Sentencias interlocutorias de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2009 (caso Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios)

Fecha de Resolución:14 de Julio de 2009
Emisor:Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
RESUMEN

Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios 1.- "Deheza SAICF e I s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Deheza SACIF c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'". (Expte. n° 6194/08). 03/06/09. RECURSO DE QUEJA: requisitos. Caso constitucional. Cuestiones de hecho y prueba. Multa tributaria: naturaleza. Ley penal más benigna: aplicación a personas jurídicas. Condonación de la sanción. Sumarios: 1.- Las objeciones relativas a la validez de la sanción, al margen de la mención de las garantías constitucionales invocadas, remiten al análisis de la inteligencia asignada al art. 77 del Código Fiscal, así como a la valoración de cuestiones de hecho y prueba, circunstancia que constituye, por regla, una tarea privativa de los jueces de mérito y ajena al ámbito del recurso de inconstitucionalidad. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz, Julio B. J. Maier y Ana María Conde). 2.- No se menoscaban los principios de aplicación de la ley penal más benigna, de legalidad, de razonabilidad e igualdad, con motivo de que la multa cuestionada se encuentra condonada de oficio en virtud de lo dispuesto por la leyes 671 y 1078, pues la ley penal más benigna opera cuando se morigeran, a favor del imputado, las consecuencias atribuidas a una conducta reprochada por el ordenamiento, de modo que excede ese ámbito el supuesto en el que una ley, previo cumplimiento de requisitos en ella establecidos, enerva la sanción impuesta a raíz de una conducta prohibida que no se modifica en ningún aspecto y sigue constituyendo un ilícito. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 3.- No se verifica un supuesto de aplicación del principio de ley penal más benigna, si la omisión de pago de los tributos ha sido siempre punible (sancionable administrativamente con multa) y el recurrente no refiere su queja al hecho de una modificación legal de la sanción, sino que, antes bien, se trata tan sólo de establecer si el contribuyente deudor está incluido o excluido de una moratoria impositiva (leyes locales nº 671 y nº 1078), que, entre sus consecuencias, incluyen el perdón de la sanción de multa, en una especie de conmutación o amnistía para ese deudor. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). 4.- No obsta a la invocación del principio de ley penal más benigna la circunstancia de tratarse de una sociedad anónima, al menos en función de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando debió expedirse sobre las garantías judiciales instituidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dejó expresado que los principios de mención resultaban aplicables tanto a las personas físicas como a las de existencia ideal. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 5.- Las regulaciones normativas que se invocan con la pretensión de lograr la condonación de la multa -leyes nos 671 y 1.078 y los decretos reglamentarios nos 2.076/2001 y 1.736/2003-, no conducen a que se opere la aplicación del principio de ley penal más benigna, pues se trata de leyes intermedias que, al tener circunscripta su vigencia, tuvieron naturaleza excepcional y no revisaron la condición de prohibida de la conducta reprochada por el ordenamiento, con lo cual la omisión de impuestos permaneció siendo ilícita. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 6.- El hecho de que se privilegie a un contribuyente que se encontraba en la marginalidad fiscal y que de modo remiso regularizó su situación tributaria, condonándole la multa y, total o parcialmente, los intereses, mientras que, correlativamente en paralelo, se mantiene la sanción respecto de otro contribuyente que obló el total de su obligación -incluso con anterioridad al pago del primer contribuyente- y continuó discutiendo solamente la procedencia de la multa, parece un dualismo difícil de justificar. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). 7.- No se verifica la afectación de los principios de igualdad y de razonabilidad en la selección para conformar los distintos grupos de contribuyentes, permitiendo a los incumplidores tributarios, y particularmente a aquellos, el acogimiento a regímenes que les facilitan pagar tarde, hacerlo en moneda devaluada -a falta hoy de indexación legal-, y ver condonadas multas e intereses, generando en el colectivo de los contribuyentes una indisimulable sensación de desánimo. (Voto del Sr. Juez José O. Casás). *** 2.- "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zoccoli, Ezequiel c/ GCBA s/ daños y perjuicios'". (Expte. n° 6196/08). 03/06/09. RECURSO DE QUEJA: requisitos. Sentencia definitiva. Contestación extemporánea de la demanda. Sumarios: 1.