'La banda de la llorona' fue condenada y sus autos de lujo serán subastados

Una de las condenadas lloraba y gritaba con euforia; sus ruegos de misericordia retumbaron en la planta baja de tribunales. En el fondo de la sala se levantó una mujer, esposa de uno de los acusados, miró a los tres jueces y sin vacilar soltó: "No tienen corazón. La maldición de la gitana les va a llegar".

Así, entre llantos, ruegos y gritos, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 16 porteño leyó ayer el veredicto en el juicio a una banda acusada de haber protagonizado al menos ocho secuestros virtuales en 2014. Siete personas, la mayoría integrantes de la comunidad gitana, recibieron penas de entre tres años de prisión en suspenso y ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo, culpables del delito de extorsión.

La organización desbaratada en mayo de 2014 por la División Antisecuestros de la Policía Federal fue bautizada entonces como "La banda de la llorona", porque para engañar a sus víctimas simulaban el llanto de la supuesta persona cautiva. Fue una novedosa modalidad que azotó a la Capital, al conurbano y a otras ciudades del resto del país.

Según la investigación judicial y policial expuesta en el debate, hubo secuestros virtuales en Recoleta, Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Chacarita y Flores.

Pablo Miguel Traico recibió una pena de 8 años de prisión; Alejandra Papadopoulos, una de cinco años y medio, aunque como le unificaron la pena con otra condena previa deberá estar en la cárcel 14 años; Pablo Traico, 7 años; Yeni Karina Traico, seis y medio; Lorena Papadopoulos, cinco años y seis meses; Edgar Benítez Iglesia, cuatro años, y Romina del Carmen Miguel, tres años.

Además de condenar a los siete acusados, los camaristas Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari ordenaron decomisar y subastar los autos de lujo secuestrados a los sospechosos durante los operativos.

El 13 de mayo del año pasado, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dio una conferencia de prensa para hablar del caso y mostró Mercedes-Benz, Audi y Toyota que los acusados habrían adquirido con el botín de los secuestros virtuales.

También ordenaron extraer testimonios para investigar a familiares de los condenados y giraron parte del expediente a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que haga una pesquisa que determine si hubo en el caso lavado de dinero.

El fiscal del juicio fue Fernando Fiszer. En su alegato sostuvo que, con la prueba producida en el debate, se podía acreditar que los acusados...