Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Junio de 2020, expediente FMZ 028356/2018/CA001

Fecha de Resolución22 de Junio de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

Mendoza,

VISTOS:

Los presentes nº FMZ 28356/2018/CA1, caratulados:

BALMACEDA, MARIO NILO c/ ANSeS s/ Medida Cautelar Autónoma

, venidos a esta Sala “A”, del Juzgado Federal de San Juan, en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 33-40 contra el interlocutorio de fs. 24-27, que resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el actor, en los términos del art. 204 del CPCCN,

ordenando a la ANSeS a que proceda al pago del beneficio previsional suspendido,

hasta tanto se resuelva en definitiva.”

Y CONSIDERANDO:

1- Que contra el auto de fs. 24/27 la Dr. J.A.Z.S.,

por la demandada deduce recurso de apelación, por considerar que el mismo causa gravamen irreparable a su representada.

Se queja de que se ha dictado una medida cautelar sin antes solicitar a la autoridad pública el informe previo establecido en el art. 4 de la ley nacional nº 26.854.

Sostiene que la cautelar decretada viola lo dispuesto en el último párrafo del art. 195 del CPCCN.

Advierte que, el Tribunal calificó de medida de no innovar a una providencia que resulta ser una tutela anticipatoria de la providencia de mérito,

constituyendo una clara satisfacción del objeto de la pretensión incoada.

Manifiesta que se viola el debido proceso adjetivo, al ordenar el pago de un beneficio que se encuentra cuestionado por medio de una medida cautelar innovativa.

Alega la ausencia de verosimilitud en el derecho y de la ilegitimidad, aduciendo que de las actuaciones administrativas se desprende que su mandante ha actuado conforme a los artículos 49 y 50 de la ley 24.241.

Destaca que la cautelar dictada acarrea gravedad institucional ya que, lo decidido, excede el interés de las partes.

Fecha de firma: 22/06/2020

Alta en sistema: 26/06/2020

Firmado por: CLARA M.C., SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

Por último, se agravia por la insuficiencia de la contracautela.

Reserva el caso federal.

  1. - Ingresando en los hechos acaecidos, recordemos que el actor fue sometido a la Comisión Médica N° 26 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con fecha 23/07/2012, en razón de haber iniciado un trámite jubilatorio por invalidez. Dicha Comisión estableció un grado de incapacidad laboral del 71,84 %,

    padeciendo –según dicha resolución administrativa médica- discopatía múltiple DLS

    inoperable con afectación neurológica en ambos miembros inferiores con movilidad conservada contra resistencia mínima, limitación funcional de columna cervical 12%,

    neurosis depresiva grado II y

    1. C., que de conformidad a lo dispuesto por la ley 24.241 y el Decreto N° 478/98 reúne las condiciones médicas exigidas para obtener el beneficio solicitado de RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ.

  2. - Posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2017, la misma Comisión Médica N° 26 determina una incapacidad laboral del 11.25 %. Es decir, la incapacidad laboral se redujo un 80% aprox. Como fundamento de la patología se establece una limitación funcional de mano derecha y limitación funcional de rodilla izquierda y derecha, y como factores complementarios, la edad y el nivel educativo.

    Concluye que la incapacidad laborativa NO reúne las condiciones exigidas en el inc.

    a) del art. 48 de la ley 24.241 para acceder al Beneficio de Retiro Definitivo por Invalidez.

  3. - Con fecha 22/12/2017, el accionante apela el dictamen de la Comisión Médica N° 26, considerando que el mismo es arbitrario ya que se encuentra absolutamente incapacitado para trabajar. A la fecha de esta resolución no se ha resuelto por parte de la Comisión Médica Central la apelación que se denuncia.

  4. - Ingresando en los agravios del recurrente, en cuanto sostiene que se ha violado el interés público en cuanto el A quo dictó una medida cautelar sin solicitar a la Autoridad Pública el informe previo establecido en el art. 4° de la ley 26.854. Entendemos que el reclamo es improcedente, por las siguientes razones.

    Fecha de firma: 22/06/2020

    Alta en sistema: 26/06/2020

    Firmado por: CLARA M.C., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    Hasta la sanción de la ley 26.854 (promulgada el 29/4/2013) todo lo referido al dictado de medidas cautelares, en el marco de las causas en que era parte el Estado Nacional y sus entes descentralizados venía rigiéndose analógicamente por las disposiciones contenidas en el art. 195 y ss. del CPCCN. En este aspecto Colombo y K., sostienen que se entendía que las medidas cautelares contra la administración pública conllevan un conflicto con el Estado donde se enfrentan los intereses distintos: uno, es titular del interés privado, otro, en cambio,

    es el Estado, a través de un órgano actuante en el ejercicio de la función administrativa, que representa intereses públicos, generales. La Administración Pública goza de una situación particular, que tiene incidencia en el dictado de medidas precautorias en general. El encauzamiento del Estado en el litigio debe...

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