Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 12 de Octubre de 2018, expediente CIV 045331/2007/CA001

Fecha de Resolución12 de Octubre de 2018
EmisorCamara Civil - Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA I

Expte. nº Juzgado nº

B J C Y OTRO c/ CLINICA Y MATERNIDAD SANTA ISABEL

Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.PROF.MEDICOS Y

AUX.

ACUERDO:69/18

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. I de la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los autos “B J C Y OTRO c/ CLINICA Y

MATERNIDAD SANTA ISABEL Y OTROS s/DAÑOS Y

PERJUICIOS - RESP.PROF.MEDICOS Y AUX..” respecto de la sentencia de grado el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: D.. P.S., CASTRO y GUISADO.

A las cuestiones propuestas el Dr. P.S. dijo:

  1. Los actores iniciaron demanda en el carácter de cónyuge supérstite e hijas de quien en vida fue G P, contra la Clínica y M.S.I., la Obra Social de la Actividad de Seguros, el Laboratorio M. y contra los doctores C K, J E S y R B por cobro de la suma de $ 360.000, con más sus intereses y costas.

    Refieren que la señora G P comenzó a sufrir dolores abdominales a principios de febrero de 2004 que la llevaron a consultar con el doctor R B, integrante del plantel médico de la Obra Social de la Actividad de Seguros. Señalan que luego de indicarle distintos estudios a los que hacen mención, dicho profesional descartó

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    cualquier dolencia de gravedad, informándole que posiblemente padecería de colon irritable. El mismo diagnóstico efectuó el gastroenterólogo de dicha obra social. Como los dolores persistían –

    prosiguen- concurrió en diversas oportunidades, entre los meses de marzo y abril de 2004 a las guardias de la Clínica San José y la Clínica demandada, restándole importancia y sin indicarle estudio o tratamiento alguno.

    Señalan que en el mes de mayo de ese año, como su salud no mejoraba concurrió a ver un médico que no pertenecía a la obra social, el doctor D R, quien le requirió una ecografía abdominal y una tomografía computada y ante la posibilidad de una peritonitis la envió

    a la Clínica Santa Isabel a los fines de su internación. Ello se produjo el 24 de mayo de 2004 y el 25, o sea, al día siguiente, fue sometida a una cirugía que estuvo a cargo de los doctores S y K.D. operación tenía carácter exploratorio y se determinó que efectivamente se trataba de una peritonitis, por lo que se extrajo el apéndice y se limpió la zona.

    Sostienen que a pesar de la cirugía practicada, el estado general de la señora P continuaba siendo delicado pues había bajado 10 kilos de peso desde que aparecieron los primeros dolores, situación que fuera manifestado al doctor K que efectuó los controles post-

    operatorios, restándole importancia al igual que el doctor S.

    Concurrió nuevamente a consultar al doctor B quien le indicó una nueva serie de estudios sin resultados reveladores según le informara el facultativo. Ya en octubre de 2004 se encontraba con una anemia grave y 20 kilos menos. Y, en noviembre de 2004, sintiéndose muy mal, consultó nuevamente con el doctor D R quien le indicó

    nuevos estudios en un centro especializado en ecografías. Allí el doctor B le hizo saber en el momento en que le fueron practicados los estudios que era imperioso contar con el resultado de la anatomía patológica , o sea, el resultado de la biopsia realizada cuando le Fecha de firma: 12/10/2018

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    extrajeron el apéndice. Cuentan que ella no sabía que se le había practicado la biopsia porque nunca le informaron la realización de dicho estudio, ni antes ni después de la cirugía.

    Así fue que le planteó al doctor B la necesidad de contar con la biopsia de su cirugía quien le expidió una orden dirigida a la Clínica Santa Isabel para que le entregaran una copia de aquella. En la Clínica le dijeron que ellos no tenían nada y que debía ir directamente al Laboratorio donde se había llevado a cabo el estudio. Allí le manifestaron que los resultados habían estado listos el día 1 de junio de 2004 y que habían sido entregados a la Clínica el día 3. De cualquier manera le facilitaron una copia y se enteró que el diagnóstico era “tumor carcinoide con infiltración de grasa periapendicular”.

    De inmediato se puso en manos de los oncólogos del Hospital de Clínicas quienes comenzaron con el tratamiento de rigor.

    Señalan que se le indicó un estudio muy complejo y específico para ver el grado de avance del tumor. Fue así que el laboratorio del Hospital de Clínicas diagnosticó que padecía de un “carcinoma seroso papilar” de origen ovárico o peritoneal” y no de “tumor carcinoide con infiltración de grasa periapendicular” como indicara el laboratorio M.. De allí que este diagnóstico resultó erróneo.

    Continúan diciendo que el estudio practicado fue presentado al doctor S, de Ginecología del Hospital de Clínicas, quien sostuvo que no era posible una extirpación satisfactoria a esa altura de la enfermedad, por lo que comenzó con sesiones de quimioterapia.

    Para época el estado de salud de G P era extremadamente grave y a partir de febrero de 2005, los médicos les manifestaron que ya nada podían hacer para combatir la enfermedad, solamente morigerar los dolores. Fue así que contrataron una enfermera que le brindaba los tratamientos adecuados y el 8 de mayo de 2005 se produjo su fallecimiento.

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    Le atribuyen responsabilidad en el hecho a los facultativos, a la Clínica, a la Obra Social y al Laboratorio que llevó a cabo la biopsia por el error incurrido.

    La sentencia de primera instancia desestimó la demanda contra los facultativos y A H M R –Laboratorio- y la aseguradora “Seguros Médicos”, disponiendo que las costas de dicha representación fuesen soportadas por los condenados. Así, admitió la pretensión respecto de la Clínica –Consolidar Salud S.A.- y la Obra Social. A su vez, hizo extensiva la condena contra “Noble Compañía de Seguros S.A.” En definitiva, condenó a las accionadas, en forma indistinta o concurrente, dentro del plazo de diez días, a pagarles la suma de $ 176.000, con más los intereses y la totalidad de las costas,

    incluso, discriminada en $ 30.000 para el cónyuge fallecido y $

    68.000 para M.G.B. y en $ 78.000, para M.G.B..

    Contra dicho pronunciamiento se alzaron las partes. La fundamentación de los recursos fue presenta por la actora a fs.

    1802/1813 ; por la aseguradora “Noble Compañía de Seguros S.A. a fs. 1816/1827; por “Omint S.A. de Servicios -antes CS Salud S.A.- a fs. 1829/1845; por la Obra Social de la Actividad de Seguros a fs.

    1847/1853. A su vez, a fs. 1855/1876, 1878/1893, 1885/1891,

    1895/1896, 1898/1899, 1951/1958, 1960, 1965/1973, 1977/1983,

    1985/1989, 1991/1994 y fs. 2003/2012.

  2. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad resulta aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. A.K. de C.,

    La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes

    , ed. R.C., doctrina y jurisprudencia allí citada).

    Fecha de firma: 12/10/2018

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    Firmado por: P.M.G.-.P.E. CASTRO - FERNANDO P.S.., JUECES DE CÁMARA.

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    Destaco aquí que no es obligación de los jueces hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas, pudiendo desechar aquéllas que considere inneCias o inconducentes en relación con el objeto del proceso (conf.: C.S.J.N., en Fallos: 250:36; 302:253;

    304:819, entre muchas otros; Palacio-Alvarado V., “Código Procesal….” T. 4, pág. 406 y sus citas; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal…”, t. 1, pág. 620), centrándose sólo en los que sean decisivos (conf.: Colombo, CJ. K., C.M. en “Código Procesal …”

    t. II, pág. 167; C.S.J.N. en LL 139-617; íd.íd. en L.L 144-611; entre otros).

    En primer término, por razones de orden metodológico habré de analizar los agravios de la accionada con relación a la responsabilidad que el juzgador le atribuye, toda vez que la decisión a que se arribe sobre el punto, habrá de sellar o no la suerte de las quejas relativas al monto indemnizatorio.

    Por de pronto, resulta propicio recordar tal como esta S. lo ha venido sosteniendo en precedentes similares al presente (causas libres nrsº 83.491 del 25-11-91, 472.050 del 17-09-08 y 516.211 del 18-02-2009) que en este tipo de obligaciones de medio y no de resultados, sólo se promete la diligencia y no la aptitud para cumplir con las medidas que normalmente procuran la curación del paciente, su atención y los medios apropiados a esa finalidad.

    De allí que, aunque el médico no está comprometido a curar al enfermo si lo está a practicar una conducta diligente que normal y ordinariamente pueda alcanzar la curación. De ahí que el fracaso o ausencia de éxito en la prestación de los servicios no signifique incumplimiento. Sólo excepcionalmente la obligación del médico puede ser de tipo delictual (conf.: L., J.J. "Tratado de Derecho Civil Obligaciones " t. I, págs. 207, 211, núms. 171 y 172;

    A.A., D. "La carga de la prueba en la responsabilidad del médico. Obligaciones de medio y de resultado", en J.A. 1958 III 587;

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