Sentencias interlocutorias de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Octubre de 2008 (caso Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios)

Fecha de Resolución:14 de Octubre de 2008
Emisor:Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
RESUMEN

Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios 1.- (Expte. nº 6210/08). 12/08/09. RECURSO DE QUEJA: requisitos. Caso constitucional. Cuestión de hecho y prueba. Interpretación de normas infraconstitucionales. Arbitrariedad de sentencia. Sumarios: 1.- La ausencia de una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los fundamentos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso de inconstitucionalidad, obsta a la procedencia de la queja puesto que la presentación resulta así privada del fundamento tendiente a demostrarla (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y José O. Casas). 2.- No es admisible el recurso de queja que incurre en el mismo defecto del recurso de inconstitucionalidad precedente, que no alcanza a exponer una cuestión constitucional, sino tan sólo su discrepancia con la sentencia de la Cámara en cuanto a la valoración que el tribunal de mérito hizo de los hechos, la prueba y las normas infraconstitucionales aplicables, cuestiones todas ellas ajenas al ámbito del recurso extraordinario local. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 3.- La referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita de modo preciso y fundado su cercenamiento, es insuficiente para sostener el recurso de queja pues, si bastara para ello la simple invocación de un derecho o garantía de tal jerarquía normativa, estos estrados se verían convertidos de ordinario en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 4.- Las insuficiencias argumentales expuestas en el recurso de queja no pueden ser salvadas por la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, ya que la sentencia de Cámara, más allá de su acierto o error, aparece adecuadamente razonada y fundada en los hechos y normas pertinentes. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). *** 2.- (Expte. nº 6497/09). 12/08/09. RECURSO DE QUEJA: caso constitucional. AMPARO: sentencia definitiva. Medidas cautelares. Cuestiones de hecho y prueba. Interpretación de normas infraconstitucionales. Arbitrariedad de sentencia. Derecho de propiedad. Gravedad institucional Sumarios: 1.- En los procesos de amparo, de acuerdo con la regulación efectuada por la Ley n° 2.145, la sentencia que decide sobre medidas cautelares es definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad por decisión expresa del legislador local. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 2.- En base a una interpretación sistemática de la Ley de Amparo es válido sostener que son sentencias definitivas aquellas a las que el art. 20 de la Ley nº 2.145 considera como decisiones apelables, tales como las que disponen el rechazo in limine de la acción, la que resuelva reconducir el proceso, la que resuelva la caducidad de la instancia, el rechazo de una recusación con causa y las que versen sobre medidas cautelares. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 3.- El recurso de hecho no logra demostrar que, en oportunidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad local, se haya expuesto fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402. (Voto del Sr. Juez José O. Casas). 4.- El recurso de queja deducido reitera los defectos que ya contenía el recurso de inconstitucionalidad, pues si bien proclama en forma genérica la afectación de derechos de raigambre constitucional no logra establecer la adecuada correspondencia entre el derecho cuya afectación invoca y el contenido de la sentencia recurrida, limitándose a expresar la mera discrepancia con la solución dada por el tribunal a quo a partir de la valoración de circunstancias de hecho y prueba y la interpretación de normas infraconstitucionales. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 5.- Las objeciones que se formulan en el recurso de queja acerca de la continuidad de la relación contractual, y de las modalidades de las tareas del amparista se refieren a aspectos cuyo examen resulta ajeno a la competencia de este Tribunal en el marco de la vía recursiva elegida, por remitir a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación de normas infraconstitucionales aplicables al caso (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 6.- En cuanto a la afectación del derecho de propiedad que el GCBA afirma le provoca el decisorio cuestionado, basta con señalar que no resulta suficiente alegar la imposibilidad de recuperar las sumas abonadas al actor con motivo de la cautela dispuesta, pues el recurrente olvida considerar que tales sumas constituirían la contraprestación por las tareas cumplidas por el agente (Voto del Ser. Juez José O. Casás). 7.