Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Noviembre de 2017, expediente L. 114957

Presidente:Genoud-Kogan-Soria-Pettigiani-de Lázzari-Negri
Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2017
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUMEN

La ley provincial 14.399 se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y cctes.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación, y por tal razón debe ser declarada inconstitucional e inaplicable al caso.

 
EXTRACTO GRATUITO

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de noviembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., K., S., P., de L., N., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 114.957, "Balverdi, J.M. y otro contra Consolidar ART S.A. Enfermedad Profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, admitió parcialmente la demanda interpuesta, imponiendo las costas a cargo de la accionada (v. fs. 284/301 vta.).

Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/340 vta.).

Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia de la ley 14.399 (v. fs. 351 y vta.) y el Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 356), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la acción deducida por los señores H.F.P. y J.M.B. contra Consolidar ART S.A., en cuanto pretendían -con fundamento en la ley 24.557- el resarcimiento de la incapacidad parcial y permanente que padecen.

    Para así decidir, de modo preliminar, juzgó probado que los señores P. y B. ingresaron a trabajar al servicio subordinado de la firma Casport S.A. el 16 de junio de 2003 y el 14 de agosto de ese año, respectivamente, habiéndose extinguido el vínculo el 31 de octubre de 2004 (v. vered., fs. 284 vta.). También que la empleadora suscribió con Consolidar ART S.A. un contrato de afiliación de riesgos del trabajo que incluía a los actores.

    Con relación a las afecciones incapacitantes que alegaron padecer, ela quoestimó acreditado que H.F.P. sufre hipoacusia perceptiva bilateral y lumbociatalgia por espodilolistesis lumbar, estableciendo que la incapacidad que le causa la primera -5,59%- es imputable al trabajo, mientras que la provocada por la segunda -15%- sólo es atribuible al mismo en forma parcial -en el orden del 7%- dado que el restante -8%- obedece a factores propios o congénitos del trabajador. Asimismo, si bien reputó probado que padece de gastritis y úlcera de estómago con presencia de helicobacter de pílori, juzgó no evidenciado que tuviese vínculo causal con el trabajo.

    Respecto del señor B. determinó que sufre hipoacusia perceptiva bilateral, lumbociatalgia y cruralgia por espondiloartrosis lumbar y discopatía, las que -al igual que P.- le generan minusvalía, la primera del 0,39% imputable al trabajo y la segunda del 15%, de los cuales el 10 % obedece a las tareas cumplidas y 5% a factores propios. Acerca de las restantes dolencias que lo afectan consistentes en: gastritis y contaminación con helicobacter de pílori, insuficiencia respiratoria o EPOC y micosis leves en ambos pies y regiones inguinales, ela quoconsideró que no se verificó nexo causal con el trabajo de las dos mencionadas en primer término y con relación a la última sostuvo que no le ocasiona incapacidad (v. vered., fs. 286 vta. y 287).

    En función de ello, tuvo por probado -por aplicación del método de la capacidad restante- que los actores padecen incapacidad parcial y permanente del orden del 12,2% -Palacios- y 10,39% -Balverdi- de la total obrera, al igual que para el desempeño de sus funciones, meritando en ambos casos los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96 (v. vered., fs. 286 vta. y 287; sent., fs. 295 vta.).

    De acuerdo a los apuntados porcentajes y lo manifestado por el perito médico respecto de la posibilidad de acceder a otros empleos, declaró que no correspondía la recalificación prevista en el art. 20 apartado 1.d de la ley 24.557 y rechazó el reclamo del adicional de pago único instrumentado en el art. 11 inc. 4, apartado "b" de dicho régimen (v. sent., fs. 297).

    Asimismo, con sostén en el dictamen pericial contable, ela quoestimó comprobado que los accionantes revistaban en la categoría de "Gango-Guinchero" según el convenio de SUPA y, acerca de la remuneración que percibían, en tanto juzgó no verificado que aquéllos cobrasen sumas en negro, se atuvo a las informadas por la perito contadora, concluyendo que el ingreso mensual base del señor P. se encontraba representado en la suma de $1.517,57, mientras que el del señor B., en $1.066,13 (vered. fs. 285; sent. fs. 295).

    En consecuencia, condenó a la aseguradora al pago de $16.784 para el señor P. y $7.787 para el señor B., según la previsión contenida en el art. 14, apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.

