Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 10 de Febrero de 2020, expediente CNT 001848/2015/CA001

Fecha de Resolución10 de Febrero de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA NRO. CAUSA NRO. 1848/2015/CA1

AUTOS: “BAIGORRIA, K.E. C/ ATENTO ARGENTINA SA Y OTRO S/

DESPIDO”

JUZGADO NRO. 52 SALA I

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de 2020, reunida la S. Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. G.A.V. dijo:

  1. La sentencia de fs. 255/263 arriba apelada por las partes a tenor de los memoriales recursivos de fs. 265/266 (actora), fs. 274/284 (demandada Atento Argentina SA) y fs. 289/294

    (codemandada Prisma Medios de Pago SA). Las réplicas a los agravios se encuentran agregadas a fs. 296 vta. y fs. 297/298.

  2. En autos, el accionante demandó a Atento Argentina SA y a Visa Argentina SA

    (ahora Prisma Medios de Pago SA) a fin de obtener el cobro de los créditos derivados de la ruptura de la relación de empleo que lo unió con la primera. En el caso de la restante coaccionada, fundó la solidaridad de la misma en lo previsto por el art. 30 LCT. El anterior sentenciante, examinó las pruebas producidas y concluyó que la desvinculación ocurrió por decisión de la parte empresaria. Sin haberse comprobado que la comunicación rescisoria cumpliera con los recaudos del art. 243 LCT ni probada la causal invocada para despedir; la acción tendiente a la cancelación de los conceptos derivados de una ruptura intempestiva fueron receptados en el fallo. Además, se planteó la existencia de diferencias salariales por errónea categorización. La accionante demandó se le reconozca su desempeño en la categoría “administrativo B” CCT 130/75 cuando en la empresa revistió la categoría de “administrativo A” y peticionó la cancelación de las sumas de dinero devengadas por su desempeño en jornada completa. La valoración de la prueba de testigos y el análisis de las normas invocadas al demandar (arts. 92 y 198 LCT) derivaron en la conclusión del anterior juzgador del derecho que le asistió a la accionante a las pretensiones que dedujo por las diferencias salariales motivadas en las circunstancias antes referidas. En síntesis, la condena se integró por los conceptos que se individualizaron en la liquidación obrante a fs. 261/262,

    monto que se decidió acrecentar con la adición de intereses. Los efectos de la sentencia se proyectaron sobre la coaccionada Prisma Medios de Pago SA, por considerar aplicable el sistema de solidaridad que contempla el art. 30 LCT. Las costas procesales resultaron impuestas a cargo de las demandadas (art. 68 CPCCN).

  3. La parte actora apela el tramo de la sentencia que le resultó desfavorable y se queja frente al rechazo de la sanción que peticionó con fundamento en el art. 1 de la ley 25.323, al considerarla procedente por haberse demostrado que se encontraba erróneamente categorizada.

    Fecha de firma: 10/02/2020

    Alta en sistema: 13/02/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA (SUBROGANTE)

    La codemandada Atento Argentina SA critica el fallo de anterior grado y se agravia, rechazando el reconocimiento de las diferencias salariales que evaluó el anterior juzgador al entender que debía ser remunerada con la categoría “administrativo B” y que debía abonarse el salario por jornada completa. Controvierte que se haya receptado el concepto “daños y perjuicios por seguro La Estrella” y el reconocimiento formulado respecto de las sumas no remunerativas como parte de la base salarial, cuestionando el análisis de la prueba pericial contable.

    La coaccionada Prisma Medios de Pago SA, apela la sentencia y se queja por los alcances de la condena hacia su parte. Critica la aplicación de lo dispuesto por el art. 30 LCT a la relación de autos, la tasa de interés aplicable a la condena, forma en que resultaron impuestas las costas y las regulaciones de los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora y del Sr. perito contador, por entender que resultan elevadas.

  4. Evaluados los argumentos recursivos, las pruebas colectadas y lo resuelto en el fallo –de compartirse la solución que propongo-, la sentencia de primera instancia deberá

    ser confirmada en lo principal que decide.

    Comparto lo resuelto por el Sr. Juez de primera instancia al reconocer el crédito a favor de la Sra. B. derivado de una categoría que debía serle reconocida. En el particular, coincido en el examen y los fundamentos que se expresan en la sentencia y que permitieron viabilizar la asignación de la categoría de “administrativo B” a la reclamante. En la crítica, advierto que no se cumplen los recaudos que el art. 116 LO enuncia a los fines de tornar idónea la queja. En efecto, el esfuerzo dialéctico que se formula para rebatir el razonamiento del anterior sentenciante resulta improponible a los efectos de abrir el análisis que peticiona. Se tratan de argumentos que no han sido expuestos en el responde (oportunidad procesal en la cual la reclamada debía fundar su defensa) y por lo tanto, lucen improponibles. Además de no resultar avalados por ningún elemento del proceso, se trata -en definitiva- de una mera manifestación de disconformidad con la decisión adoptada. Todo ello,

    conduce a declarar la deserción del tramo del recurso y deriva en la propuesta que se formula para confirmar lo decidido en el punto que se trata. Sin perjuicio de lo expuesto, en virtud del derecho de defensa, considero adecuado referir que a través del examen de la prueba de testigos que ha sido reseñada en la sentencia –en el mismo sentido al determinado por el anterior Juez- lucen acreditadas las tareas de la trabajadora, que encuadran en la categoría pretendida en el inicio; todo ello demostrado en la causa en virtud de los elementos que fueron examinados a influjo de lo dispuesto por el art. 386 CPCCN y que alcanzaron a formar debida convicción en la decisión adoptada.

    Tampoco debería prosperar el agravio tendiente a cuestionar la condena decretada en concepto de diferencias derivadas de la incorrecta registración de la jornada de la actora, en los términos del art. 92 ter de la LCT. La recurrente insiste que es improcedente por cuanto la jornada normal de la actividad de “call center” es de hasta 36 horas semanales y no resulta de aplicación el art. 92 ter de la LCT sino que en realidad debe aplicarse el art.198

    de la LCT, a diferencia de lo resuelto por el anterior sentenciante. Destaco que no se discute que la actora se desempeñaba en una jornada de 36 horas semanales, de allí que corresponde determinar cuál es la jornada normal y habitual de la actividad y si dicha jornada conlleva el pago del salario convencional por jornada completa. Al respecto, esta S. tuvo oportunidad de expedirse en la causa “R.V.L. c/ Teletech Argentina SA

    Fecha de firma: 10/02/2020

    Alta en sistema: 13/02/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA (SUBROGANTE)

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA I

    s/ Despido” (SD.87.082 del 28/09/11, y en similares términos en autos “M.J.I. c/ Teletech Argentina SA s/ Despido” SD.87.181 del 31/10/11), de aristas análogas al presente en cuanto a la jornada se refiere, donde se explicó que “…ambas partes están contestes en la extensión de la jornada que cumplía la actora –de 35 o 36 horas semanales, según el período-, más discurren en torno de cuál es la jornada habitual de la actividad y el consecuente encuadre en la modalidad de trabajo “a tiempo parcial” o jornada reducida,

    puesto que la actora sostiene que la jornada máxima de la actividad es de 48 horas semanales, mientras que la demandada insiste en que esa jornada alcanza las 36 horas semanales, fundándose en la Res. MT 782/2010 que ratifica la jornada habitual en la actividad de “call centers” –dictada en el marco del expte. 1.352.873/09-, invocando el art.198 de la Ley de Contrato de Trabajo. El...

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