- Cabe rechazar el recurso de queja si no se demuestra que el objeto recurrido sea una sentencia definitiva o, al menos, que la decisión sea equiparable a una sentencia de esas características. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto de las Sras. Juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde). 2.- El cuestionamiento de la decisión interlocutoria de la Cámara que, en el marco de un litigio por daños y perjuicios, tuvo por extemporánea la contestación de demanda presentada por el recurrente, no se dirige contra una sentencia que revista el carácter de definitiva, emitida por el tribunal superior de la causa, a la que hace referencia el art. 27 de la ley local n° 402, como presupuesto del recurso de inconstitucionalidad. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano). 3.- El recurso de queja no acredita que la decisión de la Cámara, que tuvo por extemporánea la contestación de demanda presentada por el recurrente, genere un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, único supuesto en el que, para cierta doctrina, cabría equiparar una decisión como la criticada a una sentencia definitiva. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). 4.- Sólo puede admitirse equiparar una decisión que no es definitiva a una sentencia de tal carácter, cuando el texto de la propia garantía constitucional, o un texto constitucional explícito, consuma la equiparación y requiera que el tribunal, por intermedio del recurso característico, opine sobre la constitucionalidad de la regla aplicada, que pone en juego una garantía específica. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). 5.- No hay omisión por parte del a quo, de aplicar lo dispuesto en los arts. 119, inc. 6 y 286 del CCAyT, si el recurrente parte de la premisa errónea de que se trataba de un plazo indeterminado para la contestación de la demanda, pues surge de las actuaciones que el plazo para contestarla se encontraba claramente determinado en la resolución de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción interpuesta por su parte. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás). 6.- Para equiparar un decisorio a uno de carácter definitivo, deben brindarse fundamentos tendientes a demostrar el carácter irreparable del agravio que supuestamente causa el pronunciamiento en crisis. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde). *** 3.- (Expte. n° 6398/09). 10/06/09. RECURSO DE QUEJA: sentencia definitiva. Recusación de juez. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: temor razonable de parcialidad. Sumarios: 1.- Cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad pues no se ha demostrado que la actitud del juez recusado en que el GCBA apoya el pedido de apartamiento suscite al recusante un temor razonable de parcialidad sobre la actuación, en esta causa, del magistrado al que le ha sido asignada, conforme las reglas generales dispuestas a ese fin con carácter previo. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhieren los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde). 2.- La circunstancia de que ni el Jefe de Gobierno ni el Procurador General son parte en el pleito ni se ve que tengan intereses personales en él, no obstante que se esté juzgando el modo en que ha ejercido y ejerce sus facultades el gobierno encabezado por el primero y asistido en el máximo nivel por el segundo, introduce un hiato entre lo que pueden ser las inclinaciones del juez y la posibilidad de que se traduzcan en decisiones en la causa. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhieren los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde). 3.- La decisión que pone fin al incidente de recusación de un magistrado no es una sentencia definitiva, en tanto el proceso seguirá su curso hasta que se dicte una decisión de mérito, después del litigio entre las partes, que revista ese carácter, esto es, que ponga fin al asunto mediante una solución que responda al objeto material que se demanda y sobre la base del cual se ejerció la defensa. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). 4.- (Expte. n° 6419/09). 10/06/09. RECURSO DE QUEJA: requisitos. Sentencia definitiva. Recusación de juez. Sumarios: 1.- Cabe rechazar el recurso de queja si el recurrente, no obstante habérsele requerido en dos oportunidades la presentación de la copia del escrito por el cual presumiblemente habría recusado al juez de grado por la causal prevista en el inc. 3º del art. 11 del CCAyT, no la acompañó, pues tal pieza resulta ser un elemento esencial para el tratamiento del recurso deducido, desde que es la que dio origen a la sentencia que hoy es objeto de queja, circunstancia que impide al Tribunal adentrarse en el conocimiento del recurso articulado. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás). 2.