Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 6 de Marzo de 2013, expediente 026.609/2012

Fecha de Resolución 6 de Marzo de 2013

Poder Judicial de la Nación Juz.11 - Sec.21 GJV

026609/2012

AUTOMOTORES SAN TELMO S.A. S/ QUIEBRA (S/ INCIDENTE DE

VERIFICACION TARDIA POR FISCALIA DE ESTADO DE LA

PROVINCIA DE BS.AS)

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.

Y VISTOS:

  1. ) Apeló la incidentista la resolución dictada a fs. 62 que hizo lugar al planteo de prescripción opuesto por la sindicatura y rechazó la presente verificación.

    Los fundamentos obran desarrollados a fs. 66/8, los que fueron contestados por la sindicatura a fs. 70/1.-

    Por su parte, la Sra. Fiscal General se abstuvo de expedirse por los argumentos vertidos a fs. 76.-

  2. ) Se quejó la incidentista porque, a los fines de decretar la prescripción de la deuda reclamada en autos, el juez de grado tomó en consideración el plazo de cinco años establecido por el art. 131 del C.igo Fiscal, cuando debió computarse dicho lapso conforme lo dispone el art. 133,

    esto es, a partir del año 2004 que es el año siguiente al que debían presentarse las declaraciones juradas correspondientes, por lo que la acreencia no se encontraría prescripta a la fecha de presentación del concurso preventivo de la deudora. Señaló que tampoco se tuvo en cuenta que al momento de insinuar otros créditos en el concurso preventivo presentó la liquidación cuya verificación ahora se pretende al sólo efecto de tener por cumplido el deber de concurrencia pues, a esa fecha, no se encontraba firme la instancia administrativa.

  3. ) En autos se presenta la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires solicitando la verificación de un crédito por la suma de $

    97.561,18, en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes a diferencias por los períodos 01 a 04, 08, 10 a 12 del año 2002, y 01, 02, 04 y 07 del año 2003, con más la multa por omisión del 10% (v. fs. 24/34 y fs. 1

    del expte administrativo N° 2360 0035542 2008 que se encuentra reservado bajo sobre N° 102347/9 y se tiene a la vista en este acto).-

    La sindicatura planteó la prescripción de la deuda insinuada por aplicación del plazo quinquenal del art. 131 del C.igo Fiscal (ley 10.397) de la Provincia de Buenos Aires, planteo que fue acogido por el juez de grado en la resolución apelada.

  4. ) S. liminarmente que la prescripción resulta una figura jurídica que contribuye a la seguridad y firmeza de la vida económica,

    satisfaciendo un fundamental interés de los negocios, que exigen que toda relación obligatoria tenga un término (conf. R., "Obligaciones", Tº 2.

    pág. 1105), lo cual presupone la existencia de dos (2) requisitos: en primer lugar, la expiración del plazo legalmente establecido y en segundo término, la inacción, inercia, negligencia o el abandono ( art. 4017 CCiv.).-

    Al respecto el C.igo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (ley 10397, según TO Res. N° 120/04) establece que prescriben por el transcurso de cinco (5) años las acciones y poderes de la autoridad de aplicación de determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por ese código,

    y de aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en él previstas, en el caso de contribuyentes y responsables inscriptos, como también en el de sujetos pasivos no inscriptos que regularicen espontáneamente su situación (art. 131).

    Los términos de prescripción de dichas acciones, comenzarán a correr desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen (art. 133).

    La incidentista alega que es de aplicación en autos el supuesto establecido para los impuestos cuya determinación es producida con base en declaraciones juradas de período fiscal anual, por lo que, en la especie el plazo de prescripción, a su entender, comenzó a regir, en el caso de los períodos correspondientes al año 2002, el 1 de enero de 2004, y respecto de los períodos del año 2003, el 1 de enero de 2005, por lo que, no estarían prescriptos al momento en que se presentó a insinuarlos (30/12/2000), a cuyo fin considera como interruptiva la presentación que habría efectuado en el concurso preventivo en julio de 2008.

    Ahora bien, de una lectura de la Resolución Determinativa y Sancionatoria N° 82/08 del 20/2/08, en la que se basa este crédito, se extrae que la determinación de la deuda se realizó con base en las Declaraciones Juradas mensuales que presentó la fallida en relación al impuesto reclamado durante los períodos señalados.

    V. al respecto que el C.igo Fiscal, antes de la reforma de la ley Ley 13.850 (B.O.: 29/7/08 – P.B.A.), contemplaba la posibilidad de que se impusiera a ciertos tipos de contribuyentes la liquidación e ingreso de los anticipos y el pago final mensualmente (art. 182).-

    De ello se sigue que, conforme surge de las propias actuaciones administrativas acompañadas por la recurrente, la fallida habría tenido la obligación de presentar declaraciones juradas mensuales, lo que conlleva que el término de prescripción deba comenzar a computarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales reclamadas, esto es, a partir del 1 de enero de 2003, para los períodos correspondientes al año 2002, y para los siguientes, a partir del 1 de enero de 2004.-

    En consecuencia, el plazo de prescripción venció el 31/12/07 y el 31/12/08, rechazándose en este sentido las objeciones vertidas por la recurrente al respecto.-

  5. ) De otro lado, la incidentista ha invocado como actuación interruptiva del plazo de prescripción la realizada en los autos principales en la oportunidad del art. 32 LCQ.

    De las constancias obrantes en el legajo del acreedor que en este acto se tiene a la vista, surge que al momento de insinuarse en el concurso preventivo de la fallida, mediante presentación del 18/7/2008, la incidentista acompañó una liquidación de la deuda aquí insinuada, a los fines de que se tuviera por cumplido el deber de concurrencia. Ello pues, la fallida había presentado un recurso de reconsideración contra la Resolución Determinativa y Sancionatoria N° 82/08 del 20/2/08, en donde se determinó el crédito reclamado.

    Ante tal presentación, el juez de grado, a fs. 682, al dictar resolución en los términos del art. 36 LCQ, consideró que sólo cabía verificar la acreencia una vez que estuviera firme la determinación administrativa.

    En este estado de las...

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