Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 19 de Junio de 2020, expediente FMZ 024034087/2007/CA001

Fecha de Resolución19 de Junio de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

En la ciudad de Mendoza, a los 19 días del mes de junio de dos mil veinte,

reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Sala “A” de la Excelentísima Cámara

Federal de Apelaciones de Mendoza, D.. M.A.P., Juan Ignacio

Pérez Curci y G.E.C. de Dios, procedieron a resolver en

definitiva estos autos FMZ 24034087/2007/CA1 caratulados: “BALMACEDA

JESUS JORGE Y OT. C/ TELEFÓNICA, OT. Y OTRO S/ PROCESO DE

CONOCIMIENTO ORDINARIOS”, venidos del Juzgado Federal Nº2 de

Mendoza, a esta Sala “A”, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs.

507, 508 y 511, contra la sentencia de fs. 481/506, por la que se resuelve: “1º)

RECHAZAR las excepciones de falta de litispendencia y legitimación sustancial

activa y pasiva interpuestas por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad

Social, el Ministerio de Economía y Telefónica de Argentina S.A. al contestar

demanda. 2º) HACER LUGAR a la excepción de prescripción interpuesta por el

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y

Telefónica de Argentina S.A. al contestar demanda y, en consecuencia, DECLARAR

PRESCRIPTO el reclamo correspondiente a los montos devengados en los diez (10)

años anteriores a la promoción de la demanda. 3º) HACER LUGAR a la demanda

deducida por J.J.B., M.A.C., Abdon

Benigno CORREA, A. DE LA TORRE, D.E.O., Adolfo

Orlando GIMENEZ, J.C.L., S.d.R.M. y Santos

Rodolfo ORTIZ y, en consecuencia, DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 4

del decreto 395/92. 4º) CONDENAR a Telefónica de Argentina S.A. a abonar a cada

uno de los actores en concepto de capital la suma que se determine en la etapa de

ejecución de sentencia, con la intervención de la perito contadora designada en la

causa, siguiendo las pautas establecidas en el considerando XI y XII. Asimismo, al

Estado Nacional a pagar los intereses del capital de condena que se determinen en

la etapa de ejecución de sentencia, con la intervención de la perito contadora

designada en la causa, siguiendo también las pautas establecidas en los

considerandos XI y

XIII. 5º) IMPONER las costas por su orden (art. 68, segundo

párrafo, del CPCCN). 6º) REGULAR los honorarios profesionales de la

representación letrada de la parte actora y de las codemandadas Telefónica de

Argentina S.A. y Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Ministerio de Trabajo

Fecha de firma: 19/06/2020

Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: G.E.C. DE DIOS, J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

Empleo y Seguridad Social, en el 15%, 12% y 12%, respectivamente para los

patrocinantes, y en el 35% calculados sobre esos montos para los apoderados, en

caso de corresponder; y para la perito contadora, en el 8%. DIFERIR la

determinación numérica para la epata procesal oportuna. CÓPIESE Y

NOTIFÍQUESE.”

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia de fs. 481/506?

De conformidad con lo establecido en los artículos 268 y 271 del

CPCCN y los artículos 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a

establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Vocalías N° 3, 2 y 1.

Sobre la cuestión propuesta el Sr. J. de Cámara Dr. Manuel

Alberto Pizarro dijo:

  1. Que contra la sentencia de fs. 481/506, cuya parte dispositiva ha sido

    transcripta supra, interponen recurso de apelación las demandadas. A fs. 507, el Dr.

    Q.M. en representación de Telefónica Argentina S.A.; a fs. 508, el Dr.

    D’ Amico por el Estado Nacional, Ministerio de Economía y Producción; y a fs.

    511, el D.R.R.C. por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

    Social. Todos concedidos en forma libre y con efecto suspensivo (v. fs. 509 y 512).

  2. Que a fs. 520/525 vta. se presenta la Dra. B.P. y expresa

    agravios en representación del Estado Nacional, Ministerio de Economía.

    Solicita se revoque la sentencia de primera instancia por cuanto,

    entiende, causa un grave perjuicio a su mandante. Alude a que el Sr. J. a quo ha

    omitido considerar que la ley 23.696 fue dictada en un marco de emergencia

    administrativa y que delegó amplias facultades en el P.E.N., quedando éste habilitado

    para reglar las condiciones de cada uno de los programas de propiedad participada,

    en caso de haberse implementado.

    Manifiesta que con el dictado de la ley se buscó que la participación

    estatal en la economía fuera subsidiaria y que se dejara de lado el intervencionismo

    estatal, contemplándose la transferencia de la participación a los empleados.

    Destaca que los programas de propiedad participada son de carácter

    facultativo, circunstancia que arguye no fue tenida en cuenta por el sentenciante.

