Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Febrero de 2021, expediente I 2227

PresidentePettigiani-de Lázzari-Kogan-Genoud-Torres
Fecha de Resolución23 de Febrero de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 2.227, "Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad dec. 754/2000",con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresP., de L., K., G., T..

A N T E C E D E N T E S

  1. La Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante, ATE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (en adelante, SUTEBA) y la Central de Trabajadores Argentinos -Provincia de Buenos Aires- (en adelante, CTA), por apoderado, promueven la demanda originaria de inconstitucionalidad que prevén los arts. 161 inc. 1 de la C.itución de la Provincia de Buenos Aires y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, respecto de los arts. 1, 2, 3, 7, 9, 16, 18 y concordantes del decreto 754/00.

    Aducen que tal norma vulnera los preceptos contenidos en los arts. 14 bis, 31 y 75 inc. 22 de la C.itución nacional; 3, 11, 31, 39 inc. 2, 41 y 57 de la C.itución local; tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina (Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 31, 38, 53 y concordantes de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.

    Con carácter cautelar, piden que se ordene a la demandada que se abstenga de aplicarles lo dispuesto en los artículos cuestionados del decreto 754/00.

    Ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.

  2. Mediante resolución de fecha 7 de junio de 2000, el Tribunal hizo lugar parcialmente al remedio cautelar solicitado y ordenó suspender con relación a las entidades gremiales que promueven la demanda, previa caución juratoria, la aplicación de lo dispuesto por el art. 16 del decreto 754/00 (v. fs. 24).

  3. A fs. 29/34 se presenta el señor A. General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicita el levantamiento de la medida cautelar y, en subsidio, pide que sea limitada en lo que respecta a cuotas y aportes sindicales.

    Plantea también, como de previo y especial pronunciamiento, la excepción de incompetencia. En este sentido, aduce que la cuestiónsub iudicecorresponde a la competencia de los tribunales del trabajo. Señala que los demandantes plantean que las disposiciones del decreto 754/00 que impugnan vulneran derechos contenidos en la ley 23.551 y sólo en "forma indirecta, oblicua o refleja, cuestionan la validez constitucional de la norma impugnada".

  4. A fs. 35/43 el señor A. General de Gobierno, contesta la demanda, plantea su inadmisibilidad y pide su rechazo (v. fs. 35/43).

  5. Previo traslado a la actora, mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2000 el Tribunal decidió rechazar la excepción de incompetencia y el pedido de levantamiento de la medida precautoria decretada en autos.

    Sin embargo, hizo lugar a la solicitud de modificación de la aludida cautela y especificó que "la no aplicación a los accionantes de lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 754/00 se circunscribe a los importes correspondientes a las cuotas sindicales y demás aportes cuya retención la Administración se encuentra legalmente obligada a realizar".

  6. Agregado el cuaderno de prueba de la parte actora (v. fs. 109/179), declarado perdido a las partes el derecho que tenían de alegar (v. fs. 184), oído el señor P. General (v. fs. 185/197) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ) ¿Es admisible la demanda?

      En caso afirmativo:

    2. ) ¿Es fundada?

      V O T A C I Ó N

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  7. El señor A. General de Gobierno plantea la inadmisibilidad de la demanda en base a dos fundamentos: no cumplir la exigencia de fundamentación mínima y carecer las organizaciones sindicales accionantes de legitimación activa.

    I.1. En orden al primer aspecto, sostiene que las demandantes promueven la acción de inconstitucionalidad "limitándose tan sólo a aducir, en forma dogmática y mecánica, la violación -entre otros- del art. 39 de la C.itución provincial, los arts. 14 bis, 31 y 75 inc. 22 de la C.itución nacional, Tratados Internacionales y los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 31, 38, 53 y conc. de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales [...], pero sin vincular al fundar tales lesiones [...] en forma específica y concreta a ningún artículo de la Carta Magna local". Afirma que "la demanda carece delminimunde fundabilidad necesaria y, por lo tanto, resulta insuficiente para lograr la atendibilidad y consecuente declaración de inconstitucionalidad".

    Pone de resalto que las accionantes aducen principalmente la violación de las garantías consagradas en la ley de asociaciones sindicales y sólo remiten genéricamente a la mención de los artículos de la constituciones nacional y provincial supuestamente infringidos, resultando ello insuficiente para dar cumplimiento a las exigencias previstas en la ley de rito.

