Ataque al derecho de propiedad

 
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La insistencia del gobierno nacional en el plan originalmente lanzado por el kirchnerismo para apropiarse del predio de Palermo vendido hace 25 años a la Sociedad Rural Argentina (SRA) provoca inquietud por sus graves efectos sobre la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

La venta del predio ferial por el Estado nacional, en mayo de 1992, se encuadró en el artículo 2° de la ley 22.423, que preveía la venta directa, en este caso de un inmueble de dominio privado del Estado nacional, a una asociación que utilizaba el inmueble desde hacía más de 100 años con fines de cumplimiento de sus objetivos estatutarios.

La operación se condicionó al cumplimiento de fuertes compromisos de inversión. La SRA se obligaba a desarrollar en el predio un nuevo centro internacional de ferias y congresos de no menos de 50.000 m2 y la rehabilitación de los pabellones históricos, además de un estacionamiento subterráneo para no menos de 1000 cocheras. La inversión total obligada luego de su compra superaba los 70 millones de dólares. Además, la SRA debía ceder el uso del predio al Gobierno por un período de 15 días al año, entregar el 5% de la venta de entradas, permitir el ingreso libre o con descuento a jubilados y estudiantes y pagar todos los impuestos sin excepción. Con estas condiciones y con las valuaciones del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario, se acordó un precio de 30 millones de dólares.

Se puede constatar que en casi todas las grandes ciudades del mundo los predios feriales comparables son estatales o son subsidiados de alguna forma por los gobiernos.

Tras la compra, la SRA logró, no sin dificultad, asociarse con la firma estadounidense Ogden, con experiencia en este tipo de desarrollos. A la sociedad, constituida por partes iguales, se le otorgó el usufructo por 30 años. Por este derecho y por el aporte de la exposición rural anual y de un conjunto de terrenos adyacentes, la firma extranjera pagó a la SRA la mitad del precio de compra del predio. Las obligaciones de la compra se cumplieron en su totalidad.

Tiempo después de concretada la venta, hubo denuncias sobre su supuesta realización a un precio vil. El fiscal José María Campagnoli impulsó la acción, que tomó el juzgado del doctor Sergio Torres. Ambos consideraron válido el dictamen de dos peritos de la Corte Suprema, los arquitectos Juan José Bialet Salas y Mónica Silvia Grille, de febrero de 2008. Éstos valuaron el predio en 131,8 millones de dólares, siguiendo un procedimiento...

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