- La doctrina de la arbitrariedad no tiene por finalidad abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse cuestiones de hecho y prueba, ni la corrección de fallos equivocados o que se consideren tales, sino que sólo admite los supuestos desaciertos y omisiones de gravedad extrema a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 8.- Los pronunciamientos sobre medidas cautelares en el marco de un proceso de amparo no constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, y es carga de quien recurre una decisión que no es definitiva invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 9.- La ley de amparo de la Ciudad califica, en principio, como `sentencias definitivas` recurribles por inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior, a aquellas decisiones que deciden sobre el mérito o fondo del asunto, ya que si así no fuera, el Tribunal debería intervenir en decisiones durante el trámite del juicio, en cualquier resolución interlocutoria e incluso en providencias simples ninguna de las cuales ponen fin al proceso. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz). 10.- Siempre que se esté ante una situación que, en principio, afecte la tutela efectiva o el derecho de defensa en juicio y que de no ser considerada en tiempo oportuno tornaría inútil el proceso, la resolución impugnada (cualquiera fuera) habilite el recurso extraordinario local, en tanto éste proponga una cuestión constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz). 11.- Las decisiones que imponen o niegan medidas cautelares son interlocutorias, y por regla, no habilitan su examen por intermedio del recurso de inconstitucionalidad, y no pueden equipararse sin más a sentencias definitivas. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). 15.- No es atendible la afirmación sobre la gravedad institucional invocada por el GCBA, si el impugnante no demostró cómo la medida cautelar que ordena la reincorporación del actor a las tareas que desempeñaba ha puesto en peligro al Estado. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). *** 3.- (Expte. nº 6160/08). 19/08/09. RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL: requisitos. Cuestión federal. Cuestiones de hecho y prueba. Interpretación de normas infraconstitucionales. Amparo. Sumarios: 1.- Los fundamentos sobre los que se intenta construir la impugnación remiten a cuestiones de hecho, prueba y normativa infraconstitucional aplicable a la decisión de la causa, que de manera alguna reviste índole federal. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde). 2.- La sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria, ya que la relación directa entre lo debatido y decidido y la cuestión que se reputa federal, que la ley exige, existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto constitucional aducido. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz). 3.- Cabe denegar el recurso extraordinario federal si las decisiones de los jueces de la causa se centraron en el análisis de los hechos y de las pruebas colectadas para finalmente concluir, en ambas instancias, que la vía del amparo resultaba improcedente en tanto no se había logrado demostrar arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la actuación del GCBA. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). *** 4.- (Expte. n° 6479/09). 19/08/09. RECURSO DE QUEJA: requisitos. Caso constitucional. Deserción del recurso. Tribunal superior de la causa. Cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional. Sumarios: 1.- Si bien las decisiones como la que declaró desierto el recurso de apelación, en principio, no satisfacen el recaudo objetivo de derivar del tribunal superior de la causa (art. 27, ley n° 402), sucede lo contrario cuando la resolución de la Cámara que desestima la apelación por defectos del memorial de agravios deja firme la sentencia definitiva de primera instancia. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 2.- La resolución dictada en segunda instancia que desestima la apelación por defectos del memorial de agravios deja firme la sentencia definitiva de primera instancia, final de mérito para el litigio, no priva a la Cámara de su carácter de superior tribunal de la causa en relación con el recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 27 LPTSJ. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 3.- Para que el recurso de inconstitucionalidad resulte admisible es preciso, además, que el recurrente impugne -con acierto- la decisión que declaró desierta su apelación, por razones de índole constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 4.- Para que el recurso de inconstitucionalidad pueda tener sustento, el recurrente está obligado a someter a consideración del Tribunal razones de naturaleza constitucional para cuestionar, exclusivamente, la declaración de deserción de la apelación, pues la Cámara no dictó una sentencia de mérito que permita debatir ante este estrado los aspectos constitucionales de la cuestión de fondo, tratada por la Sra. jueza de primera instancia. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 5.