Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 7 de Marzo de 2023, expediente COM 031894/2019/CA003

Fecha de Resolución 7 de Marzo de 2023
EmisorCamara Comercial - Sala C

Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA C

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de dos mil veintitrés,

reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “BAJAROFF, N.V. c/ CONSEJO

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE

BS. AS. s/ ORDINARIO” (expediente n° 31894/2019; juzg. Nº 9, sec. Nº

18), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: D.J.V. (9) y E.M. (7).

Firman los doctores E.R.M. y J.V. por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la señora juez J.V. dijo:

  1. La sentencia.

    1. En la sentencia apelada se hizo parcialmente lugar a la acción entablada por N.V.B. contra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de obtener el cumplimiento del contrato individualizado en el escrito inaugural, más los daños y perjuicios que la actora alegó haber sufrido.

    2. Para así decidir, el juez de grado entendió aplicable al caso el plazo genérico de prescripción de 5 años del art. 2560 CCyC, por lo que rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada.

    Fecha de firma: 07/03/2023

    Alta en sistema: 08/03/2023

    Firmado por: R.F.B., SECRETARIO DE CÁMARA

    Firmado por: J.V.,BAJAROFF, N.V. c/ CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ORDINARIO Expediente N°

    JUEZ DE CAMARA 31894/2019

    Firmado por: E.R.M., VOCAL

    Tras ello juzgó que el aumento practicado por la demandada por razones de rango etario era inadmisible puesto que, aunque la nombrada se había reservado la facultad de hacerlo, no había justificado que el temperamento encontrara adecuado sustento en la variación de costos de las prestaciones requeridas por el afiliado.

    De otro lado, consideró que los demás aumentos generales no habían contado con autorización de la autoridad de contralor, tal como había surgido del peritaje contable, sin perjuicio de que, además, la accionada había incumplido el deber de información previsto en el art. 4 LDC.

    Hizo entonces lugar a la devolución reclamada en el monto que habría de ser determinado pericialmente y juzgó procedente la indemnización por daño moral que fijó en el importe de $100.000 a la fecha de la sentencia.

    Rechazó, en cambio, el daño punitivo por considerar que no había habido una conducta displicente que justificara la multa y por haberse resuelto el caso por aplicación de los principios a los que se acude frente a cuestiones dudosas que favorecen al consumidor.

  2. Los recursos.

    1. La sentencia fue apelada por ambas partes, que presentaron agravios que fueron debidamente respondidos en ambos casos.

      La Señora Fiscal ante la Cámara presentó su dictamen a fs. 344.

    2. La actora se queja del importe establecido para la indemnización por daño moral por considerarlo bajo, sosteniendo que, si bien ese monto fue el pretendido en la demanda, el reclamo se interpuso “con más costas e Fecha de firma: 07/03/2023

      Alta en sistema: 08/03/2023

      Firmado por: R.F.B., SECRETARIO DE CÁMARA

      Firmado por: J.V., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: E.R.M., VOCAL

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      intereses”, lo que permite fijar dicha indemnización a valores actuales y superar aquella cifra, que fue reclamada a valores históricos.

      Aduce que esa cifra es insuficiente a la luz de los padecimientos que sufrió, poniendo de resalto que se vio expuesta a perder la cobertura de salud que tenía contratada y que se atrasó en los pagos por los excesivos aumentos,

      por lo que la demandada, además, la hizo figurar como deudora frente a la entidad que nuclea a los profesionales de la que forma parte.

      Critica, asimismo, que no se hayan otorgado intereses al rubro y solicita que tales intereses se apliquen desde el evento dañoso.

      Finalmente, se agravia del rechazo del daño punitivo.

    3. De su lado, la demandada sostiene que la prescripción no hubiera debido ser juzgada a la luz del artículo 2560 CCyC, sino del artículo 2562 por tratarse de obligaciones que vencen mensualmente y por haberse pretendido la revisión del acto jurídico que dispuso los aumentos.

      En relación al incremento por rango etario, primero critica que el sentenciante haya entendido inaplicable el Decreto 66/2019 por ser de fecha posterior a los aumentos, señalando que ese razonamiento implica afirmar que el Decreto 1993/2011 eliminó la potestad que consagra el art. 17 de la Ley 26.682.

      Además, sostiene que ella no debía probar la variación de costos por no ser una exigencia legal y alega que, sin perjuicio de ello, el punto había sido acreditado en el peritaje técnico -respuesta al punto 4- en el que quedó de manifiesto el desequilibrio financiero del sistema de salud de SIMECO, que Fecha de firma: 07/03/2023

      Alta en sistema: 08/03/2023

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      Firmado por: E.R.M., VOCAL

      justificó el aumento introducido en el año 2017.

      Explica que, tras el silencio guardado por autoridad de contralor frente a su requerimiento de efectuar el aumento, debió optar entre no aumentar las tarifas -y sumir a SIMECO en un quebranto económico- o bien proceder al aumento sin autorización expresa y arriesgarse a la aplicación de sanciones posteriores, decidiendo actuar en este último sentido por estar encuadrado en el estado de necesidad previsto en el art. 1718 inc. c) CCyC.

      En otro orden de ideas, critica el reconocimiento de la indemnización por daño moral afirmando que su conducta encontró justificación en el permiso legal mencionado, por lo que no puede ser generadora de responsabilidad alguna al no ser antijurídica, sin perjuicio de que, además, la actora no probó haber sufrido afectación sobre interés extrapatrimonial alguno.

      Finalmente, se queja de la imposición de costas por no haber ocurrido objetivamente una derrota, en tanto se aplicó incorrectamente el derecho al caso.

  3. La solución.

    1. Como surge de la reseña que antecede, se reclamó en autos que la demandada fuera condenada a dejar sin efecto los aumentos que había aplicado a la cobertura de salud que presta a la actora y le restituyera las sumas indebidamente percibidas.

      Varios de los hechos que conforman la plataforma fáctica del litigio se encuentran reconocidos.

      Así, no es hecho controvertido que las partes se vincularon por medio Fecha de firma: 07/03/2023

      Alta en sistema: 08/03/2023

      Firmado por: R.F.B., SECRETARIO DE CÁMARA

      Firmado por: J.V., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: E.R.M., VOCAL

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      del aludido contrato a partir del año 2009.

      Tampoco discutido se encuentra que los aumentos cuestionados obedecieron a los conceptos de “generales” y “mayor edad”.

      En lo que ahora interesa, igualmente reconocido se encuentra que esos aumentos fueron aplicados -y percibidos- a partir del año 2017, así como que el decreto cuya aplicación pretende la demandada fue emitido en el año 2019.

      En ese marco, la cuestión ha quedado circunscripta a dilucidar si el reclamo se encuentra prescripto y, eventualmente, si los aumentos dispuestos son legítimos.

    2. Un orden de precedencia lógico exige que, antes de ingresar en la cuestión de fondo, me ocupe de tratar lo vinculado a la aludida prescripción de la acción opuesta por la apelante.

      A mi juicio, no asiste razón a la quejosa.

      El citado art. 2560 establece, es verdad, una norma general, pero que tiene esa particularidad: está llamada a regir la generalidad de las relaciones de consumo, lo cual revela la intención legislativa de integrarla al sistema respectivo y, por ser esa su materia, desplazar a toda otra norma que le sea ajena.

      Así resulta del art. 3 de la ley 24.240, en cuanto dispone que esa ley se integra con otras normas generales o especiales que también regulen relaciones de consumo, mandando al intérprete efectuar esa integración de modo tal que cualquier duda conduzca a hacer prevalecer la solución más favorable al consumidor.

      Fecha de firma: 07/03/2023

      Alta en sistema: 08/03/2023

      Firmado por: R.F.B., SECRETARIO DE CÁMARA

      Firmado por: J.V.,BAJAROFF, N.V. c/ CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ORDINARIO Expediente N°

      JUEZ DE CAMARA 31894/2019

      Firmado por: E.R.M., VOCAL

      En tales condiciones, si se acepta que la derogación del plazo de prescripción previsto en el art. 50 LDC dio paso a la aplicación del art. 2.560

      CCCN, forzoso es concluir que esta es la norma que se ocupa del asunto cuando nos hallamos ante acciones derivadas del derecho del consumo.

      Esa norma pasó, entonces, a ser una de esas “...normas generales ...aplicables a las relaciones de consumo...” que se hallan previstas en el citado art. 3.

      Vale recordar que, por vía de la previsión contenida en ese artículo -dotada de inequívoco contenido dogmático y dispositivo-, el legislador ha establecido cuáles son las normas que integran el microsistema que regula esta materia; normas que, en lo que aquí interesa, derivan de fuentes diversas, de las cuales algunas son estables –v. gr. esa misma ley 24.240- y otras cambiantes.

      El art. 3 recepta, así, que la realidad normativa no sólo puede cambiar,

      sino que puede no ser una sola, por lo que el sistema no se cierra; y, previendo los cambios resultantes del dinamismo legislativo y la posibilidad de concurrencia entre normas, establece los mecanismos a seguir para dilucidar qué normas deberán también considerarse integrantes de tal sistema.

      Comienza, así, por remitir a todas aquellas generales o...

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