Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 2 de Agosto de 2016, expediente COM 082898/2000

Fecha de Resolución 2 de Agosto de 2016
EmisorCamara Comercial - Sala D

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial SALA D En Buenos Aires, a 2 de agosto de 2016, se reúnen los Señores Jueces de la S. D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “BANCO EXTRADER S.A. S/ QUIEBRA C/ CONCA, J.L. Y OTRO S/ ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD”, registro n° 82.898/2000, procedente del JUZGADO N° 12 del fuero (SECRETARIA N° 24), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, D.:

D., H., V..

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor H. dijo:

  1. ) La presente causa fue sorteada al juez J.J.D. para que la votara en primer lugar (art. 268 del Código Procesal).

    El citado magistrado se acogió a los beneficios de la jubilación, sin haber pronunciado su voto.

    En esas condiciones, habiéndose producido una situación de vacancia, el suscripto asume el dictado de la primera ponencia de conformidad con lo previsto en el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

  2. ) La sindicatura designada en el juicio de quiebra de Banco Extrader S.A. promovió la presente demanda contra los señores J.L.C. y José

    Miguel M. a quienes, atribuyéndole la condición de apoderados de la entidad fallida, les imputó dolo o infracción a normas inderogables por haber disminuido la responsabilidad patrimonial de esta última al haber celebrado Fecha de firma: 02/08/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22052870#157769485#20160802115544952 contratos cancelatorios de créditos “…sin haber respetado los procedimientos normativos y no haber informado, ingresado ni registrado las operaciones por la suma de $ 5.415.691,29…” (fs. 13/16 y 18).

    El señor J.L.C. se presentó en autos oponiendo las excepciones de cosa juzgada y prescripción (fs. 277/279) y contestando la demanda (fs.

    295/296). Las referidas excepciones fueron oportunamente rechazadas (fs. 379).

    De su lado, el Ministerio Público de la Defensa asumió la representación del señor J.M.M. haciendo reserva de contestar la demanda en forma definitiva después de producirse la prueba (fs. 371), extremo que finalmente concretó a fs. 462/463, oportunidad en que solicitó su rechazo.

  3. ) La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, con costas, por entender que la sindicatura actora no había acreditado el dolo referido por el art. 173 de la ley 24.522 (fs. 482/490).

    La decisión fue apelada por la sindicatura actora (fs. 496).

    Informado en autos el fallecimiento del codemandado J.L.C. (fs. 510 y 517), se presentaron a estar a derecho sus herederos (fs. 578/579). El Defensor de Menores asumió la representación promiscua de uno de ellos (fs.

    604).

    El órgano sindical expresó los agravios que resultan del escrito de fs.

    622/626, el cual fue resistido a fs. 630/632 (herederos de J.L.C., 641/642 (Defensor de Menores en representación de F.C., y 643/644 (Ministerio Público de la Defensa en representación de J.M.M..

    La Fiscalía General ante la Cámara dictaminó aconsejando la confirmación del pronunciamiento recurrido (fs. 656/657).

  4. ) En la causa “Banco Extrader S.A s/ quiebra c/ Terrado, J.A. y otro s/ ordinario”, sentencia del 22/10/2013, esta S. examinó la responsabilidad concursal de los integrantes del directorio del citado banco desde la perspectiva del art. 173 y concordantes de la ley 24.522.

    La misma perspectiva normativa adoptó la sentencia apelada.

    Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión, impulsado por los agravios de la sindicatura y por la debida ponderación del momento en que se produjeron Fecha de firma: 02/08/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22052870#157769485#20160802115544952 los hechos, permite llegar a la conclusión que, en rigor, la norma aplicable no puede ser otra que la del art. 166 y sgtes. de la ley 19.551.

    Lo explico.

