ASSINE SA c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA s/PROCESO DE EJECUCION

• Fecha: 31 Octubre 2017
• Número de expediente: CCF 006884/2014/CA001
• Número de registro: 179200037

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I Causa Nº 6884/2014/CA1 S.I. “ASSINE SA c/ Estado Nacional

Ministerio de Defensa s/ Proceso de Ejecución”

Juzgado Nº 2 Secretaría Nº 4 Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a

fs. 312/313 –concedido a fs. 314, fundado a fs. 317/337 (contestado por la

parte actora a fs. 341/357), contra la sentencia de fs. 304/306, y;

CONSIDERANDO:

1. El magistrado de primera instancia rechazó la totalidad de

   las excepciones interpuestas por el Estado Nacional e hizo lugar a la

   demanda promovida por A. SA, con costas. En consecuencia, ordenó

   llevar adelante la ejecución hasta el íntegro pago de la cantidad de U$S

   2.293.500 en concepto de capital con más los intereses fijados en el

   considerando N° V hasta su efectivo pago (cfr. fs. 304/306).

2. Contra dicho pronunciamiento, se alzan ambas partes (cfr.

   fs. 310 y a fs. 312/313, actora y demandada, respectivamente).

   Mientras que la parte actora ha desistido del recurso de apelación

   interpuesto (cfr. fs. 339 y fs. 340), el Estado Nacional pretende la

   revocación de la sentencia recurrida y el rechazo de la demanda con costas.

   A tal efecto, señala que la sentencia en recurso además de rechazar

   las excepciones de incompetencia, falta de personería en el demandante,

   inhabilidad de título y de pago parcial, omitió el tratamiento de las defensas

   de oposición a la vía ejecutiva, excepción de arraigo, falta de agotamiento

   de la vía administrativa, falta de legitimación activa y el planteo de

   prejudicialidad formulados en su escrito de oposición de excepciones y la

   contestación subsidiaria de demanda con expreso pedido de prueba.

   Asimismo, mantiene la reserva de ordinarizar.

   En particular, considera que el pronunciamiento resulta arbitrario y

   agravia su derecho de defensa en juicio al no decidir sobre el derecho

   aplicable ni su naturaleza como supuesto de competencia; ni tampoco sobre

   la relación jurídica en que se determinan las cuestionadas legitimaciones de

   Fecha de firma: 31/10/2017 Alta en sistema: 03/11/2017 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-URIARTE, #24453865#179200037#20171101082044922 las partes. Asimismo, sostiene que la decisión en recurso ignora la

   necesidad de agotamiento de la vía administrativa concediendo la vía

   ejecutiva al admitir como título un documento carente de autenticidad.

   Entiende que corresponde la competencia contencioso administrativa

   (Ley 13.998, artículo 45 inciso a)) por cuanto el caso en examen: a) hace a

   la organización administrativa del Estado Nacional (Fallos 329:1377); b)

   por tratarse de una contratación administrativa se encuentra regulado en la

   Ley 19.549, Ley N° 24.156, Decreto N° 1023/2001, Decreto N° 436/2000

   que revisten el carácter de normas federales y de orden público; c) se halla

   en juego el presupuesto nacional; y d) se contraponen una contratación

   administrativa con una pretendida rápida ejecución carente de toda aptitud

   para ello.

   Agrega que la competencia en lo contencioso administrativo

   se reclama por el órgano productor del acto, porque interviene el Estado,

   por la materia en debate, por su contenido jurídico y por el derecho que se

   procura hacer valer, concluyendo que el caso se encuentra subsumido en el

   derecho administrativo (art. 45 inc. a de la Ley 13.998).

   Según su entender, no se trata de resolver una cuestión bajo la

   órbita del derecho aeronáutico ni de la navegación, sino de determinar que

   un contrato realizado bajo el amparo de las normas administrativas sea

   interpretado como tal y en su relación con el cocontratante siendo

   aplicable el derecho administrativo y no otro como el aeronáutico o el de la

   navegación.

   Explica que de acuerdo con el texto del Pliego de Bases y

   Condiciones (PByC) y de lo que surge de las constancias de autos

   acompañadas por la parte actora, lo que se contrató es el Servicio de

   Reaprovisionamiento y cambio de las dotaciones de las Bases Antártica

   para la Zona de Bahía Vahsel, G.S. 77 ° 52’ s 34° 37’ s

   Campaña Antártica de Verano 2012/2013, de la cual el transporte es sólo

   una parte de la totalidad de los servicios contratados (confr. argumentos a

   fs. 323vta./326vta.).

   En segundo término, critica la sentencia por el rechazo de la

   excepción de falta de personería interpuesta. Al respecto, aduce que el

   escueto párrafo del sentenciante para desestimarla no da cuenta de la

   Fecha de firma: 31/10/2017 Alta en sistema: 03/11/2017 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-URIARTE, #24453865#179200037#20171101082044922 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I relación a la que hace mención la propia actora, que en la demanda explica

   la presente acción en sus antecedentes contractuales y para ello alude a una

   supuesta representación de Transport & Services S.A. sobre A. S.A.

   Asimismo, agrega que el Estado Nacional rechaza toda relación directa o

   indirecta y/o por representación y/o de cualquier tipo con la actora A.

   SA. Sostiene que no se trata de un contrato en el cual se haya previsto una

   estipulación a favor de terceros por lo que en la cadena de representación

   invocada por la parte actora haría falta que se acreditara el vínculo en

   representación con Transport & Services, luego el vínculo de ésta en

   representación con el Estado Nacional y no exclusivamente la

   representación formal entre A. y su letrado. Reitera que entre A.

   S.A. y el Estado Nacional no hay ninguna relación jurídica.

   Según su entender, el tratamiento de la excepción de falta de

   personería rechazada por el magistrado junto con la falta de legitimación

   activa omitida en la sentencia recurrida permitirían aclarar la relación

   existente entre el Estado Nacional y su adjudicatario y entre éste y la

   empresa que contrató para prestar el servicio.

   En tercer lugar, disiente con la remisión realizada por el

   magistrado respecto de lo decidido en la materia de habilitación de la

   instancia para desestimar la excepción de falta de agotamiento de la vía

   administrativa opuesta. Afirma que la omisión de su tratamiento importa un

   acto de arbitrariedad y un agravio de indefensión para el Estado Nacional.

   Al respecto, señala que en autos se combina la falta de habilitación de

   instancia con la pretensión de cursar la vía ejecutiva. Afirma que debe

   existir un pronunciamiento expreso por parte de la administración, pues de

   lo contrario se conculcan sus derechos de propiedad y de defensa en juicio.

   Se queja también de la omisión, en lo fáctico, del tratamiento

   relativo a la pertinencia de la vía ejecutiva y la oposición planteada.

   Sobre este punto, sostiene que resulta improcedente la acción

   ejecutiva en razón al específico régimen jurídico que regula los fondos,

   valores y demás medios de financiamiento afectado a la ejecución

   presupuestaria de la Nación. Destacando la gravedad institucional que se

   configuraría en el supuesto en que el Estado Nacional efectuara un pago sin

   causa. Pone de manifiesto que al invertirse la carga de la prueba y acortarse

   Fecha de firma: 31/10/2017 Alta en sistema: 03/11/2017 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-URIARTE, #24453865#179200037#20171101082044922 los plazos, el Estado Nacional se ve privado de determinar la certeza del

   crédito que se le reclama y su monto así como también se le impide

   verificar la legitimidad de la acreencia.

   Reitera su petición que se ordene el cumplimiento de los

   recaudos legales que posibiliten a la Nación a una amplitud de debate

   acorde con las prerrogativas de poder público lo que resulta imposible de

   realizar en el marco de un proceso ejecutivo.

   Destaca la inhabilidad del título, señalando que no se está en

   presencia de un supuesto en que el Estado Nacional haya emitido un título

   ejecutivo por la ausencia de un funcionario competente ni tampoco ha sido

   certificado por autoridad alguna, sino que se trata de un documento emitido

   unilateralmente por quien no tiene ninguna relación con el Estado Nacional.

   En particular, reitera que ha negado la existencia de la deuda, que no hay

   legitimación sustancial activa de la actora, que el título que se pretende

   ejecutar no se encuentra comprendido dentro de los enumerados en el

   Código Civil y Comercial de la Nación, que no ha recibido certificación

   alguna, que no reúne los requisitos a los que la ley condiciona su fuerza

   ejecutiva y que carece de idoneidad jurídica. Destaca también que es la

   parte actora quien alude a la contratación como origen de su reclamo en

   cuya virtud emitió unilateralmente una factura y que supone que, mediante

   su emisión, ha generado un título ejecutivo, que el monto facturado lo ha

   sido sobre la base de su propia interpretación de una condición existente en

   un Pliego Bases y Condiciones Particulares y que necesita que el

   magistrado le otorgue el carácter de análogo por cuanto carece de él.

   Agrega que el título resulta inidóneo porque el juez “a quo” ha tenido que

   recurrir a una supuesta analogía para habilitarlo, destacando que los

   documentos cartulares habilitados para esta vía se encuentran enumerados

   taxativamente en la legislación (cfr. fs. 331).

   Disiente con la desestimación de la excepción de pago

   opuesta por concluir que no resulta procedente oponer simultáneamente las

   excepciones de inhabilidad de título y de pago.

   Sobre el tema destaca que no desconoce los requisitos

   impuestos en el código de rito en el art. 544, inc. 6. Asimismo, especifica

   que al realizarse la contratación mediante un proceso de Licitación Pública

   Fecha de firma: 31/10/2017 Alta en sistema: 03/11/2017 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-URIARTE, #24453865#179200037#20171101082044922 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I Internacional, la presentación de facturas y la forma de pago se encontraban

   pautadas en los puntos 30 y 31 del PByCP, señalando que al Ministerio de

   Defensa sólo le correspondía emitir las órdenes de pago, pero las

   erogaciones de dinero fueron realizadas por la Tesorería General de la

   Nación debiendo oficiarse a dicha Oficina a fin de...