Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 29 de Octubre de 2010, expediente 12.385

Fecha de Resolución29 de Octubre de 2010

Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 12385 -Sala IV–

BARRIENTOS, M.S. s/recurso de casación 2010-Año 2010-Año del B. REGISTRO N° 14.065.4

la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil diez, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor M.G.P. como P. y los doctores A.M.D.O. y G.M.H. como Vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara doctor M.G.C., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 340/344 vta. en la presente causa N.. 12385 del Registro de esta Sala, caratulado: “BARRIENTOS, M.S. s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Capital Federal, en la causa N.. 3297 de su Registro, con fecha 13 de abril de 2010, rechazó el recurso de reposición planteado en los términos del art.

    446 C.P.P.N., contra el punto dispositivo I de la resolución de fs. 329/30

    por la cual se revocó la suspensión del juicio a prueba oportunamente concedida a M.S.B. (fs. 334/335 vta).

  2. Que contra dicha resolución la señora Defensora Pública Oficial doctora C.L.M., asistiendo a la nombrada, interpuso recurso de casación (fs. 340/344 vta.), el que fue concedido a fs. 345/346 vta.

  3. Que bajo el supuesto del inc. 1º) y 2º) del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, la defensa solicitó que se deje sin efecto la sentencia recurrida y se mantenga la vigencia del beneficio de la suspen-sión del juicio a prueba hasta tanto se cumpla con lo dispuesto por el art. 515 C.P.P.N.

    Señaló que el decisorio no fue debidamente fundamentado,

    vulnerando lo normado por el art. 123 del C.P.P.N. solicitando la nulidad del mismo.

    Sostuvo que la resolución es recurrible a la luz de lo normado en el art. 457 del C.P.P.N. dado que se trata de un auto equiparable a sentencia definitiva en tanto deniega la extinción de la acción.

    Luego señaló que, con fecha 15 de octubre de 2009 el tribunal suspendió el proceso a prueba por dos años e impuso a B. el cumplimiento de reglas de conducta.

    Que el 1 de febrero del corriente se intimó a B. para que informe acerca del tratamiento de rehabilitación fijado como regla de conducta, no asistiendo la nombrada.

    Como consecuencia, se fijo la audiencia prevista por el art. 515

    del C.P.P.N., que tampoco se llevo a cabo por la incomparecencia de la imputada lo que provocó la revocación de la suspensión del proceso a prueba por el incumplimiento de las reglas de conducta; se revoque la excarcelación y la declaración de rebeldía mas la orden de captura. Es así

    como la defensa interpuso reposición a la revocatoria del beneficio la cual no tubo favorable acogida por el tribunal.

    Fundamentó sus agravios la defensa en que “ ...el derecho de mi asistida se vio afectado por el impedimento de la posibilidad de dar explicaciones respecto del “denominado” incumplimientos de las reglas impuestas...” (ver fs. 343).

    Afirmó que, de la lectura del art. 515 segundo párrafo del C.P.P.N., se advierte que el otorgamiento de la audiencia al imputado, no se trata de una “posibilidad”, como lo afirmó el tribunal, sino un acto Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 12385 -Sala IV–

    BARRIENTOS, M.S. s/recurso de casación 2010-Año 2010-Año del B. específico en el que se ejerce el derecho de defensa luego del cual el tribunal podrá resolver.

    Así resaltó, que “su asistida al verse privada de la posibilidad de explicar el incumplimiento vio afectada la posibilidad de poner fin al proceso por la vía por la que oportunamente había optado” (fs. 344 vta).

    Hizo reserva del caso federal.

  4. Que, luego de celebrada la audiencia prevista por el art.465

    bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según ley 26.374), de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores M.G.P., A.M.D.O. y G.M.H..

    El señor juez M.G.P. dijo:

    I.S. los requisitos objetivos y subjetivos de admisi-

    bilidad previstos en el ordenamiento ritual (art. 463 C.P.P.N.) en torno a la procedencia de este medio impugnaticio y, previo a responder los agravios introducidos por la defensa oficial de Barrientos, en cuanto el Tribunal resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba, formularé una breve reseña de los argumentos esgrimidos por el a quo en la decisión recurrida.