- La decisión que pone fin al incidente de recusación de un magistrado no es una sentencia definitiva, en tanto el proceso seguirá su curso hasta que se dicte una decisión de mérito, después del litigio entre las partes, que revista ese carácter, esto es, que ponga fin al asunto mediante una solución que responda al objeto material que se demanda y sobre la base del cual se ejerció la defensa. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier). En ambos expedientes se agrega copia de la sentencia dictada en los autos (Expte. nº 6190/08. 05/03/09). Se transcriben los sumarios referidos a dicha resolución: Sumarios: 1.- La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad en un incidente de recusación no es la sentencia definitiva a la que se refiere el art. 27 de la Ley n° 402, porque no resuelve el pleito ni impide su continuación, pero es equiparable a ella, por la gravedad institucional emergente de la circunstancia de que el supuesto sobre cuya base la recurrente viene cuestionando la intervención en la causa del juez se repite en todas o casi todas las que tiene asignadas y a las que en el futuro le serán asignadas a ese magistrado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 2.- Las normas supralegales (arts.18 de la CN y 13, inc.3º de la CCBA) garantizan la imparcialidad de los jueces al individuo gobernado, y dicha condición opera también en beneficio del Estado, cuando por medio de la ley se le otorga al gobierno litigante el derecho a recusar como lo hacen los particulares. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 3.- La selección del juez debe ser producto de reglas, y no de criterios personales, y también debe serlo su separación, para asegurar tanto la imparcialidad como el carácter natural de la asunción de competencia en el caso; o, mejor aún, para asegurar lo primero cumpliendo con lo segundo. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 4.- El CCAyT de la Ciudad de Buenos Aires contempla el instituto de la recusación en causas en que la Ciudad es parte, sin establecer diferencias en su utilización por parte del GCBA, y los supuestos del art.11 de ese cuerpo legal deben ser leídos teniendo en mira el aseguramiento de la imparcialidad, y con ese propósito, interpretados teleológicamente, razón por la que las hipótesis no contempladas pueden ser deducidas de la CCBA en la medida en que su admisión constituya el único modo de asegurar la imparcialidad. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 5.- La imparcialidad del juez funciona como parte de la garantía constitucional de defensa en juicio, que asiste al particular frente al Estado, y el apartamiento del juez corresponde cuando existe razonable temor de que esté influido, respecto del resultado del pleito, por razones distintas a las que constituyen el contenido del debate. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 6.- Las causales de recusación (coincidentes con las que de concurrir imponen la carga a los magistrados de excusarse) deban ser leídas con las adaptaciones del caso cuando la parte recusante es el Estado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 7.- Los supuestos de recusación previstos en el art. 11 del CCAyT no deben ser leídos en forma taxativa, sino teniendo en mira el aseguramiento de la imparcialidad del juez, y procurando su adecuación en cada caso, en particular cuando el estado es el recusante. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 9.- Las facultades que detenta el Estado para solicitar el apartamiento de un juez en un litigio varían según ese Estado opere en un sistema en el cual el pueblo se reservó el poder de enjuiciar a sus magistrados o en uno en el que se despojó de él, pues, en el primer caso, la causal invocada en el proceso judicial no podrá coincidir con aquellas otras que darían lugar al juicio político; en cambio, en el segundo, el legislador podría disponer que tanto unas como otras causales den lugar a la recusación del magistrado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 10.- Las causales de recusación están concebidas como supuestos en que alguna relación del juez con la materia a debatir o las partes en el debate lo involucra de manera tal que se hace aconsejable apartarlo aun antes de que se expida acerca de cualquier cuestión relevante, en bien de la certeza acerca de la imparcialidad con que la decisión final o cualquiera de las intermedias será emitida. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano). 11.- El apartamiento de un magistrado no puede quedar sometido al libre arbitrio de un funcionario o, incluso de un abogado de la Administración, y admitir que el solo hecho de existir una causa pendiente entre el Gobierno y el juez es suficiente para que se conceda una recusación, implica, en la práctica, brindar al GCBA la posibilidad de elegir cuáles expedientes está... (ver resumen completo)

