computar como salarial la entrega al actor, por parte de la demandada, de un teléfono móvil. La entrega de dicho beneficio no sólo se infiere de la declaración de Caceras (fs. 169/172, quien menciona que la accionada otorga a los gerentes (tanto el testigo como el actor lo eran) diferentes beneficios como “(…) bonus,

telefonía celular, cochera para auto de uso personal, tickets restaurant (…)

:

también surge de la prueba de libros. En efecto, de la respuesta al punto 4

propuesto por la parte actora surge que la línea telefónica 15-5418-3390 (la misma que se menciona en la demanda, ver fs. 6 vta., ante último párrafo) estuvo asignada al actor en virtud de su rango de gerente (ver fs. 56 del expediente Nº

63486/37 obrante en el anexo 3645, agregado por cuerda) y, si bien en la USO OFICIAL

demanda no se aclara si dicha línea tenía restricciones de uso, parece claro que estaba esencialmente destinada a ser utilizada para el cumplimiento de las funciones propias del actor. Esta circunstancia no determina la improcedencia del reclamo, sino que lleva a establecer como remuneratorio sólo la proporción del beneficio (uso gratuito de la línea telefónica) utilizada por el accionante con fines personales, ya que el empleo de esa herramienta para propósitos laborales no constituye sino el cumplimiento del deber de la empleadora a de proveer a sus dependientes los elementos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones que les asigna (arts. 64, 76 y concs. LCT), de modo que carecen – en esa proporción – de carácter remuneratorio.

En las condiciones expuestas, no acreditado que el uso del servicio en cuestión estuviese restringido a funciones laborales, cabe entender que fue utilizado por el actor sin limitación alguna (es decir para fines laborales y extra laborales). Por lo tanto, la disponibilidad del servicio telefónico en cuestión por parte del actor para fines personales y con el costo respectivo a cargo de...

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