Ley 24.675. Auxiliares de la Justicia. Registro. Inscripción. Selección. Honorarios. Exclusiones. Tasa. B.O. 17/9/96

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1. La presente ley será de aplicación en los procesos judiciales en que deba producirse prueba pericial o cuando resultare necesaria la actuación de un auxiliar de la Justicia.

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente,

Consideraron:

1) Que la ley 24.675 dispuso la apertura de un registro, en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, para la inscripción de aquellas personas que aspiren a desempeñarse como peritos, martilleros u otros auxiliares de la justicia (art. 2), estableciendo que los postulantes serán seleccionados por dicho ministerio en base a la reglamentación que se dicte (art. 4), fijando la obligación de pago de una tasa, cuyo monto y procedimiento será determinado por la reglamentación (art. 10), y facultando al Poder Ejecutivo para fijar por el término de cinco años los aranceles y retribuciones previstas (art. 13).

2) Que en situaciones como la presente, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se encuadra en las facultades de índole judicial previstas en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, antes bien, aquélla encuentra sustento en las atribuciones implícitas del Tribunal, que es órgano supremo y cabeza del Poder Judicial de la Nación (art. 108 de la ley fundamental), conclusión que hace inaplicables exigencias formales previstas para hipótesis sustancialmente diversas, como la concerniente a que se esté frente a un "caso o controversia" (Fallos: 201:239; 245; 237:29; 256:114; 259:11; 270:85; 306:8; 308:1519 y 314:948).

3) Que, tal como lo ha establecido este Tribunal en Fallos 208:311, los peritos son "auxiliares de la justicia en el más riguroso sentido" pues "tienen a su cargo la específica misión de ilustrar técnicamente al juez con una objetividad tan estricta como la que debe tener el propio juez en cuanto concierne al desempeño de su función", razón que ha justificado desde antaño la adopción de todo tipo de previsiones tendientes a asegurar la mayor independencia. Entre esas previsiones se cuentan los arts. 458 del Código Procesal Civil y Comercial y 258 del Código Procesal Penal -no derogados por la ley 24.675- que prescriben que sean designados de oficio por los jueces.

4) Que si bien es cierto que las disposiciones de la mencionada ley se ciñen materialmente a reglamentar el modo en el que los magistrados deben efectuar los nombramientos de peritos -pues determinan quiénes pueden integrar las listas-, no es menos cierto que al detraerle a esta Corte la atribución constitucional que le asiste de intervenir -de modo mediato o inmediato- en la confección de la...

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