    Fecha de firma: 19/06/2020

    Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: G.E.C. DE DIOS, J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    Agrega que el Poder Legislativo delega en el Poder Ejecutivo Nacional

    la facultad de reglamentar todas aquellas materias necesarias para la implementación

    del plan que, expresa, abarca la puesta en funcionamiento del Acuerdo General de

    Transferencia, el Convenio de Sindicalización de Acciones y el Contrato de

    F., de modo que con la sanción de la ley 23.696 no se conforma la

    totalidad de la normativa de los programas de propiedad participada.

    Ilustra que los sujetos adherentes son empleados, usuarios y

    proveedores y que, además de ser facultativos, estos programas son onerosos, de

    modo que las acciones transmitidas por el Estado mediante su instrumentación deben

    ser abonadas por los adquirentes en un número de anualidades y del modo que se

    establezca en el Acuerdo General de Transferencia. Así, afirma que la relación es

    entre Estado Nacional (vendedor) y empleados (compradores).

    Refiere que la inclusión en los programas de participación no es

    automática sino que es necesaria la manifestación de la voluntad de adhesión a los

    mismos con la consiguiente suscripción al Acuerdo General de Transferencia y el

    Convenio de Sindicalización de Acciones.

    Se queja por cuanto entiende que el a quo ha incurrido en un error

    interpretativo del D.. 395/92, puesto que interpreta que el art. 29 de la ley 23.696

    establece la obligación de emitir bonos de participación en ganancias para el personal

    según lo establecido en el art. 230 de la Ley 19.550 (LSC) y no advierte que, si el

    estatuto de la sociedad no contempla la posibilidad de emitir tales bonos, dicha

    obligación (dispuesta de modo operativo) cae.

    Indica que el juez de grado declara la inconstitucionalidad del decreto

    395/92 basándose en un fallo, carente de explicación y sin considerar los

    fundamentos de su representada.

    Arguye que no puede entenderse inconstitucional la facultad del Poder

    Ejecutivo Nacional de reglamentar una ley, que no se ha vulnerado arbitrariamente

    derecho alguno, dado que la norma delega la facultad a la empresa privada a quien le

    corresponde la última decisión. Afirma que tampoco existe derecho adquirido de los

    actores, toda vez que la ley 23.696 requiere reglamentación y no es operativa.

    En cuanto a las facultades de la Administración Pública por la

    delegación legislativa al P.E.N., señala que la potestad del Estado no nace de una

    relación jurídica sino del propio ordenamiento jurídico, teniendo un objeto genérico

    Fecha de firma: 19/06/2020

    Firmado por: J.I.P.C., J. de Cámara Firmado por: G.E.C. DE DIOS, J. de Cámara Firmado por: M.A.P., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIO CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    que no consiste en una prestación individual. Añade que dicha potestad también

    genera situaciones de sujeción a sufrir los efectos jurídicos que de ella emanan, como

    lo son las obligaciones que crea para otros sujetos.

    En este orden, asegura que el Poder Ejecutivo Nacional no obra

    ilegítimamente, toda vez que la potestad reglamentaria es una de las especies que

    componen la potestad del Estado, consistente en el poder de la administración de

    emitir actos de alcance general que instituyen situaciones generales, objetivas y

    obligatorias. De este modo, la ley 23.696 estableció pautas mínimas que el Poder

    Ejecutivo debía cumplimentar delegándole una amplia competencia para encarar los

    procesos privatizadores.

    Expone que los actores no han demostrado el perjuicio económico

    (daño) causado por el Estado y afirma que, para declarar responsable a su mandante

    debe existir una obligación objetiva de realizar determinada acción o cumplir

    determinada conducta en la especie lo que, entiende, resulta absolutamente

    descartado en razón de haber dictado, el Estado Nacional, la normativa reglamentaria

    a la que fue facultado. Conforme a ello, invoca la aplicación analógica del art. 1074

    del Código Civil, que se refiere a la responsabilidad por omisión, que sólo tiene lugar

    cuando la ley impone la obligación de cumplir el hecho omitido.

    Po último, apunta que en el ámbito de responsabilidad estatal por

    omisión, esta debe consistir en la omisión de un deber u obligación legal que

    configure un obrar antijurídico para ser resarcible. Para que se configure tal

    responsabilidad, deben concurrir los siguientes elementos: 1) Daño (cierto, posible,

    individualizado, no eventual, que exceda la carga común de un ciudadano o requiera

    un sacrificio especial en el reclamante); 2) Antijuridicidad; 3) Imputabilidad

    material; 4) Imputabilidad objetiva y 5) Relación de Causalidad entre el acto omitido

    y el daño al particular. Con lo cual, concluye, que la ausencia de prueba concreta de

    alguno de ellos invalida la pretensión resarcitoria.

    Por todo ello, solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

  3. A fs. 526/539vta. expresa agravios el Dr. R.G.C. por el

    Estado Nacional, Ministerio de Producción y Trabajo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba