Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Abril de 2015, expediente 117062

PresidenteKogan-Soria-Pettigiani-de Lázzari-Negri-Hitters
Fecha de Resolución15 de Abril de 2015
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de abril de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., S., P., de L., N., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.062, "Azame, A.C. contra Provincia A.R.T. S.A. Acc. de trabajo-acción especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 4 del Departamento Judicial La P. acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada (fs. 240/245).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 253/261 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 262.

Dictada a fs. 269 la providencia de autos, sustanciados los traslados que –en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399- se ordenaron a fs. 287 y vta., hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal del trabajo hizo lugar a la acción deducida por A.C.A., condenando a la Provincia de Buenos Aires (quien asumió la representación de la accionada Provincia A.R.T. S.A. en los términos del decreto 33858/2007, ver fs. 75/76 vta.) a pagarle la prestación dineraria prevista en el art. 14. 2. a) de la ley 24.557.

    Resolvió de esa manera en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere que sufrió el día 26-X-2006, mientras se trasladaba desde su domicilio hacia el lugar de trabajo, el actor padece una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 28,15% del índice de la total obrera (vered., fs. 238 vta./239; sent., fs. 240 vta./241).

    Tras considerar demostrado -con la pericial contable- que el importe salarial que debía computarse a los fines de cuantificar la referida prestación dineraria ascendía a $1968,10 (vered., fs. 238 vta.), determinó que hubiera correspondido abonar al trabajador en tal concepto la suma de $61.567,72 (sent., fs. 241).

    Por otra parte, el a quo declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio contemplado en el párrafo final del citado art. 14. 2. a) de la ley 24.557 (texto según decreto 1278/2000), en cuanto prescribe que la suma que debe percibir el trabajador con arreglo a la tarifa prevista en el primer párrafo del precepto indicado "en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad". En consecuencia, dejando de lado la cifra que le habría correspondido percibir al actor por aplicación del indicado tope indemnizatorio ($ 180.000 x 28,15% = $ 50.670), fijó el importe resarcitorio de conformidad con las pautas previstas en el primer párrafo del art. 14.2.a) de la Ley de Riesgos del Trabajo ($ 61.567,72, sent., fs. 241), cifra esta última que luego redujo a $á42.318,61, habida cuenta que resultó probado en autos que la aseguradora de riesgos del trabajo le había abonado extrajudicialmente al accionante la suma de $ 19.249,11 (sent., fs. 242 vta.).

    El tribunal descalificó la validez constitucional del precepto legal impugnado por entender que la referida limitación indemnizatoria resulta contraria a los principios consagrados por los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales.

    Destacó el a quo que a partir de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ascua c/ SOMISA" (sent. del 10-VIII-2010) -en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por la ley 9688 (mod. por ley 23.643)- idéntica solución correspondía adoptar en relación al tope establecido por la ley 24.557, toda vez que los fundamentos allí vertidos por el alto Tribunal resultan enteramente aplicables al límite resarcitorio previsto en este último cuerpo legal.

    Explicó que, con arreglo al art. 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (instrumento internacional que, según lo ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece el piso mínimo de derechos que los trabajadores deben gozar en los estados americanos), corresponde prevenir los riesgos del trabajo y "restablecer lo más rápida y completamente posible la capacidad de ganancia perdida o reducida como consecuencia de la enfermedad o accidente", razón por la cual el régimen tarifado no puede dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima.

    Sobre esa base, concluyó en que la limitación establecida por el art. 14 ap. 2. a) de la ley 24.557 tradujo, en el caso, una disminución sustancial del importe indemnizatorio que le correspondería percibir al trabajador de conformidad a la remuneración realmente percibida, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente la norma impugnada intenta resguardar y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar.

    Añadió asimismo que -de un lado- el tope en cuestión fue dispuesto en el año 2001 y se mantuvo inalterado a pesar de la evolución de los salarios y de los aumentos de las pólizas que se verificaron desde entonces, lo que evidencia una clara desproporción en la relación que existiera entre ingresos y egresos de las entidades operadoras del sistema; y -del otro- que no constituye un dato marginal la circunstancia de que el Poder Ejecutivo nacional haya derogado el tope indicado mediante el decreto 1694/2009.

    Destacó, por último, que, tal como lo declaró la Corte Suprema en el citado precedente "Ascua", no resulta de aplicación al caso el criterio establecido por el propio alto Tribunal en la causa "Vizzoti" (sent. del 14-IX-2004), en cuanto se resolvió que correspondía invalidar el tope indemnizatorio únicamente en caso de que la quita resultase superior al porcentaje allí establecido (sent., fs. 241/242 vta.).

    Finalmente, el juzgador dispuso que -a tenor de lo que prescriben los arts. 622 del Código Civil y las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- el capital de condena debía devengar intereses calculados con arreglo a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina (sent., fs. 243 y resolución aclaratoria de fs. 251).

  2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la vencida denuncia absurdo y violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica, así como de los arts. 12 y 14. 2. a) de la ley 24.557; 622 y 623 del Código Civil; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 (mod. por el art. 4 de la ley 25.561); 44 inc. "d" de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la res. 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (fs. 253/261 vta.).

    Plantea los siguientes agravios:

    1. En primer lugar, cuestiona el importe salarial que el tribunal computó para determinar la cuantía de la indemnización prevista en el art. 14.2. a) de la ley 24.557.

      Afirma, en ese sentido, que el a quo tomó en cuenta el monto ($ 1968,10) que surge de las pruebas documental y pericial contable, omitiendo referirse a la impugnación de este último medio probatorio efectuada por la accionada y soslayando que aquélla cifra comprende conceptos no sujetos a cotización (como las "horas cores", salario familiar y asignaciones "no remunerativas"), detraídos los cuales la base salarial asciende a $1276,90, que es el guarismo que debió aplicarse para calcular la tarifa indemnizatoria.

      Añade -con cita de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 35.016 (sent. del 1-X-1985)- que la falta de consideración de elementos de juicio imprescindibles para fijar el monto de la indemnización torna absurda la decisión atacada (fs. 256 vta. y 257 vta./258).

    2. En segundo orden, se agravia de la decisión del tribunal en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557.

      Señala que tal aspecto del decisorio viola "reiterada doctrina legal, que sustenta precisamente que los topes indemnizatorios no son en si mismos inconstitucionales", criterio que -agrega- se alinea con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "V." (recurso, fs. 258 y vta.).

      En particular, estima vulnerada la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en los precedentes que identifica (L. 71.154, sent. del 18-IX-2002; L. 68.511, sent. del 17-XI-1999; L. 55.996, sent. del 5-VII-1996), en las que se resolvió que: "El art. 8 inc. a) de la ley 9688 t.o., ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan".

      Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina legal fijada en las causas L. 79.367 (sent. del 14-IV-2004) -en el cual se estableció idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. a) de la ley 24.028- y L. 56.205 (sent. del 27-VI-1995); L. 57.357 (sent. del 1-X-1996) y L. 57.762 (sent. del 8-IV-1997), en las que se declaró que: "Infringe el art. 8 inc. "a" de la ley 9688 modificada por ley 23.643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada".

      Desde otro ángulo, expresa que los fundamentos y circunstancias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a invalidar el tope indemnizatorio en la causa "Ascua" no guardan ninguna similitud con el presente caso.

      Ello así, porque el accionante en autos es un empleado público con estabilidad que continúa trabajando sin que haya disminuido su remuneración, por lo que no ha sufrido ninguna pérdida de ganancias...

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