    Por otra parte, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 10 de la ley 23.928 modificados por la ley 25.561, acatando en ese sentido la doctrina legal que emana del precedente "Fernández" (causa L. 85.591, sent. de 18-VII-2007) en cuanto esta Corte hubo de reconocer la validez constitucional de las mencionadas normas (v. sent., fs. 296 y vta.). Dispuso, igualmente, que el capital reconocido devengue intereses, desde la fecha de la primera manifestación invalidante (31 de octubre de 2004), conforme a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent. fs. 296 vta. y 297).

  2. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/340 vta.), en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 6, 11, 12 y 15 de la ley 24.557 y sus decretos reglamentarios 658/96 y 659/96; 34 inc. 4 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; 7, 8 y 9 de la ley 23.298, modificados por la ley 25.561; 12 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina que cita.

    De la presentación se extraen los siguientes agravios:

    II.1. Controvierte las conclusiones arribadas por el tribunal interviniente en cuanto se pronunció por la inexistencia de nexo causal con el medio ambiente laboral de las afecciones atribuidas a la manipulación de agentes contaminantes -fertilizantes-, a la vez que se desconforma con los porcentajes de incapacidad que se declararon imputables al trabajo. Sobre el particular:

    II.1.a. En lo concerniente a la vinculación causal, aduce que ela quoincurrió en absurdo, dado que soslayó la valoración de pruebas esenciales, entre las que indica la experticia técnica y las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia oral, las cuales -en su opinión- demostraron acabadamente dicho nexo.

    Así, sostiene que la primera resultó contundente atento que a fs. 202 vta. el perito transcribió el contenido de las hojas de seguridad provistas por la empleadora relativa a los productos a los que se encontraban expuestos los trabajadores y los inconvenientes que generaban y a fs. 204 manifestó que la utilización de fertilizantes puede producir las dolencias que portan los accionantes.

    Con relación a la prueba testimonial, señala que los declarantes fueron contestes sobre las tareas que cumplían los actores y que se hallaban expuestos a una nube de polvo en forma permanente, la cual les ocasionaba problemas en la piel, gástricos y respiratorios. Además, dieron cuenta que los trabajadores portuarios padecen en la actualidad dolores de espalda y cintura.

    En ese orden, reprocha al sentenciante que prescindió de ponderar la prueba en su conjunto y basó la decisión únicamente en las conclusiones del perito médico, quien descartó la existencia de nexo causal de la afección gástrica con el trabajo pese a que en ningún momento pudo explicar cuáles eran las consecuencias nocivas del contacto con los fertilizantes que manipulaban los actores.

    Asevera que un análisis coherente de la ley 24.557 permite concluir que cualquier sustancia irritativa de las vías respiratorias que produzca alteración espirométrica obstructiva crónica, es resarcible.

    En esa línea, alega que las definiciones arribadas por el perito médico debieron ser desechadas, toda vez que se acreditaron en elsub litelos presupuestos que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo para que se considere como enfermedad profesional a las patologías que padecen los accionantes. Ello así, pues -a su parecer- se verifica la existencia de agentes de riesgo (sustancias altamente contaminantes descriptas por el perito técnico); que el trabajador presente un determinado cuadro clínico (las afecciones denunciadas se corresponden con las detalladas por el perito técnico como provocadas por los elementos manipulados por aquéllos), que se constate exposición y actividad en capacidad de determinar la enfermedad profesional (extremo que se comprueba en la especie pues los actores laboraban extensas jornadas en contacto con fertilizantes; v. rec., fs. 319 vta.).

    II.1.b. En cuanto a la patología columnaria que portan ambos trabajadores, cuestiona el porcentaje de incapacidad que ela quoatribuyó a factores congénitos.

    Respecto del señor P., aduce errada la definición del perito médico afincada en que la espondilolistesis obedece a causas laborales y también congénitas, pues -en su opinión- sólo puede tener uno u otro origen. Añade que si revestía carácter congénito se la podía detectar en el examen preocupacional y, en tanto la demandada no lo agregó a la causa, no existe ningún elemento que indique que el actor ingresó con esa afección, razón por la que procede imputarla íntegramente al trabajo (v. rec., 317 vta. y 318).

    Con referencia al señor B., reputa subjetiva y carente de respaldo legal alguno la evaluación realizada por el perito médico, atento que -por un lado- al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA