Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 3 de Noviembre de 2022, expediente L. 125637

PresidenteKogan-Torres-Soria-Genoud
Fecha de Resolución 3 de Noviembre de 2022
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.637, "B., E.S. contra UATRE y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresK., T., S., G..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 673/686).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 28-X-2019).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por la señora E.S.B. contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), por la que procuraba el cobro de diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones; así como la percepción de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; las penalidades previstas por los arts. 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 8 y 15 de la ley 24.013; el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323; la sanción procesal del art. 53 ter de la ley 11.653 y la conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, ordenó a la entidad sindical accionada la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la ley 20.744 por el período 1999-2004 (v. sent., fs. 673/686).

    Para así decidir, juzgó acreditado que entre la actora y la UATRE existió una relación laboral -sin registración- desde el día 10 de junio de 1999 hasta el 1 de diciembre de 2004, fecha esta última en la que el aludido vínculo se extinguió por voluntad concurrente de las partes (art. 241, LCT), en virtud de la designación de la trabajadora como "colaboradora gremial" (v. sent., fs. 681 vta.).

    En ese orden de ideas, estableció que la vinculación entablada luego de ese período inicial y hasta el 15 de julio de 2014, obedeció a aquella función gremial que ejercía la accionante. A su vez, desestimó la existencia de hechos cometidos en fraude a la ley laboral por parte de la Unión codemandada, que evidenciaran que la prestación de la actora exorbitara ese cargo que ejerció y resultaran demostrativos de una relación jurídica que pudiera caracterizarse como laboral (v. sent., fs. cit.).

    Precisó que, si bien la prestación de servicios verificada en los autos guardaba aparente similitud con las condiciones fijadas en el contrato de trabajo, ambas diferían en cuanto a su causa. Así, en lo relativo a la primera, estableció que se trataba de "la cooperación con la entidad para el cumplimiento de los fines propios, generadas en la motivación que lleva el representante gremial, pero que excluye una relación de trabajo y es funcional". Siguiendo esa línea, juzgó que, en la especie, medió un acto formal de designación como "colaboradora gremial" respecto de la actora, el cual ejerció durante un lapso prolongado de tiempo (v. sent., fs. 681 vta. y 682).

    En ese entendimiento, no abonado el carácter de dependiente de la actora en los períodos demandados y, no habiendo requerido -en todo caso- la reincorporación a las tareas que alegó haber estado realizando (art. 48, ley 23.551) ni siendo emplazada a ello; consideró que el vínculo culminó por decisión del Secretario nacional de UATRE de dejar sin efecto la designación de la actora, de manera tal que consideró irrelevante e infundada la situación de despido indirecto en la que se colocó la accionante (v. sent., fs. 682 y vta.).

  2. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 28-X-2019), en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1 inc. "b", 7, 12, 14, 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.

    Inicialmente, aduce que la decisión en crisis resulta violatoria de la doctrina legal establecida por este Tribunal, en cuanto a que, admitido el hecho de la prestación de servicios por la accionada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en consecuencia, pesa sobre ella la carga de demostrar que la prestación reconocida obedeció a una causa ajena a un contrato de trabajo. A su vez que, en el supuesto de no hacerlo, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia (art. 23, LCT).

    Sostiene que el pronunciamiento resulta absurdo, no sólo por la irrazonable interpretación o valoración de la prueba, sino -sobre todo- por la "errada calificación de los hechos probados".

    En tal sentido, argumenta que al haberse acreditado que la accionante prestó servicios para la demandada desde el año 1999 hasta el año 2014, el sentenciante absurdamente enmarcó el caso en la figura de "colaboradora gremial", la cual -dice- "nada tiene que ver con las tareas desarrolladas por la actora", siendo que esta se desempeñaba exclusivamente como empleada administrativa desde el comienzo de la relación laboral.

    Agrega que no cabe analizar globalmente la situación de quienes, en calidad de "colaboradores" de un sindicato, perciben viáticos y gastos, ya que -alega- previamente debe considerarse cada supuesto en particular.

    Explica que el art. 58 inc. "j" del Estatuto de la UATRE faculta a su órgano directivo para designar -entre otros- a los colaboradores gremiales para cometidos sindicales que estime necesarios para el normal funcionamiento de la organización, incluso en lo correspondiente a las tareas de bocas de expendio de la propia obra social.

    En este marco -expone- el día 16 de junio de 2004, la demandada celebró un convenio con la Obra Social OSPRERA, por el cual esta encomendó a la UATRE la administración y atención de aquellas y, el sindicato -a su vez-, se comprometió a llevar a cabo este servicio a través de sus dirigentes gremiales (cumpliendo con su cometido sindical). Asimismo, mencionó que la Unión se obligó a liquidar a los encargados de esas tareas la compensación económica que en cada caso correspondiera, al pasar a hacer uso de licencia gremial automática en los términos del art. 48 de la ley 23.551, motivo de la suspensión de los efectos de sus contratos de trabajo con sus empleadores.

    Afirma que, con aparente apoyo en estas cláusulas, la accionada dictó la resolución 293/04, mediante la cual designó -a partir del día 1 de diciembre de 2004- a la señora B. como colaboradora gremial de la Seccional de C.P.. Añade que en la misma se le hizo saber que debía comunicar a su empleador que dejaría de prestar servicios y pasaría a gozar de licencia automática sin goce de haberes.

    En esa línea, expresa que -tal como se señala en el veredicto-, a fs. 141 obra la carta documento mediante la cual la actora puso en conocimiento de la UATRE "que ha procedido a notificar a su empleadora de la designación para desempeñar el cometido sindical" asignado, pero sin identificar quién revestía el carácter de empleador a esa fecha. Subraya que ello se debió a que la actora no tuvo ningún otro empleador que no fuera la mencionada Unión; a la par que -alega- tampoco medió licencia gremial alguna.

    Entiende que las declaraciones de los testigos -M., Casabone, P. y S.-, respaldaban la versión alegada por la trabajadora, en cuanto a las funciones administrativas que desempañaba en la boca de expendio de aquella localidad desde el mes de julio de 1.999 (manejo de documentación y atención de los afiliados de la obra social, otorgar bonos de consulta, entre otras), es decir -asevera- con anterioridad a su designación formal como colaboradora gremial en el año 2004.

    En suma, sostiene que la prueba rendida logró demostrar que, a esa época, "la trabajadora no tenía otro...

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