    El tribunal de grado inferior señaló que “...en reiteradas ocasiones se ha citado a la encartada a fin de que acredite el cumplimiento de la regla de conducta consignada en oportunidad de haberse concedido la suspensión del juicio a prueba...ante la incomparecencia reiterada e injustificada de Barrientos, se fijo la audiencia prevista según los normado por el articulo 515 del Código Procesal Penal de la Nación para el pasado día 26 de marzo del corriente años (cfr. Fs. 323), a la cual la nombrada debía concurrir bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de proceder a revocar la suspensión del juicio a prueba concedida... del informe remitido por la Policía Federal Argentina (cfr. Fs. 326/28) surge que la encartada B. no vive en el domicilio denunciado, desde hace seis meses a la fecha” (fs. 335).

  5. Ahora bien, a fin de mejor proceder, corresponde recordar brevemente las aristas del instituto que se incorpora a nuestro cuerpo de leyes a través de la ley 24.316, para expedirme acerca de la procedencia o no de los planteos defensistas.

    En efecto, corresponde señalar, tal como lo sostuve en los precedentes “CLAURE, L.I. s/recurso de casación” (Causa Nro.

    9839, rta. el 28/11/08, Reg. N.. 11.076, de esta Sala IV) y “VARAS

    PRADO, V.M. s/recurso de casación” (Causa Nro. 9873, rta. el 12/12/08, Reg. N.. 11.126, de esta S.I.) que a la hora de evaluar la pertinencia de dicho instituto procesal, no puede realizarse un análisis estricto y acotado sobre su procedencia, pues ello contrariaría el espíritu de su implementación como remedio procesal en nuestro derecho.

    Así, teniendo en cuenta que dentro de la tarea que nos compete a los magistrados se encuentra la de “comprender” al justiciable, es decir,

    analizar desde nuestro lugar los motivos y razones que lo llevaron a ingresar dentro de un proceso criminal, debemos tener particularmente en cuenta las medidas y herramientas que se encuentran a nuestro alcance para intentar evitar que se produzcan los efectos negativos que implica esa “judicia-

    lización”, los cuales, como es sabido, consisten en la estigmatización y exclusión del individuo.

    Al respecto, se ha dicho que “El instituto de la probation tiene como fin no estigmatizar a la persona y tratar de que esta persona Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 12385 -Sala IV–

    BARRIENTOS, M.S. s/recurso de casación 2010-Año 2010-Año del B. recapacite sobre el hecho que cometió [...], que repare el daño causado a la sociedad y que se sienta útil...” (M., A. -C., A.;

    La probation como medio alternativo de solución de conflictos

    ; en Suspensión del juicio a prueba. Perspectivas y Experiencias de la probation en la Argentina y en el mundo; P.R.D. -B.F.; 1era edición, Buenos Aires, D., 2003, p. 132).

    En la misma línea, el Prof. C.N. agregó que la institución tiene una variedad de objetivos, ya que “...tiende a dar una salida al atosigamiento de los Tribunales, permitiendo que la energía se utilice para las causas más graves y de mayor trascendencia; busca que el sistema de selección sea racional; procura resocializar a los imputados evitando la estigmatización de la condena que lejos de ayudar, obstaculiza,

    a la vez que tiende a respetar sus derechos y garantías; y apunta a dar una solución a la víctima...” (C.N., J.; “La reforma de la ley de suspensión del juicio a prueba” en Suspensión del juicio a prueba... pág.

    138).

    Por ello, en el convencimiento que la finalidad del proceso penal no es la mera aplicación de una pena, sino, antes bien, la resocialización e integración del sujeto dentro del sistema, entiendo que si este fin puede realizarse de alguna manera alternativa, evitando así los perjuicios mencionados precedentemente, ésta debe ser bienvenida.

    Las circunstancias antedichas me convencen en que, siempre que los aconcentimientos del caso particular lo permitan, debe prevalecer un criterio amplio respecto de la procedencia del instituto, a efectos de que los fines que llevaron al legislador a implementarlo en nuestro ordenamiento,

    no se vean vulnerados por la interposición de límites forma-les que la propia ley no...

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