Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 24 de Octubre de 2011, expediente 45.984

Fecha de Resolución24 de Octubre de 2011

Poder Judicial de la Nación C.N° 45.984 “B., M.E. s/ prórroga de prisión preventiva”.

° °

J.. Fed. n° 3 - Secretaría n° 6

Expte. n° 7273/06

Reg. N° 1204

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la elevación dispuesta por el titular del J.ado Federal N° 3,

Secretaría N° 6 a los efectos de que esta S. efectúe el contralor, en los términos USO OFICIAL

del art. 1° de la ley 24.390, de la decisión de fs. 3/11 por medio de la cual se prorrogó en esta causa la prisión preventiva de M.E.B. por el plazo de un año, teniendo en cuenta que el vencimiento del término de dos años habría operado el 13 de julio de 2011 (arts. 311 y 332 del C.P.P.N, arts. 1°, 3 y 4

de la ley 24.390 -t.o. ley 25.430-; y arts. 316, segundo párrafo a contrario sensu,

317 y 319 del C.P.P.N.).

El representante del Ministerio Público Fiscal se había opuesto oportunamente a la liberación del imputado y requerido, en consecuencia, que la medida se prorrogara por un año. En este orden, se remitió

a lo dictaminado por el Procurador General de la Nación en el sentido de que cuando lo que se imputa es la comisión de delitos de lesa humanidad, cabe oponerse a la liberación del justiciable durante el proceso (causa n° 11381 “E.

Omar Alfonso” –S.C., E 199, L. XL

V- y causa n° 10.456 “G., J.–.,

L. XL

VI- de fecha 29/03/10).

El Sr. J. admitió esta pretensión y recordó, en primer lugar,

la doctrina de “Bramajo”, la cual estimó reproducida en precedentes de tribunales inferiores y reafirmada por la propia CSJN in re: “A.” (Fallos:

318:1877). Consideró así que el plazo del art. 1° de la ley 24.390 no operaba automáticamente, sino que debía ser analizado a la luz de criterios restrictivos,

que en el caso eran los siguientes: 1) la verificación de las circunstancias del art.

319 del C.P.P.N.; y 2) la complejidad de las actuaciones en el marco de la especial gravedad de los sucesos investigados en la causa.

En lo que se refiere al primer criterio, sostuvo que era factible presumir la concreta concurrencia de peligros para la consecución de los fines del proceso penal. Respecto del riesgo de fuga dijo que, si bien no resultaba automática la valoración de la gravedad de los hechos imputados para exceptuar la regla de la libertad antes de una eventual condena, la pena con la que aquellos se encontraban conminados, la naturaleza de los delitos atribuidos y el grado de presunción de culpabilidad del imputado, constituían pautas valorativas que debían ser sopesadas al momento de realizar la proyección a futuro de la posible conducta procesal de la persona enjuiciada.

En esta dirección, recordó que M.E.B. fue procesado con prisión preventiva en orden a nueve hechos calificados a la luz de la figura de privación de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos reiterados en la misma cantidad de ocasiones; que tales sucesos se le atribuían como autor; y que, sin perjuicio de la pena prevista en abstracto para tales delitos, no podían dejar de ponderarse las circunstancias en que se cometieron tales sucesos a la hora de evaluar la intensidad de afectación del bien jurídico subyacente. Consideró que, en consecuencia, podía inferirse que, de recaer condena, la determinación de la pena aplicable al imputado podría alejarse drásticamente de los mínimos legales.

En lo concerniente al peligro de entorpecimiento de las investigaciones, el J. sostuvo que resultaba aplicable la doctrina de esta S. in re: “R.” (c/n° 40.231, rta. el 3/6/07, reg. N° 505), por cuanto restaban dilucidarse circunstancias relativas a los hechos que damnificaron a cada una de las víctimas.

Respecto del criterio vinculado con la complejidad de las actuaciones, el Dr. Rafecas sostuvo que los sucesos por los que se persigue a B. comparten las características generales de aquellos perpetrados por la dictadura militar, en ejecución del plan clandestino de represión ilegal (descriptas en el marco de la causa N° 13/84 de este Tribunal). Esta modalidad de concreción de los hechos –tanto en lo que concierne al alejamiento de los mecanismos legales, como a la intencionalidad de eliminar todos aquellos Poder Judicial de la Nación posibles rastros que dejaran tales hechos- se dirigía a una finalidad ulterior:

lograr la impunidad de los autores. Por ello, este objetivo dificultó la tarea jurisdiccional y, de hecho, muchos de los acontecimientos que se le atribuyen a B. sólo obtuvieron una reconstrucción reciente, gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense en los cementerios emplazados en la jurisdicción del I Cuerpo del Ejército.