- Corresponde rechazar el recurso de queja si las consideraciones formuladas por el actor en el recurso de inconstitucionalidad relativas a que se decidieron cuestiones no pedidas, son sólo un nuevo intento por controvertir los motivos dados por la jueza de primera instancia para decidir como lo hizo, y no introduce ninguna cuestión constitucional en su presentación dirigida a refutar los argumentos vertidos en el pronunciamiento de la alzada que declaró desierto el recurso de apelación (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás). 6.- La mera cita de normas constitucionales no basta para considerar acreditada la adecuada correspondencia entre los derechos y garantías que se afirman conculcados y la sentencia recurrida. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 7 - Si las objeciones formuladas en el recurso de queja remiten a cuestiones de hecho y prueba ajenas -como principio- a esta instancia extraordinaria, de nada sirven las meras referencias a normas constitucionales que el actor expresa, pues carecen de la necesaria correspondencia entre ellas y la decisión impugnada (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 8.- El recurso de queja no es admisible si no contiene una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, y las exiguas e infundadas consideraciones que la quejosa formula no son más que una sintética y desvinculada reiteración de las que enunciara en el recurso denegado y no constituyen una impugnación fundada y autónoma del resolutorio impugnado (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano). 9.- La quejosa introduce tardíamente argumentos complementarios del recurso de inconstitucionalidad, desconociendo que el recurso de hecho no constituye una oportunidad procesal para que los litigantes procuren superar los defectos de fundamentación del recurso de inconstitucionalidad. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz). 10.- Las cuestiones referidas a la debida fundamentación de los recursos de apelación no habilitan, en principio, la admisión del recurso de inconstitucionalidad, puesto que son de índole procesal y se vinculan con aspectos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional, cuya dilucidación, por regla, es propia de los jueces de mérito. (Voto del Sr. Juez José O. Casas). 11.-La referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). *** 5.- (Expte. n° 6175/08). 20/08/09. RECURSO DE QUEJA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. EJECUCIÓN FISCAL: sentencia definitiva. Inhabilidad de título. Inexistencia manifiesta de deuda. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. CONTRATO DE TRABAJO. Arbitrariedad de sentencia. DEBIDO PROCESO. Tutela judicial efectiva. Sumarios: 1.- El recurso de queja no puede prospera respecto del agravio relativo a que el agente que suscribió el certificado de deuda que se persigue ejecutar no se encontraba habilitado para firmarlo, pues la decisión acerca de esas cuestiones en los procesos ejecutivos no constituye una sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad (cf. art. 27 de la ley 402), ni el recurrente ha demostrado que corresponda hacer excepción a ese principio. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz). 2.- El recurso de inconstitucionalidad fue mal denegado con relación a los planteos dirigidos a impugnar la sentencia de Cámara en cuanto no trató la excepción de inhabilidad de título fundada en la inexistencia manifiesta de actividad alcanzada por el hecho imponible del ISIB, a fin de acreditar la cual acude a pronunciamientos de la justicia del trabajo, pasados en autoridad de cosa juzgada, que habrían resuelto que entre el ejecutado y las empresas para las cuales trabajó medió un contrato de trabajo en los términos del art. 23 de la L.C.T. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 3.- La inexistencia de la deuda reclamada y poner a un trabajador en la situación de tener que pagar el tributo para luego repetir lo abonado, aun cuando por su situación de hecho, a la luz de lo que disponen las normas laborales, no debió facturar sus trabajos, tal como habría sido reconocido por la justicia del trabajo, llevan a hacer excepción a la regla según la cual no son definitivos los pronunciamientos emitidos en juicios ejecutivos que pueden ser revisados en ulteriores procesos de conocimiento, equiparando a definitiva la sentencia de Cámara en cuanto omitió tratar ese planteo, en atención a que la deuda ejecutada es manifiestamente inexistente. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 4.- Obligar a un trabajador a abonar un impuesto en el marco de una ejecución fiscal para que luego reclame los montos ingresados en un proceso de repetición ulterior cuando la prueba dirimente para resolver si existe la deuda reclamada es una que resulta de fácil producción, sin que su tratamiento se muestre como uno que venga a desvirtuar al proceso de ejecución, se contrapone a lo dispuesto en las normas laborales. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 5.- Asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el a quo no pudo dejar de tratar la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de pronunciamientos de la justicia del trabajo, pasados en autoridad de cosa juzgada, que habrían reconocido que la relación que unió lo unió con las empresas a las que facturó todos sus trabajos, fue un contrato de trabajo. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 6.- La sentencia de Cámara que rechazó el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el ejecutado constituye un supuesto de "sentencia arbitraria", por omitir expedirse sobre una cuestión esencial para la correcta solución del caso, consistente en la inexistencia de deuda -encuadrada en la excepción de inhabilidad de título- por no configurarse el hecho imponible del tributo reclamado en esta ejecución fiscal. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 7.- Dado que en el presente proceso ejecutivo, no se requiere un debate fáctico y probatorio que atente contra la celeridad y los límites cognoscitivos del juicio de apremio, sino simplemente solicitar la remisión y analizar el juicio laboral mencionado por el ejecutado, y la incidencia de lo allí resuelto en la pretensión fiscal ejercida en autos, la postergación de la discusión para un juicio ordinario posterior, significa un rigorismo formal incompatible con el respeto a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 8.- La falta de atención de la naturaleza de la vinculación laboral que alega haber mantenido el ejecutados con las firmas para las que trabajó, que se encontraría confirmada, en términos de verdad legal en una causa, con sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, de la justicia laboral, importa una renuncia consciente de atenerse a la verdad jurídica objetiva, con las implicancias disvaliosas que de ello pudieran derivarse, ya que, en tal caso, el demandado podría no resultar contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se le reclama en el cobro ejecutivo. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 9.- El hecho de que el pronunciamiento haya recaído en un juicio de ejecución fiscal, el cual, por regla, no constituye sentencia definitiva apta para habilitar la competencia de este estrado, no es óbice para dejar sin efecto la sentencia, si la quejosa invoca inexistencia manifiesta de deuda. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 10.- Corresponde hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad en relación al agravio dirigido a impugnar la falta de tratamiento por el a quo... (ver resumen completo)

 
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Expte. n° 6210/08 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad del Estado Casa de la Moneda c/ GCBA s/ acción meramente declarativa'"Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:1. La Sociedad del Estado Casa de Moneda inició una acción declarativa, en los términos del art. 322 CPCCN, con el objeto de obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de los arts. 43 y 168 del decreto 6137/91, del decreto 2107/92, como así también del acto administrativo que determinó una deuda por el pago indebido del tributo de alumbrado, barrido y limpieza (en adelante, ABL) correspondiente a los períodos 01/94 al 12/98, por el revalúo del inmueble propiedad de la actora sito en la Avenida Antártida Argentina 2085, de esta Ciudad de Buenos Aires(fs. 1/21).El GCBA contestó la demanda, solicitando su rechazo (fs. 25/40).2. La Sra. Jueza de primera instancia dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, y declarando la irretroactividad de los efectos de la recategorización efectuada por la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, Pavimentos y Aceras, ley 23.514 respecto al inmueble sito en la calle Agustín Magaldi Nº 1568 de esta Ciudad (Partida nº 0109656/8) (fs.2/7).3. Ante las apelaciones deducida por la demandada (fs. 72/82) y contestada por la actora (fs. 117/119), y la presentada por la Fiscal de Cámara y respondida por la accionante (fs. 120), la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió rechazar ambos recursos e imponer las costas de todo el proceso por el orden causado (fs. 84/90).4. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad contra dicha decisión (fs. 91/100), que fue contestado por la actora (fs. 121/122).La Cámara resolvió, en lo pertinente, no conceder dicho recurso de inconstitucionalidad (fs. 102/103), lo cual motivó la interposición de la presente queja por parte de la demandada (fs. 105/113).5. El Sr. Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propició que se rechace la queja articulada (fs. 130/132).Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:1. La queja interpuesta satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos legalmente (conf. art. 33 de la ley 402), sin perjuicio de lo cual no puede prosperar.Conforme fuera dicho reiteradamente por este Tribunal, la ausencia de una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los fundamentos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso en este supuesto, la ausencia de un caso constitucional-, obsta a la procedencia de la queja puesto que la presentación resulta así privada del fundamento tendiente a demostrarla (cf. el Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte.nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05).2. En sus recursos de inconstitucionalidad y queja, la demandada plantea los siguientes cuestionamientos contra la decisión de la Cámara que rechazó su apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia:a) Incongruencia en la valoración de la prueba acumulada en autos, ya que las constancias probatorias obrantes en autos (estatutos de la actora, escritura de protocolización de la titularidad de dominio) acreditarían la ausencia de buena fe en la conducta de la actora.b) Violación del principio de legalidad, en que habría incurrido la Cámara al considerar ilegítima la pretensión de la Administración de cobrar tributos por períodos ya cancelados, desconociendo los hechos probados en la causa (mejoras, ampliaciones y cambio de destino) y la normativa vigente.c) Arbitrariedad de la sentencia, lesiva del derecho al debido proceso, ya que la decisión de la Cámara ostentaría serios defectos de fundamentación y razonamiento.Sin embargo, la queja incurre en el mismo defecto del recurso de inconstitucionalidad precedente, ya que no alcanza a exponer una cuestión constitucional, sino tan sólo su discrepancia con la sentencia de la Cámara en cuanto a la valoración que el tribunal de mérito hizo de los hechos, la prueba y las normas infraconstitucionales aplicables -arts. 231 y 237 del Código Fiscal año 2006, t.o. decreto 2046/06-, cuestiones todas ellas ajenas al ámbito del recurso extraordinario local. Ciertamente, en ninguno de los recursos existe una argumentación de tipo constitucional que supere la mera enumeración de principios y artículos de la Constitución Nacional, brindando el fundamento que un recurso de esta naturaleza requiere para su procedencia.La referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita de modo preciso y fundado su cercenamiento, es insuficiente para sostener un recurso como el planteado pues, si bastara para ello la simple invocación de un derecho o garantía de tal jerarquía normativa, estos estrados se verían convertidos de ordinario en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (in re:"Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23 de febrero de 2000, en Constitución y Justicia (Fallos del TSJ(, Buenos Aires, 2000, t.II, ps. 20 y ss.); lo que no corresponde al rol que, en el diseño del Poder Judicial de la Ciudad, le ha sido asignado a este Tribunal por la Constitución.3. Estas insuficiencias argumentales no pueden ser salvadas por la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, ya que la sentencia de Cámara, más allá de su acierto o error -aspectos sobre los cuales no corresponde emitir opinión en esta oportunidad-, aparece adecuadamente razonada y fundada en los hechos y normas pertinentes.Para declarar ilegítima la pretensión de cobro del ABL correspondiente a períodos ya cancelados, el Dr. Corti sostuvo que "... para que el revalúo tenga efectos retroactivos debería acreditarse que la actora realizó ampliaciones o mejoras y no las informó a la Administración. Estimo que no hay en autos elementos suficientes que acrediten tal extremo (...) en el expediente se desconoce, conforme a las probanzas obrantes, si las reformas fueron introducidas efectivamente entre el año 1944 y 1985 o si son posteriores e imputables a la actora (art. 231 y 237 CF 2006) ..."(considerando XIV del voto del Dr. Corti, al que adhirió el Dr. Balbín, fs.87 vta./88). En el mismo sentido, el Dr. Centanaro consideró que "... no se encuentra claramente acreditado que la autora de dicha modificaciones haya sido la actora ..." (considerando 3 del voto del Dr. Centanaro, fs. 89vta.).No existe controversia en cuanto a que fueron realizadas modificaciones en el inmueble objeto del litigio, cuestión que la Cámara considera probada por la pericia obrante en autos. Pero, para la sentencia cuestionada, no está debidamente acreditada la autoría de dichas modificaciones, es decir, si fueron realizadas por la Sociedad del Estado Casa de Moneda -quien resulta titular dominial del inmueble desde el año 1985-, o por otros sujetos que hubiesen ocupado dicho inmueble con anterioridad.Para la Cámara, la indeterminación del momento en que fueron realizadas las modificaciones y, en consecuencia, si le son imputables a no a la actora, obstaculiza la pretensión de cobro retroactivo del GCBA. Ese es el meollo argumental de la decisión cuestionada, que debía ser refutado por la recurrente, ya sea demostrando su falsedad o su falta de aptitud para fundamentar la resolución de la causa, pero no lo hizo.Por el contrario, en su recurso de queja, la recurrente defiende la legitimidad de su pretensión