 
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E.. nº 6181/08 "Q. de B., I. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en

'Q. de B., I. c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp.

médica)'"

Buenos Aires, 1 de julio de 2009

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

  1. La Sra. I.Q. de B. promovió una demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) por los daños y perjuicios ocasionados por su obrar ilegítimo, por la suma de

    $748.000, o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse en autos (fs. 25/32).

    Relató que en el año 1990 la ordenanza n° 44620 permitió la instalación de una galería comercial en la zona de Retiro -en la Av. Ramos M., entre el ferrocarril General S. M. y la Av. Antártida Argentina, sobre la acera de la terminal de ómnibus de media y larga distancia- de esta ciudad, y que le fue adjudicado el local nº 15, de los 32 que integraban la galería. Posteriormente, el decreto n° 337/91, del 7/2/1991 reglamentó la ordenanza, estableció la nómina de las personas habilitadas para la explotación del establecimiento (Anexo I) e indicó que el permiso sería por diez años a partir de la fecha de la entrega del local

    (art. 3). Intempestivamente, el día 12/12/1998, a las 3 de la madrugada, fue desalojada violentamente junto al resto de los puesteros por orden del Poder Ejecutivo del GCBA, los locales fueron íntegramente destruidos durante el operativo, gran parte de la mercadería fue requisada y el resto destruida junto sus efectos personales, enseres y documentación.

    Reclamó, en concreto, los siguientes rubros y sumas: a) daño emergente, $29.000; b) lucro cesante, $294.000; c) daño moral, $200.000; d)

    daño psíquico, $15.000 y e) pérdida de chance, $210.000.

  2. El GCBA contestó la demanda (fs. 33/52). Sostuvo que se trató de un permiso de uso sobre bienes del dominio público municipal, que, como tal, podía ser revocado cuando la Administración lo juzgara pertinente, sin dar lugar a indemnización alguna a favor del permisionario. Expresó que estaba previsto en el decreto n° 337/91 como causal de revocación o caducidad de los permisos el incumplimiento de las exigencias impuestas; y la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no dando en ningún caso lugar a reclamo, compensación o indemnización alguna. Agregó que el GCBA por decreto n° 2358, del 4/11/1998 ratificó la clausura de la galería de ventas "Paseo del Retiro" ordenada por el interventor de la Dirección General de Policía Municipal por disposición 2086-DGPM-97 del 22/12/1997, sobre la base del relevamiento practicado el 23/7/1997 por personal de la Policía Federal Argentina, la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario y 3 escribanos de la Escribanía General. En el relevamiento advirtieron numerosas irregularidades; en particular, se hizo referencia a que la mayoría de las personas relevadas no pertenecían al listado del Anexo I del decreto n° 337/91, se hace constar la venta de productos no autorizados, y la infracción al art. 15 del citado decreto, en cuanto imponía que los locales, sectores internos y aledaños debían mantenerse en perfectas condiciones de higiene. Se señaló la contravención a ciertas normas del código de edificación, y, por último, la tramitación de una causa penal por presunta falsificación de instrumento público referente al certificado de habilitación de la galería. Agregó que el decreto n° 2358 se refiere a la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia ya que por nota nº 253 del 20/03/95, los Secretarios de Transporte y Obras Publicas y Comunicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación requirieron al Intendente municipal el traslado de la galería comercial porque afectaba directamente la posibilidad de habilitar un nuevo acceso peatonal en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires.

  3. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda (fs. 53/56).

    Condenó al GCBA a pagar a la actora la suma total de $29.000, de los cuales

    $24.000 corresponden a lucro cesante y $5000 a daño moral. No hizo lugar al daño emergente, a la pérdida de chance ni al daño psicológico. La sentencia estableció que el decreto n° 2358/98 que revocó el permiso de ocupación otorgado por el decreto 337/91, era un acto regularmente motivado y la actora no produjo prueba alguna que desvirtuara las razones vertidas por la Administración en ese acto. Concluyó que la revocación estuvo fundada en causas debidamente justificadas, y que si bien ello no debiera dar lugar a resarcimiento alguno, concluyó que debía reconocer cierta indemnización porque la desocupación intempestiva importó una vía de hecho administrativa inexcusable. Fundó esa apreciación en que el decreto n° 2358/98, dictado el 4/11/1998, recién fue publicado en el boletín oficial de la ciudad con posterioridad al desalojo de la actora, el 16/12/1998. Respecto de la indemnización, el fallo consideró que no se probó el daño emergente y el daño psicológico y rechazó la pérdida de chance ya que ella no procede ante el carácter precario del permiso otorgado a la actora. Con relación al lucro cesante, de acuerdo con la prueba pericial se consideró acreditado que la actora percibía $1.000 mensuales, en promedio; suma que aplicó al plazo de 2 años restantes desde la vía de hecho hasta el vencimiento del permiso. El daño moral fue establecido en la suma de $5.000.

  4. La actora apeló la sentencia y expresó agravios (fs. 57/64

    vuelta). El GCBA no los contestó...

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