Sentencia de Cámara de lo Contencioso Administrativo - Santa Fe, 23 de Febrero de 2022

Presidente438/22
Fecha de Resolución23 de Febrero de 2022
EmisorCámara de lo Contencioso Administrativo - Santa Fe

A y S, tomo 75, pág. 379

En la ciudad de Santa Fe, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, se reunieron en acuerdo los señores Jueces de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, doctores L.D.D. y E.O.A., con la presidencia del titular doctor F.J.L., a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BARDAVID, D.O. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. C.C.A.1 n° 192, año 2015). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores L., D. y Aragón.

A la primera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor L. dijo:

I.1. El señor D.O.B. interpone recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se deje sin efecto el decreto 1299/15 dictado por el señor Gobernador, por el que se dispuso su cesantía.

Dice que deberán resarcirse los daños y perjuicios en relación con las consecuencias del "sumario administrativo que tramita" por el expediente a que refiere; con costas.

Relata que el mencionado procedimiento sumarial se inició a través de la resolución 2161/09 dictada por la entonces Directora Provincial de Vivienda y Urbanismo, basado en "desinteligencias administrativas y cambio de reglamentación interna de la oficina provincial, lo que provocó que [...] incurriera en incumplimiento de la presentación de certificación de servicios de su adscripción en el Congreso nacional, lo cual se complicó a raíz de la enfermedad que cursó".

Señala que fue suspendido preventivamente y "se le empezaron a retener los salarios (aunque los aportes se siguen haciendo hasta hoy)"; que apenas recuperó su salud solicitó el levantamiento de la suspensión, la asignación de tareas y el pago de su remuneración; nada de lo cual ocurrió.

Bajo el título "nulidad por prescripción del sumario", indica que el 6.3.2012 planteó la caducidad del sumario, sin obtener respuesta alguna; que el 5.11.2014 presentó una nota con el mismo objeto; que el 26.3.2015 inició medida cautelar autónoma ante esta Cámara (Expte. C.C.A.1 n° 75, año 2015), la que dispuso que la Administración resuelva -en el sentido que estime pertinente- el sumario administrativo (A. y S. T. 43, pág. 396); y que "sorpresivamente", luego de cinco años de desidia de la Administración, en fecha 19.5.2015 se dictó el decreto de cesantía.

Dice que más allá de lo absurdo e improcedente de la sanción con relación a la falta que se dice cometer, se está violando lo establecido por el artículo 57 -que transcribe- de la ley 8525.

Argumenta luego en torno al debido proceso "(algún proceso)" y al derecho a ejercer defensa, afirmando que no se permitió ninguna en este caso.

Al respecto, precisa que no se le corrió traslado; no se le notificó el instructor ni la posibilidad de producir pruebas; y que no tuvo oportunidad de conocer el expediente del sumario, "pero así, sin más, luego de 5 años, se dicta la cesantía".

En otro orden, considera que se evidencia la urgencia de la demandada por sancionar, y para intentar librarse de las consecuencias de haber mantenido a un agente "en vilo durante más de 5 años sin percibir sus haberes, suspendido, ni siquiera poder participar en su defensa en el expediente de sumario".

Agrega que con un dictamen del año 2012, se dictó el decreto 1299 tres años después, y cinco años desde el inicio del sumario, sin permitirle -insiste- ejercer su defensa al no correrse los pertinentes traslados.

Cita el precedente "K." de esta Cámara, y reitera que el sumario en cuestión tuvo inicio hace más de cinco años, "con lo cual la prescripción del mismo es la única salida"; que este Tribunal, con base en la jurisprudencia de la Corte local, "ha señalado reiteradamente que -sin perjuicio de las normas específicas como en el caso- el límite máximo de la instrucción sumarial es de dos años", ello "por analogía con la normativa procesal penal provincial"; y que la morosidad, pasividad y desinterés de la Administración en el trámite sumarial, "que no fue obstado de modo alguno por el agente, hacen caer el trámite por prescripción".

Entiende que convalidar un sumario tan extenso sería destruir el sistema de garantías administrativas y premiar la ineficiencia y desinterés de la Administración, "que podría tener [a] los sumarios como espadas de Damocles permanentemente sobre las cabezas de sus agentes"; y que no sólo que se sanciona al empleado con la apertura del sumario, traslado o suspensión y retención de haberes, sino también que se lo sanciona durante todo el proceso, el que "puede durar los años que la Administración perezosa desee[...]".

En cuanto a los rubros reclamados, señala que los salarios dejados de percibir "deben ser pagados desde el inicio del sumario, desde la 'suspensión sanción' que se le aplicó", "y a partir de que se omitiera el pago de sus haberes conforme corresponda".

Insiste en que corresponde anular el decreto 1299/15 por prolongación excesiva del sumario y declararlo prescripto.

Refiere a la razón de ser del sumario, el que -considera- se abrió claramente con el propósito de perjudicarlo, y con fundamento en la supuesta falta de presentación de los certificados médicos, por su tratamiento médico que por falta de dinero se vio obligado a interrumpir.

Añade que su enfermedad se prolongó y sus médicos debieron solicitar licencias reiteradas; y que "estos problemas mentales no fueron atendidos, como se debe, mediante Junta Médica Especial que le asegure un lugar de trabajo adecuado o la posibilidad de jubilarse por incapacidad".

Invoca la ley nacional 23.592 (sobre actos discriminatorios), el carácter alimentario del salario y el principio de enriquecimiento sin causa; menciona que se encuentra en tratamiento psicológico desde el año 2008 aproximadamente, interrumpido por la falta de ingresos; y refiere a distintas normas "que preservan los derechos de las personas con problemas de salud" y a la "jurisprudencia aplicable" (en particular, argumenta en torno a los precedentes "Á." y "P." de la Corte federal).

Luego de decir que deberá tenerse en cuenta la reparación de daños y perjuicios, detalla las normas constitucionales que estima vulneradas en el caso; adelanta prueba instrumental; formula reservas; y pide, en suma, se declare la procedencia del recurso, con costas.

2. Declarada la admisibilidad del recurso (f. 45/vto.), comparece la Provincia de Santa Fe (f. 55) y contesta la demanda (fs. 68/81).

Efectúa una detallada negativa; describe la pretensión que contesta; y opone la inadmisibilidad parcial del recurso con fundamento en que la pretensión relativa al aspecto económico (salarios caídos y daños y perjuicios), jamás fue introducida en sede administrativa.

En cuanto a la procedencia del recurso, refiere a la voluntad deliberada del actor de abstraerse del cumplimiento de sus funciones laborales; irregularidad esta que luego pretendió subsanar con la presentación tardía de certificados médicos particulares, omitiendo el procedimiento establecido en el decreto 1919/89, lo que constituye otra...

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