Para bajarles costos a las empresas, el Gobierno impulsa una reforma laboral

La primera dosis del paquete para transformar el mercado laboral estaba lista desde hacía dos semanas. Un proyecto para cambiar la ley, de 1991, de regularización del empleo no registrado se lanzaría con la modificación del sistema de riesgos del trabajo. Ambos tienen la misma misión: reducirles el costo laboral a las empresas sin tocar los salarios de los trabajadores. Pero, en un contexto de endurecimiento de las relaciones con la , el Gobierno dio marcha atrás con el decreto de las ART (llamó a extraordinarias) y frenó los cambios en la ley 24.013.

Sin embargo, el oficialismo -con consenso y gradualmente- tiene decidido empujar su reforma con la intención de mejorar la competitividad de las compañías.

En momentos en que la industria no logra contener la sangría del empleo, el oficialismo gradúa sus iniciativas. Es que no sólo pretende terminar con la industria del juicio en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, sino que avanza en la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.

Todos estos temas pasarán por la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción, en la que se sienta el triunvirato de la CGT, el empresariado y el Gobierno. Desde el sindicalismo confirmaron que el oficialismo ya llevó algunas de esas medidas a las negociaciones pero estiman que en la actualidad la prioridad es que se cumpla con el llamado pacto antidespidos y con las negociaciones paritarias para este año.

"Estamos trabajando en un paquete con la CGT", confirmaron cerca del ministro de Trabajo, , envuelto esta semana en una dura confrontación con el gremio de los bancarios. Allí ratificaron que están también trabajando en una iniciativa para reformar la ley de regularización del trabajo no registrado. "En la CGT son resistentes", explicaron en la cartera laboral.

La idea oficial es que las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional. En este último punto, aún no está cerrado el debate.

La intención del Gobierno es "fusilar el...