fiscal con el siguiente argumento: "... de las mismas constancias de la causa surge que el inmueble sufrió un aumento de la superficie de 2.948 m2, un cambio de destino en la superficie de 39.211m2 que dejó de ser garaje a taller y que se realizaron mejoras que aumentaron el año constructivo y la categoría que llevó al inmueble a ser categorizado de 'D' a 'C' ..." (fs. 111); "... la actora no denunció nunca las ampliaciones y mejoras introducidas en el inmueble, pesando dicha denuncia sobre el contribuyente ..." (fs. 108 vta.), y "... omitir esa denuncia lleva al contribuyente al incumplimiento de sus deberes lo que trae aparejado la aplicación de sanciones ..." (fs. 108 vta.). Dichas afirmaciones resultan dogmáticas porque no explican suficientemente en qué elementos de prueba se fundamenta el GCBA para concluir que la actora realizó dichas modificaciones y omitió denunciarlas.En conclusión, la recurrente demuestra una mera discrepancia con el desarrollo argumental de la Cámara que no resulta suficiente para demostrar la irrazonabilidad del fallo. Y este Tribunal ha dicho desde antiguo que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (conf.este Tribunal in re "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. I, ps. 282 y ss., entre otros). Y en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros).4. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.El juez Julio B. J. Maier dijo:Adhiero al voto de mi colega, la jueza Ana María Conde.La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:En atención a lo expresado en el punto 1 de los fundamentos del voto de la Sra. Jueza de trámite, voto por desestimar el recurso de queja, por improcedente. Con costas.El juez José Osvaldo Casás dijo:1. Adhiero a los fundamentos y conclusiones expresados por la jueza de trámite, doctora Ana María Conde, expidiéndome, por ende, por el rechazo del recurso de queja incoado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2. Estimo del caso reafirmar que la sentencia recurrida, más allá de su acierto o error, no ha sido conmovida por los agravios agitados por la parte demandada, la que tampoco ha logrado articular un caso constitucional apto para instar la intervención de este estrado.3. De todos modos, obiter dicta, me permito efectuar algunas consideraciones sobre el tema que ha sido objeto de tratamiento en la sentencia. Es que estimo que el obrar diligente de cualquier comprador quizás excepcionando los supuestos de adquisición de unidades bajo el régimen de la ley nº 13.512 de propiedad horizontal en los que la conformación de los polígonos enajenados y su superficie en metros cubiertos, semicubiertos y descubiertos, como el porcentual y superficies comunes, resulta del plano de mensura horizontal que actúa como base para el otorgamiento de reglamento de copropiedad y administración-, no se agota en requerir, previo a la escritura, el estudio de títulos, sino que demanda también recabar del transmitente los planos de construcción de lo edificado debidamente aprobados, así como el certificado de final de obra, para confrontar las especificaciones en él contenidas con las construcciones efectivamente existentes sobre el terreno.Ello es así, en razón de que, de no cumplirse tal recaudo, quien compra, por ejemplo, una casa, puede estar adquiriendo en realidad una construcción clandestina, incluso imposible de regularizar con posterioridad, mediante su denuncia ante los organismos pertinentes, en tanto no se ajuste a las especificaciones contenidas en la reglamentación edilicia vigente y en función de su localización.De cumplirse tal elemental recaudo, se conjuraría la posibilidad de que un comprador se viera damnificado por la existencia de construcciones total o parcialmente no declaradas, perjuicios que no se agotan, valga enfatizarlo, en un eventual reclamo de diferencias tributarias por impuestos o tasas inmobiliarias.Más aún, en algunas jurisdicciones -tal el caso de la Provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la sanción de la ley nº 11.432, con vigencia a partir del 1º de enero de 1994, por la que se modificó la Ley de Catastro provincial, nº 10.707- se exige para la constitución, modificación o transmisión de derechos reales, la intervención de un agrimensor para verificar la subsistencia del estado parcelario y la captura por el organismo fiscal de las construcciones o mejoras no declaradas que pudieron producirse en los inmuebles.En tales condiciones, lo que está en juego en supuestos como el de autos es un obrar diligente, esto es sin ligerezas o imprudencia, por parte de quien adquiere un inmueble edificado, constatando al momento de su compra que las construcciones se han realizado conforme un plano autorizado y que se ha obtenido el certificado de final de obra, lo que permite, no sólo garantizar que las construcciones no revisten carácter clandestino y se adecuan a las exigencias de la legislación sobre la materia, sino también que se ha suministrado información veraz para que