    Postula que la omisión de los actores en orden a invocar la norma constitucional (art. 1, C.. prov.) que habilite al Tribunal a juzgar el caso en virtud de la jerarquía normativa del art. 31 de la C.itución nacional, configura un obstáculo insalvable para someter a estudio la cuestión de fondo, toda vez que el pronunciamiento debe reducirse a establecer si las disposiciones del decreto 754/00, están o no en pugna con preceptos de la ley fundamental provincial.

    I.2. Por otra parte, sostiene que existe falta de legitimación activa por defectos de la representación que se invoca en relación a la impugnación del art. 3 del decreto 754/00 con fundamento en que las accionantes no se presentan alegando el cercenamiento de un derecho propio, sino en defensa de los intereses de los afiliados a la asociación que representan, con invocación del art. 31 de la ley 23.551.

    Sostiene que, a su criterio, resultaría ser el propio Poder Ejecutivo quien en realidad estaría representando los derechos de sus agentes, toda vez que la limitación impuesta por el art. 3 citado, lo es a fin de cumplir con la garantía constitucional del art. 39 inc. 1 de la C.itución de la Provincia, permitiendo que los trabajadores públicos perciban de modo efectivo un haber mínimo.

  8. Al contestar el traslado las actoras refutan el planteo de inadmisibilidad. Manifiestan que en cada caso específico indicaron expresamente cuáles eran las lesiones que provocaban las normas cuestionadas con relación a los derechos constitucionales afectados.

    Reconocen haber analizado las disposiciones de la ley de asociaciones sindicales aplicables al caso, al tiempo que destacan que en la demanda se mencionaron concretamente los preceptos constitucionales afectados y de qué modo el decreto impugnado los vulnera.

    En orden a la omisión de referir al art. 1 de la C.itución provincial alegada por la demandada, manifiestan que la parte actora tiene la carga de enunciar los principios violados en el ataque de inconstitucionalidad sin que sea requisito indispensable individualizar el artículo constitucional donde aquel se encuentra consagrado. Aduce al respecto que con la sola mención del principio constitucional se entiende respetado el legítimo derecho de defensa de la contraria.

    Expresan que de la demanda surge "la incursión por parte del estado provincial en materia legislativa expresamente delegada a la nación [...] y ello hace a la declaración de inconstitucionalidad vía art. 1 de nuestra carta fundamental, sin necesidad de una expresión concreta de dicha normativa".

  9. La inadmisibilidad formal planteada por la accionada no prospera.

    III.1. En mi parecer la pretensión deducida reúne el mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la atribución que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la C.itución provincial.

    Si bien en el escrito postulatorio se alega el quebrantamiento de distintas disposiciones de la C.itución nacional, de tratados internacionales y de la ley 23.551, cierto es que también se invocan violaciones directas a la C.itución local (arts. 11 y 39 inc. 2) exponiéndose de qué modo la normativa impugnada violentaría los aludidos derechos y garantías.

    Es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de la C.itución provincial (doctr. causas I. 1.610, "C. de F., sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte S.A.", sent. de 9-III-1999; B. 59.092, "A., sent. de 12-IX-2001; I. 68.239, "V., sent. de 6-VII-2005; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; e.o.).

    Sin embargo, en la especie, considero que los argumentos expuestos por los accionantes -precedentemente reseñados-, cumplen con el recaudo de fundamentación suficiente en tanto han sido mencionadas las cláusulas superiores que se dicen transgredidas (en particular, arts. 11 y 39 inc. 2, C.. prov.) y se efectúa una relación entre estas y la norma puesta en crisis.

    Por lo tanto, el análisis de la suficiencia de tales planteos constituye materia propia del fondo que será abordado en oportunidad de tratar la segunda cuestión propuesta.

    Para más, advierto que al decidir la excepción de incompetencia opuesta por la demandada por entender que la presente acción correspondía a la jurisdicción de los tribunales del trabajo, este Tribunal expresó: "...no es exacto que la impugnación efectuada por las accionantes al decreto 754/00 tenga por basamento primordial su falta de adecuación a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales, ya que se encuentran allí precisados y explicados diversos agravios directos a normas contenidas en la C.itución de la Provincia" (fs. 50/52).

    En tales condiciones, entiendo que la demanda reúne de manera suficiente los recaudos de fundamentación a efectos de habilitar el análisis...

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