Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 11 de Febrero de 2016, expediente CAF 038993/2014/CA001

Fecha de Resolución11 de Febrero de 2016
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Expte. N° 38.993/2014 “AUGUSTA MEGARA SA c/ DGI s/

RECURSO DIRECTO”

Buenos Aires, de febrero de 2016.-

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

  1. Que mediante la resolución de fojas 394/399 la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la firma AUGUSTA MEGARA SA contra las Resoluciones Nros. 267/06 y 56/07 (DV RRMP), en las que el Jefe Interino de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-

    DGI determinó de oficio el impuesto a las ganancias de la actora por los períodos fiscales 2000, 2001, 2002 y 2003. De este modo, acogió el planteo de nulidad impetrado por la actora respecto del período fiscal 2000 (con sustento en la violación del régimen de bloqueo fiscal) e impuso costas a la demandada.

    Asimismo, rechazó los agravios referidos a los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003, en cuanto la actora pretendía deducir el 10% del valor FOB de las exportaciones por ella realizadas y la aplicación del ajuste por inflación, en relación a lo cual impuso las costas en el orden causado y a la actora respectivamente.

    Para así decidir, luego de reseñar lo dispuesto por los Decretos Nros. 455/02 y 977/02 (en tanto disponen y aclaran los términos de la derogación del régimen del bloqueo fiscal), el tribunal a quo destacó que la actora cerró el ejercicio fiscal 2001 con anterioridad a la entrada en vigencia del primer decreto mencionado, no obstante lo cual presentó la declaración jurada con fecha 20 de junio de 2002, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de las citadas normas. Ahora bien, en función de la doctrina sentada en las causas “S.R.F.” (de la CSJN, de fecha 13/09/11), “Power Link SRL” (de esta Sala, de fecha 30/12/02) y “Cuenca Agustin” (de la Sala II de esta Cámara, de fecha 06/04/10) expuso que por efecto de la presentación de la declaración jurada, el período fiscal 2001 conformaba el período base en los términos del artículo 117 de la Ley Nº 11.683, motivo por el cual “sólo procede la fiscalización de los años anteriores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre los resultados del período fiscalizado -2001-”. De acuerdo con ello, acogió la excepción de nulidad de la determinación de oficio del período fiscal 2000, con costas a la demandada.

    Fecha de firma: 11/02/2016 Firmado por: J.F.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA #23842236#146946798#20160211114034116 Por otro lado, respecto de la deducción del 10% del valor FOB de las exportaciones pretendida por la contribuyente, el tribunal de grado se remitió a las consideraciones expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “El Marisco SA” (del 27/05/09). A partir de ello, en atención a las modificaciones normativas introducidas por el Poder Ejecutivo a través de los Decretos Nros. 553/89 y 2657/91, concluyó que el beneficio invocado por la actora no se encontraba vigente a la fecha en que pretendió

    utilizarlo.

    Asimismo, en cuanto a la aplicación del ajuste por inflación, se remitió a lo expuesto por el Máximo Tribunal en los precedentes “Santiago Dugan Trocello SRL” (Fallos: 328:2567) y “Candy SA” (Fallos:

    332:1571) y expuso que -conforme al criterio vertido en esas causas- resultaba “imprescindible que el contribuyente demuestre acabadamente que el impuesto discutido excede su capacidad económica” y advirtió que ese extremo remitía a la “valoración de las pruebas que debieron rendirse en el sentido aludido”. Sobre el punto, destacó que -de acuerdo con lo advertido por el perito del Fisco- los libros contables de la actora no eran llevados en debida forma, de modo que “[e]stas razones desmerecen las conclusiones del informe pericial, el que por otra parte vuelca una diferente opinión de cada uno de los peritos a los puntos a desarrollar”. Además resaltó que la actora “no ha siquiera calculado cuál sería la tasa efectiva del impuesto al no permitirse el mecanismo de ajuste por inflación”.

  2. Que a fojas 403 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional (AFIP-DGI) y a fojas 417/424 expresó agravios, los que fueron contestados por su contraria a fojas 427/430.

    En su memorial se agravió con respecto al acogimiento del planteo de nulidad de la determinación de oficio del período fiscal 2000. Al respecto, afirmó que los precedentes invocados por el tribunal de grado no resultaban análogos al caso de autos, toda vez que -tal como lo advertía el decisorio impugnado- al momento en que la actora presentó la declaración jurada (24/06/02) el Decreto Nº 977/02 se encontraba vigente (20/06/02). De este modo, destacó que “la discusión relativa al carácter aclaratorio o modificatorio [de ese decreto] pierde relevancia en tanto [que] de cualquier modo la situación quedaría comprendida por los términos de los Decretos Nros. 455/02 y 977/02”. Además, alegó que tampoco se tuvo en cuenta la presentación de las declaraciones juradas rectificativas efectuada por la actora en los términos del artículo 118 de la Ley Nº 11.683.