II.- La defensa de B. sostuvo que el mantenimiento de la detención cautelar del nombrado, más allá de los dos años estipulados en el art. 1° de la ley 24.390, devenía irrazonable y, por lo tanto, postuló la revocación de la prórroga dispuesta.

Primero argumentó que debía desecharse tanto la complejidad de la causa y una eventual actuación procesal dilatoria articulada por parte de la defensa que hubiese impedido el dictado de una sentencia en el tiempo USO OFICIAL

transcurrido, como motivos habilitantes de la extensión.

Segundo, criticó las presunciones realizadas por el a quo en relación con el eventual entorpecimiento de la investigación, por remontarse a cuestiones materiales que no podían ser atribuidas a B..

Por último, objetó el decisorio por la falta de consideración de la necesidad del encierro preventivo, pues se obvió todo análisis acerca de la adecuación de medidas de menor ingerencia para asegurar los fines del proceso.

Sin perjuicio de estos señalamientos, refirió que, en función de ciertos precedentes de los organismos internacionales encargados de interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, debía mudarse el viejo enfoque de interpretación de la ley 24.390.

En este sentido, requirió que la intelección se hiciera sobre el texto de la norma anterior a la reforma de la ley 25.430, por resultar más benigna que la sancionada con posterioridad a los hechos del proceso. Explicó que mientras aquella establecía como único motivo de oposición del Ministerio Público Fiscal, respecto de la liberación de la persona detenida preventivamente tras los dos años de encierro cautelar, la existencia de articulaciones dilatorias por parte de la defensa, la nueva ley agregaba la gravedad del delito atribuido o la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas por el art. 319 del C.P.P.N. Argumentó que aun cuando se negara el carácter material de la ley, lo cierto es que una norma que afecta la libertad ambulatoria debe encontrarse también dentro del ámbito de protección de la garantía en cuestión (citó, en apoyo de esta postura, el dictamen del PGN en Fallos: 331:472, así como doctrina relacionada con el punto).

En segundo lugar, dijo que la CIDH había establecido tres parámetros para evaluar la razonabilidad del plazo de detención preventiva de una persona: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, jurisprudencia que resulta afín a la redacción original de la ley 24.390 y que, por lo demás, ha sido relativizada en sentido restrictivo con posterioridad, especialmente a partir del informe 2/97 de la Comisión Interamericana.

En lo referido a la complejidad de la causa, descartó la factibilidad de que dentro de dicho marco pudiera pesar el tipo de delito o la pena establecida, por tratarse de cuestiones evaluadas al disponerse la prisión preventiva y ajenas al catálogo de excepciones de la regla general relativa al plazo de esa medida cautelar. La cantidad de delitos, en todo caso, habría de referirse a la complejidad de las actuaciones.

Para fundar la imposibilidad de aplicar la única excepción prevista por la ley 24.390, el defensor sostuvo que la investigación de los hechos imputados a B. no resultaba compleja, desde el momento en que las presentes actuaciones constituían un desprendimiento de la causa N° 13/84,

iniciada con holgada antelación a la detención de su defendido. Por lo demás, a partir del dictado de su procesamiento, no se registró actividad probatoria alguna que justificase la prórroga de su detención. Indicó que la dilación de la investigación se explicaba más por mora judicial que por la complejidad de las actuaciones o que por la actividad recursiva de su parte la cual, en todo caso,

debía ser aprehendida como la materialización de la garantía prevista por el art.

8, CADH.

Fundó su aproximación a la ley 24.390 en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativo al caso “P.B.”

(N° 12.553, informe N° 86/09, del 6/8/09) y en la sentencia de la Corte Interamericana recaída en “B.(. vs. Argentina, sentencia del 30/10/08).

Poder Judicial de la Nación Respecto del primer antecedente, subrayó la consideración de la Corte, en el sentido de que, a la hora de evaluar la razonabilidad de la detención preventiva en los términos del art. 7.5 de la Convención, debe descartarse toda estimación vinculada con la gravedad de los hechos atribuidos al justiciable. En segundo lugar, la defensa sostuvo que allí se estableció un parámetro según el cual no era posible mantener la prisión preventiva de una persona más allá del cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto en abstracto para el delito imputado y que toda extensión tras ese límite conllevaba una presunción de irrazonabilidad. Indicó que B. ya había cumplido en prisión preventiva esos dos tercios a los que alude el antecedente.

Por último, cuestionó la afirmación de la concurrencia de peligros procesales.

III.- La decisión del J. de primera instancia de prorrogar la USO OFICIAL

prisión preventiva por el plazo de un año en los términos del art. 1° de la ley 24.390 será homologada por las siguientes razones, de acuerdo con lo resuelto por esta S. en otras oportunidades (cfr. c.n° 45.620 “S., reg. 677, rta.

el 23/06/11 y c.n° 45.621 “Cámara”, reg. n° 678, rta. el...

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