El atentado contra la AMIA: impunidad y silencio

¿El tratado con Irán tuvo por finalidad encubrir a figuras prominentes de ese país? La pregunta sigue sin respuesta. Han pasado casi cinco años desde que el 14 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman denunció que la entonces presidenta y hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y un grupo de funcionarios y personas cercanas a su gobierno debían responder judicialmente por haber orquestado un plan destinado a facilitar que ciudadanos iraníes imputados por el asesinato de 85 personas, como consecuencia de la voladura de la AMIA, eludieran la acción de la Justicia.El delito que se asocia con la muerte de Nisman hasta ahora no ha sido esclarecido. Todo pareciera encaminarse hacia un ignominioso silencio. Al igual que el camino judicial para el esclarecimiento de la muerte del fiscal, amenazado por una revisión del peritaje encargado a la Gendarmería Nacional en la causa del deceso, impulsado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.En consonancia con la intención de su funcionaria, el presidente Alberto Fernández fue todavía más lejos al declarar que aquel peritaje es "absurdo", que "contradice los más elementales principios de la criminología mundial", que se realizó "sobre un escenario montado" años después de ocurrido el hecho y que "no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron".Como respuesta a los dichos del jefe del Estado, Pablo Lanusse, en representación de Sara Garfunkel, madre de Nisman, presentó un duro escrito ante la Justicia. Dice el abogado que tales manifestaciones de quien ostenta la primera magistratura del país "provocan zozobra por cuanto resultan claramente condicionantes de la independencia del Poder Judicial de la Nación y de la autonomía del Ministerio Público Fiscal"; que "el valor de las pruebas, la reconstrucción de la verdad histórica y la asignación de responsabilidades penales es competencia exclusiva y excluyente de los jueces de la causa", razón por la cual lo hecho por el Presidente "constituye un caso de gravedad institucional" que afecta la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República".Ha dicho Fernández que su opinión sobre la muerte de Nisman no ha cambiado con el transcurso del tiempo. Sin embargo, en una nota de opinión publicada por LA NACION el 16 de febrero de 2015, decía: "Un fiscal que denunció penalmente a la Presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el...