Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 22 de Septiembre de 2016 (caso BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO)

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2016
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV
 
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Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2657/2016 BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016.

VISTO

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, a fs. 56/62, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó

    parcialmente la resolución 1859/06 en cuanto a la exigencia tributaria, y declaró que la actora adeudaba el importe nominal de $10.850, respecto del DIT 2522/91, con más la suma de $30.680,18 en concepto de intereses calculados al 2/7/15, sin perjuicio de los que se devenguen hasta la fecha del efectivo pago.

    Distribuyó las costas conforme a los vencimientos, estimándolos en un 34% a cargo de la actora y en un 66% a cargo del fisco.

    Por último, reguló los honorarios correspondientes a la representación letrada de ambas partes.

    Para resolver como lo hizo, en lo que aquí interesa, entendió

    ajustada a derecho la condena en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, y el consecuente reclamo tributario formulado al banco garante de la importadora, porque no se pudo acreditar la regularización en tiempo y forma de la mercadería introducida en forma temporal mediante el aludido DIT.

    Sin embargo, revocó de oficio el importe liquidado en concepto de derecho adicional, con remisión a lo resuelto por el Máximo Tribunal en las causas “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ ANA” e “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/08/13.

  2. ) Que, contra dicha resolución, a fs. 75 y 79/87 el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación, que se concedió a fs. 76 y fue contestado a fs. 89/92.

    Fecha de firma: 22/09/2016 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #28032006#162694491#20160921172705978 Se agravia haciendo alusiones genéricas respecto a la cobertura de la garantía y, puntualmente, cuestiona la revocación del derecho adicional. Entiende que el reclamo por tal concepto fue consentido por la contraria, y que el Tribunal Fiscal no pudo tratar la cuestión en detrimento de la pretensión fiscal.

  3. ) Que, a fs. 108, se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público a fin de que se expidiera sobre la competencia judicial en estos autos y, a fs. 109/111, obra el dictamen del señor F. General que, en sustancia, sugiere que el presente conflicto debe ser dilucidado por esta Cámara pues, más allá de la concurrencia respecto de las partes de los presupuestos en que se apoya el régimen de la ley 19.983, ambos intervinientes consintieron la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación y, encontrándose en juego la validez de la sentencia de ese tribunal administrativo, razones de índole constitucional (art. 109, CN) imponen que su revisión sea efectuada a través de la intervención del Poder Judicial de la Nación.

  4. ) Que, en primer término, corresponde examinar si en el sub lite se configura un “caso”, “causa” o “controversia” cuya resolución compete al Poder Judicial o si, en atención a la materia y a los sujetos entre los cuales se suscita el conflicto, este último debe resolverse por aplicación del régimen que prevé la ley 19.983 y su decreto reglamentario.

    En esa misma línea, cabe tener presente que la existencia de un “caso” o “causa”, en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, es un presupuesto jurisdiccional cuyo esclarecimiento y resolución corresponde que se realice aún de oficio.

    La doctrina que surge de los precedentes del Alto Tribunal enseña que los casos o controversias contenciosos, a los que se refieren esos preceptos constitucionales, son aquéllos en los que se persigue, en concreto, la determinación del derecho o prerrogativa debatidos entre partes adversas ante la existencia de una lesión actual o, al menos, una amenaza inminente a dicho derecho o prerrogativa (Fallos: 321:1352; 322:528, entre muchos otros). De ahí que dicho requisito –por ser de carácter jurisdiccional– es comprobable de oficio y su ausencia o desaparición Fecha de firma: 22/09/2016 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE...

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