el organismo fiscal de la jurisdicción pueda practicar con justeza la determinación tributaria y cuantificar el deber de contribuir a cargo del propietario o poseedor del inmueble.Lo expresado, cobra significación ya que si bien es doctrina firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos de condena, a partir de la causa: "Doña Sara Doncel de Cook contra la provincia de San Juan sobre repetición de lo pagado" -Fallos: 155:290-, sentencia del 6 de septiembre de 1929, que el pago genera efectos liberatorios y un derecho adquirido que impide el progreso de reclamaciones ulteriores al cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, también se ha señalado, en otra familia importante de pronunciamientos del Alto Tribunal, que cabe descartar tales efectos cuando no ha mediado buena fe de parte del contribuyente, en los casos en que los pagos fueron provisorios o sujetos a reajuste, o cuando lo oblado quedó sujeto a la posterior revisión de la Administración en base a la documentación presentada (causas:"Andrés Federico René Tomás de Chateaubriand v. Provincia de Santa Fé" -Fallos:311:389-, sentencia del 23 de junio de 1948; "Rosa Campomar de Echeverría v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" -Fallos: 218:596-, sentencia del 30 de noviembre de 1950; "Flora C. Villate de Anchorena v.Nación Argentina" -Fallos: 220:5-, sentencia del 4 de junio de 1951; "Carlos Dumas y Otros v. Nación Argentina" -Fallos: 220:23-, sentencia del 4 de junio de 1951; "Compañía Argentina de Electricidad S.A. Argentina v.Provincia de Buenos Aires" -Fallos: 224:935-, sentencia del 22 de diciembre de 1952; "S.A. Ducilo v. Obras Sanitarias de la Nación" -Fallos:225:703-, sentencia del 28 de mayo de 1953; "Luis Juan Firpo Miro y Otros v. Provincia de Santa Fé" -Fallos: 225:719-, sentencia del 28 de mayo de 1953; "Sociedad Anónima Pereda Limitada, Ganadería, Comercio, Industria v.Provincia de Santa Fé" -Fallos: 228:72-, sentencia del 8 de febrero de 1954; "Ángela L. Roccatagliata de Masi v. Nación Argentina"Fallos: 229:441-, sentencia del 27 de julio de 1954; "Liebig's Extract of Meat Company Ltda. v. Dirección Nacional de Aduanas" -Fallos: 273:351-, sentencia del 9 de mayo de 1969; "S.A. Roberto Berlingeri v. Nación Argentina" -Fallos: 276:151-, sentencia del 1° de abril de 1970; "S.R.L.Estancias San Gara v. Provincia de Corrientes" -Fallos: 299:379-, sentencia del 27 de diciembre de 1977; "S.A. Industrias Plásticas por Extrusión C.I.F." -Fallos: 300:792-, sentencia del 18 de julio de 1978, entre muchos otros).4. Adviértase, por otro lado, que el reclamo fiscal no se endereza a hacer cargar con las diferencias de los tributos que pesan sobre el inmueble de marras a un tercero distinto del contribuyente deudor, lo que demandaría de expresa disposición legal, según acertadamente se indica en la sentencia del a quo, sino de hacer pesar sobre el propietario por los años no prescriptos y en los que fue titular de dominio, utilizó el bien y detentó la capacidad contributiva gravada, los tributos en la entidad legal establecida (incluso tasas retributivas de servicios), impidiendo que éste se prevalga de los datos que condujeron a que permaneciera desactualizada una determinación tributaria errónea como consecuencia de construcciones sobrevinientes que alcanzaron a tres mil metros cuadrados cubiertos, los cuales, cualquiera fuere el período en el cual fueron incorporados, existían, por estar en ello contestes las partes y haberse resuelto así por sentencia, en tal aspecto devenida firme, durante los años por los cuales se realiza el reclamo en razón de no estar prescriptos las acciones y poderes del fisco para procurar su pago.5. Hechas las prevenciones antecedentes, cabe recordar que la regulación legal -art. 237 del Código Fiscal- sólo permite la retroacción de los reclamos tributarios por diferencias entre la realidad constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario en tanto se demuestre dolo del contribuyente -sin perjuicio de la presunción iuris tantum que seguidamente establece cuando no se han notificado las altas al Organismo recaudador, sin precisar si abarca, además de las realizadas por el propietario, a las preexistentes y que no pudieron pasar inadvertidas por el titular de dominio-, dispositivo cuya interpretación, al igual que la ponderación acerca de si se ha configurado tal extremo subjetivo, por regla general, corresponden a los jueces de la causa, lo que me veda rever las conclusiones a que se arribara en la sentencia en recurso.Más allá de las reflexiones que he volcado en los puntos 3 y 4 de estos fundamentos singulares, me pronuncio, como lo anticipara, por el rechazo de la queja.Así lo voto.Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita este expediente, a la Sala de la Cámara que tomó intervención en el juicio, para que sea agregado a los autos principales.El juez Luis Francisco Lozano no vota por estar en uso de licencia.

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