    Por otra parte, cuestionó la imposición de costas en el orden causado ya que el tribunal de grado se apartó del principio general de la derrota, sin exponer el fundamento de tal decisión. En efecto, señaló que la Fecha de firma: 11/02/2016 Firmado por: J.F.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA #23842236#146946798#20160211114034116 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V actora resultó sustancialmente vencida, motivo por el cual, por aplicación de ese principio general, dicha parte debía soportar los gastos del proceso. Citó

    jurisprudencia en apoyo de su tesitura.

  3. Que la actora apeló a fojas 404 y fundó sus agravios a fojas 406/413, los que fueron replicados por la demandada a fojas 435/440.

    Allí, alegó que el decisorio apelado rechazó las pretensiones por ella deducidas de manera arbitraria e infundada, ya que el tribunal a quo no consideró adecuadamente los antecedentes de la causa, ni abordó debidamente la cuestión en litigio. Al respecto, señaló que la deducción del 10% del valor FOB se encontraba prevista en la Ley Nº 23.101, motivo por el cual “se equivoca el sentenciante al entender que el [Decreto Nº 2657/91] no ha devuelto su vigencia a la enumeración de los ‘bienes y servicios promocionados’

    realizada sobre la NCCA por su similar [Nº 173/85]”. Asimismo, sostuvo que la suspensión del beneficio invocado no fue expresamente dispuesta en el Decreto Nº 2657/91. En subsidio, planteó la inconstitucionalidad del Decreto Nº 553/89 en tanto que alteraba sustancialmente el espíritu de la ley reglamentada, las facultades previstas en el artículo 99 inciso 2º de la Constitución Nacional y el principio de jerarquía de normas.

    En segundo lugar, destacó que en el dictamen pericial obrante en autos su parte había acreditado la confiscatoriedad del gravamen pretendido por el Fisco, apreciación que -a su entender- fue omitida por el tribunal a quo, sin que resulten suficientes para desmerecer sus conclusiones las objeciones que pudieran merecer los libros y registraciones contables de su mandante. También expuso que era necesario un nuevo informe pericial de acuerdo con las pautas sentadas en la causa “Candy SA” y que el tribunal de grado se abstuvo de ordenar medidas para mejor proveer a fin de conocer la verdad material de los hechos. Por otro lado, cuestionó la imposición costas a su parte (en lo que respecta al período fiscal 2002) y solicitó que se las distribuyera en el orden causado de acuerdo con el citado precedente. Por último, requirió la apertura a prueba ante esta Alzada con objeto de producir un nuevo dictamen pericial con miras a acreditar los extremos necesarios para la procedencia de su pretensión.

  4. Que a fojas 465/466 dictaminó el F. General Subrogante de Cámara. Allí, luego de reseñar las constancias de la causa y la normativa involucrada destacó que correspondía resolver la cuestión planteada a la luz de los fundamentos vertidos en el dictamen fiscal, al que se remitió la Corte Suprema en la causa “El Marisco SA” (del 27/05/09), cuyos términos Fecha de firma: 11/02/2016 Firmado por: J.F.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA #23842236#146946798#20160211114034116 transcribió. Agregó que esa doctrina fue mantenida por el Máximo Tribunal en las causas “A.B.S.” (del 27/05/09) y “Cab Trac Argentina SRL” (del 27/04/10). En este sentido, recordó que los tribunales inferiores tienen el deber de adecuar sus decisiones a esos precedentes en tanto no se observen razones que justifiquen su apartamiento, situación que consideró que no se verificaba en autos.

  5. Que tal como ha quedado planteada la litis, en primer lugar corresponde abordar los agravios de la demandada referidos al acogimiento del planteo de nulidad de la determinación de oficio del período fiscal 2000 por violación al régimen de bloqueo fiscal.

    V.1.- En relación con la cuestión en análisis, el artículo 117 de la Ley Nº 11.683 dispone -en lo que aquí interesa- que “[p]ara los contribuyentes y responsables cuyos ingresos o patrimonio no superen las cifras que establece el artículo 127, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, con carácter general y por el tiempo, impuestos y zonas geográficas que estime conveniente, que la fiscalización a cargo de la Dirección General Impositiva (…)

    se limite al último período anual por el cual se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, último párrafo. /// En caso de tributos que no se liquiden anualmente, la fiscalización deberá abarcar los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce (12) meses calendarios anteriores a la misma”.

    Por su parte, en lo pertinente al punto en discusión, el artículo 118 del mencionado plexo normativo prescribe que “[h]asta que la [AFIP] proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en el artículo 117...

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