Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Septiembre de 2017, expediente L. 116567

PresidenteSoria-Genoud-Kogan-Negri-Pettigiani-de Lázzari
Fecha de Resolución27 de Septiembre de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 27 de septiembre de 2017, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., G., K., N., P., de L.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en causa L. 116.567, "A., R.M. contra Acofar Cooperativa Farmacéutica Ltda. Ind. por despido, etc.".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en esa ciudad, admitió parcialmente la demanda interpuesta, imponiendo las costas por los rubros acogidos a la accionada y por los desestimados a la parte actora (v. fs. 425/445 vta.).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 464/479).

Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados que, en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399 y el Código Civil y Comercial de la Nación, se ordenaron a fs. 495 y vta. y 499, respectivamente, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

I.1. El tribunal de origen rechazó, en lo sustancial, la acción promovida por R.M.A. contra Acofar Cooperativa Farmacéutica Ltda., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 16 de la ley 25.561 y 2 de la ley 25.323 y el resarcimiento por daño moral.

Tras analizar la postura asumida por las partes en los escritos constitutivos de lalitisy la prueba producida, juzgó demostrada la motivación aducida por la demandada para disponer el despido del actor, afincada en que éste fue interceptado el día 15 de marzo de 2004 por personal de vigilancia cuando intentaba retirar en forma encubierta y sin autorización previa mercadería perteneciente a la empresa, hecho que -según se expuso en la comunicación rescisoria y así fue receptado en el fallo- constituyó una injuria grave por parte del trabajador y generó la pérdida total de confianza hacia su persona.

I.2. En otro orden, respecto del concepto que prosperó -vacaciones proporcionales correspondientes al año 2004-, dispuso que el capital reconocido devengaría intereses de acuerdo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a treinta días (v. sent., fs. 443 vta. y 444).

  1. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 464/479), en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 9, 10, 11, 12, 20, 62, 63, 66, 68, 232, 233, 242, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 22, 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 161, 163, 279, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 11, 12 inc. 3, 15, 25, 31, 36 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.

    II.1. Se desconforma con la decisión de grado en cuanto estimó acreditada la motivación invocada por la demandada para disponer el despido del actor.

    II.1.a. Considerando probado que el día 15 de marzo de 2004, por la mañana, el accionante realizó una compra personal de mercadería siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa a ese fin, por aplicación del denominado "principio de normalidad" (art. 901 del Cód. Civil), afirma que estaba a cargo de la demandada la prueba del comportamiento anormal que ese mismo día -en horario vespertino- le había endilgado al trabajador. Este criterio -apunta- ha sido receptado en los precedentes L. 52.307, "Vera" (sent. de 7-IX-1993) y L. 77.150, "C." (sent. de 20-XI-2002).

    Postula asimismo la plena vigencia del principio de "cargas probatorias dinámicas" que -a su entender- ha sido acogido en el precedente L. 84.686, "Silva" (sent. de 22-VIII-2007). Asevera que no obstante encontrarse la empresa en una mejor posición para probar la maniobra atribuida a A., nada aportó al proceso.

    II.1.b. Alega que el tribunal interviniente incurrió en absurdo en la apreciación de la prueba.

    II.1.b.i. Con relación a las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia oral y las que obran en la causa penal instruida a raíz de la denuncia formulada por la acciondada, concluye que -en realidad- el fallo se sostiene únicamente en el testimonio de R.C., habida cuenta que -contrariamente a lo valorado por ela quo- las restantes declaraciones no corroboraron los dichos de aquél.

    Respecto -precisamente- de los testimonios del señor R.C., aduce que carecen de eficacia puesto que, además de ser protagonista de los hechos, se verifican severas contradicciones e inconsistencias en las tres declaraciones que hubo de rendir en las distintas causas judiciales, las que a su vez -reitera- no han sido validadas por otras pruebas.

    En ese orden, estima quebrantada la doctrina que fluye de la causa L. 51.373, "C." (sent. de 4-V-1993), entre otras del mismo tenor, en cuanto esta Corte estableció que a los fines de acreditar los hechos injuriosos invocados al disponerse la cesantía del trabajador, deviene ineficaz la declaración de un único testigo, que ha sido protagonista de tales circunstancias fácticas, negadas por el dependiente y no corroboradas por ningún otro medio de prueba.