    Más allá de toda discusión que se pudiera dar acerca del tipo de responsabilidad que pretende hacer efectiva la acción responsabilizatoria “concursal” cuando se dirige contra administradores societarios u otros sujetos a los que se les imputa una indebida gestión patrimonial societaria (tal lo que se hizo en fs. 13/16 y 18), lo cierto es que cuando se ponen en tela de juicio actos que han facilitado, permitido, agravado, prolongado o disminuido la responsabilidad patrimonial de la fallida o su insolvencia, se produce una conducta antinormativa que, en su esencia, como en tantas otras situaciones del mundo jurídico, no es más que un acto ilícito en sentido objetivo (conf. A., H., El incumplimiento considerado en sí propio (enfoque objetivo del ilícito civil), Buenos Aires, 1963, ps. 14/15 y 22/23).

    Pues bien, partiendo de la base de que la acción de responsabilidad “concursal” es, en última instancia, una acción de responsabilidad por actos ilícitos, lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil y/o art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, lleva a aplicar en el sub lite la ley 19.551 tal como fue solicitado en la demanda y reiterado por la sindicatura al alegar, ponderando que los contratos cancelatorios de crédito que, según se pretende, provocaron el daño patrimonial de la fallida fueron suscriptos por los demandados el 21/12/1994 (fs.

    15 y 472 vta./473), esto es, antes de que entrar en vigencia la ley 24.522, lo que ocurrió el 1/8/1995 según es sabido.

    En efecto, ya antes de la reforma introducida al Código Civil de 1869 por la ley 17.711, la doctrina interpretativa de su art. 3 se había ocupado de señalar que las obligación legales que derivan del contrato, del cuasicontrato, de los delitos o de los cuasidelitos, debe quedar regida por la ley en vigor a la época en que se han producido los hechos litigiosos (conf. B., E., Código Civil Anotado, Buenos Aires, 1944, t. I, p. 31, n° 111 y p. 34, n° 141).

    De su lado, la sanción de la ley 17.711 no modificó ese criterio general sino que, por el contrario, lo afirmó especialmente en materia de actos o hechos Fecha de firma: 02/08/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22052870#157769485#20160802115544952 ilícitos siguiendo la opinión del jurisconsulto francés P.R., en quien se inspiró la Comisión Redactora de esa ley.

    Como lo recuerda B., de acuerdo al régimen del reformado art. 3 del Código Civil, los hechos ilícitos se rigen, en lo que atañe a sus efectos y consecuencias, por la ley del momento que ocurrieron; solución que se justifica, dice el autor citado, porque como lo hizo notar R., la acción derivada de un hecho ilícito nace el mismo día y no está en curso de desarrollo cuando adviene el cambio legislativo (conf. B., G., La reforma de 1968 al Código Civil, Buenos Aires, 1971, p. 54, n° 27, “a”).

    En rigor, el citado autor francés lo explica con las siguientes palabras que nos permitimos traducir y reproducir: “…la ley que fija las condiciones de la responsabilidad civil es la del día del acto ilícito. Es importante a esos efectos que la causa de la responsabilidad resida en un hecho propiamente dicho (acto de violencia), o en una omisión reprochable (negligencia, imprudencia). No tiene importancia que la responsabilidad del daño causado fuese imputada al autor directo del daño, o por vía de presunción legal a otras personas. En todos los casos, es la ley del día en que el daño se causó la que fija las condiciones de la responsabilidad civil, siendo ella la que dirá si una obligación ha nacido, o no, a favor de la víctima del daño, y la carga que esa obligación trae. Es igualmente dicha ley la que fija el derecho de reparación y los límites del crédito. El quantum de la indemnización debida a la víctima será determinado según la ley del día del acto, y las respectivas disposiciones de esa ley serán las que, por ejemplo, (…) distinguirán la culpabilidad más o menos grave del autor para fijar la reparación, y ello será así aunque una ley posterior, en vigor al día del proceso, hubiera modificado las disposiciones de la ley precedente…” (conf. R., P., Les conflicts de lois dans le temps, L.R.S., París, 1933, t. II, ps.

    4/5, n° 76. En igual sentido: R., P. Le droit transitoire – Conflits des lois dans le temps, É.D., Paris, 2008, ps. 188/189, n° 42).

    De la misma opinión fue L., quien enseñó que la comisión del hecho ilícito hace adquirir al damnificado el derecho a la reparación del daño resarcible bajo la ley...

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