    I.1.b.ii. Afirma que el pronunciamiento revela un notorio desvío de elementales normas de interpretación y valoración de las pruebas.

    Expresa que el juzgador ha prescindido de pruebas esenciales y fragmentado indebidamente las declaraciones del testigo Costa. R. infringida la doctrina delineada en la causa L. 32.514, "R.F." (sent. de 18-V-1984) tocante al vicio de absurdo.

    II.1.c. Denuncia que el sentenciante ha omitido la aplicación de la reglain dubio pro operari, estatuida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.428-.

    II.1.d. Desde otra vertiente manifiesta que al interpretar la ley, el órgano de grado ha prescindido de la finalidad que persigue, como igualmente, de la observación de la realidad -y su primacía- como fuente de información, por sobre las estrictas palabras en que la norma ha sido redactada. Refiere doctrina elaborada sobre este tópico en los precedentes L. 33.233, "Ozan" (sent. de 1-VI-1984); L. 34.736, "M." (sent. de 13-XI-1985) y L. 90.676, "V." (sent. de 31-VIII-2011).

    II.2. Aduce que la decisión de rechazar la pretensión relativa a la aplicación de la tasa de interés activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre los rubros indemnizatorios que prosperaron, deviene arbitraria.

    Sin desconocer la doctrina legal imperante en la materia, sostiene que la mencionada tasa -que comprenderá a cada uno de los rubros liquidados- resulta ser la que de mejor manera se adapta al caso, dado que se reclama un crédito de neto carácter alimentario.

    Cita en apoyo de su argumento la posición adoptada por la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo.

    II.3. Subsidiariamente, considera que el fallo infringe los arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 segundo párrafo de la ley 11.653, a la vez que conculca la doctrina trazada por esta Corte en el precedente L. 79.400, "Vivas" (sent. de 1-IV-2004) -entre otros que individualiza- en cuanto se estableció que si bien el beneficio de gratuidad -que aquí el quejoso aduce desestimado- no protege a quienes no demuestren en juicio la existencia del vínculo laboral, no cabe excluir de su amparo al actor respecto del demandado contra quien accionó por una responsabilidad solidaria no acreditada si aquél demostró su calidad de trabajador dependiente en que sustentó la demanda.

  2. El recurso prospera parcialmente.

    III.1. L., cabe observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por intermedio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, representado por los rubros reclamados en el escrito de inicio que no prosperaron y que son motivo de agravio, con más la diferencia entre los intereses liquidados a la tasa establecida en la sentencia objetada y aquélla cuya aplicación procura el interesado, no alcanza el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-7-2010).

    Luego, la competencia de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. art. 55, primer párrafo,in fine, ley 11.653; causas L. 103.403, "Oxagaray", sent. de 27-IV-2011; L. 111.173, "Damonio", sent. de 7-IX-2011 y L. 103.562, "Bracco", sent. de 26-X-2011; entre otras).

    III.2.a. El agravio vinculado con la atribución de la carga de la prueba resulta inadmisible.

    Esta Corte ha declarado que lucen ajenas al marco del art. 55 de la ley 11.653 las cuestiones atinentes a la alteración delonus probandi(conf. causas L. 87.476, "P.", sent. de 29-VIII-2007; L. 90.334, "G.", sent. de 7-XI-2007; L. 87.622, "L.", sent. de 3-IV-2008; L. 87.212, "A.", sent. de 16-IV-2008 y L. 85.660, "M.", sent. de 15-VII-2009).

    III.2.b. Igual suerte adversa han de correr los cuestionamientos enderezados a refutar la apreciación de la prueba.

    Estructurados bajo la denuncia de absurdo, aun postulando la violación de doctrina de esta Corte, se encuentran orientados a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de la instancia acerca de las pruebas producidas en la causa, en particular la testimonial, materia que en tanto remite a cuestiones de hecho privativas de los jueces de grado, se encuentra excluida del acotado ámbito de revisión que contempla el...

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