Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 1 de Noviembre de 2023, expediente COM 032231/2019/CA001

Fecha de Resolución 1 de Noviembre de 2023
EmisorCamara Comercial - Sala B

Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA B

32231/2019 - ASOCIACION DE DEFENSA DEL ASEGURADO

CONSUMIDORES Y USUARIOS-ADACU-ASOCIACION CIVIL c/

RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. s/ORDINARIO

Juzgado N°18 - Secretaría N°36

Buenos Aires,

Y VISTOS:

  1. La demandada apeló la decisión de fs. 109 que desestimó la excepción de falta de legitimación activa. Su memorial obra a fs. 119/128

    siendo contestado a fs. 136/139.

    Por su lado la actora apeló esa resolución que admitió la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Su memorial de fs.

    113/116 fue contestado a fs. 130/134.

    La Sra. Fiscal de cámara dictaminó a fs. 145/159.

  2. Excepción de falta de legitimación activa.

    A los fines de establecer la legitimación activa de la accionante, la Corte Suprema, en autos “H., E. c/ PEN ley 25873-dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986 del 24.02.09 sostuvo que “… en materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos...” (considerando 9° y voto del Dr. Ricardo L.

    Fecha de firma: 01/11/2023

    Firmado por: M.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.G.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.E.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    L., in re¸ “Mujeres por la Vida – Asociación Civil sin fines de lucro–Sucursal Córdoba- c/ E.N. -P.E.N.- M° de Salud y Acción Social de la Nación”, del 31-10-2006).

    De los términos del escrito de demanda, se advierte que se trata de una cuestión que debe examinarse dentro de la categoría de las acciones de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

    Para otorgar la legitimación pretendida para accionar en defensa de un grupo de consumidores con base en derechos individuales homogéneos, la Corte Suprema estableció que debían presentarse tres elementos: i) la verificación de una causa fáctica común o sea la existencia de un hecho que causa lesión a varios derechos individuales, ii) que la pretensión se enfoque en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y no en lo que cada individuo puede peticionar y iii) que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de la demanda.

    Del escrito de demanda surge que el objeto de esta acción es que se decrete la nulidad del seguro de vida que se habría impuesto, en forma inconsulta, a todos aquellos que contrataron con la demandada un seguro automotor; que se disponga el cese de esa conducta;

    y que se devuelvan las sumas de dinero cobradas ilegítimamente.

    De ello se colige que los requisitos establecidos se dan en el caso de autos.

    En primer lugar, existe un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos: la supuesta imposición unilateral de un seguro de vida. En segundo lugar, la pretensión esta concentrada en los efectos comunes para toda la clase involucrada en tanto controvierte la validez de esa conducta que perjudica Fecha de firma: 01/11/2023

    Firmado por: M.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.G.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.E.M., SECRETARIA DE CAMARA

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    por igual a todos los asegurados que no habrían dado su consentimiento a la contratación de un seguro de vida. Por ello, los fundamentos jurídicos de la pretensión son uniformes respecto de la totalidad del colectivo que se pretende representar, y ello permite que se decida, en forma igualitaria, la cuestión que afecta a un grupo que se encuentra, a ese respecto, en una misma posición. Por el contrario, el reclamo de la actora no se relaciona con un daño diferenciado que podría invocar cada individuo. En tercer lugar, los consumidores no tienen incentivos suficientes para iniciar una acción individual, por lo que el reconocimiento de la legitimación colectiva tiende a asegurar el acceso a la justicia (art. 42, CN).

    Por ello, la resolución será confirmad en cuanto rechazó la excepción de falta de legitimación activa.

    La anterior sentenciante admitió la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora demandada, por considerar aplicable al caso el plazo de un año previsto por el art. 58 de la ley 17. 418.

    El accionante se quejó de la normativa aplicada por la Sra.

    magistrada, por considerar que el plazo de prescripción que corresponde utilizar en autos es el previsto por el art. 2560 del CCyC.

    Tal como se señaló en la decisión dictada por esta Sala el 03.12.21 en los autos “Toro, G.J. C/ Escudo Seguros SA S/

    Ordinario” la cuestión referida al plazo de prescripción aplicable al caso resulta más que opinable, motivo por el cual, a pesar de la solución definitiva univoca que se brinda a continuación los argumentos o caminos a desandar son propios de cada una de las señoras jueces que suscriben la presente.

    1. La Dra. B. no puede pasar por alto que, aunque con anterioridad se ha inclinado por considerar que, en virtud de la Fecha de firma: 01/11/2023

      Firmado por: M.B., JUEZ DE CAMARA

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      modificación sufrida por el art. 50 de la ley 24.240 (introducida por ley 26.994), el plazo de prescripción aplicable en estos supuestos resultaba aquel previsto en el art. 58 de la LS, un nuevo análisis de la cuestión sometida a decisión la persuade a modificar tal temperamento.

      Ello, en la medida que entiende que la solución que este Tribunal aquí propone es la más adecuada para resguardar actualmente los diversos intereses en pugna, de conformidad con los valores a preservar. Si el referido art. 50 (en su anterior redacción) preveía un plazo de tres años no parece lógico que una nueva legislación no contemple plazo y deba estarse al de una ley especial que otorga uno menor. En esa inteligencia el plazo establecido en el art. 2560 CCyN aparece como un remedio legal que ha de usar el juzgador en estos casos.

      No se ignora que el art. 2532 CCyC dispone que “En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria” y que ello podría dar lugar a interpretar que el art. 58 LS se trata de una norma específica que desplaza la regulación del citado art. 2560 CCyC.

      No obstante, ha de considerarse que dicha hermenéutica desatiende los principios y normas del CCyC, cuando afirma a través del art. 1094 y de los Fundamentos que las normas del Código son el “piso mínimo” y el “núcleo duro” de protección al consumidor. De ahí que las pautas de las disposiciones específicas solo resultan aplicables cuando respeten ambos lineamientos (conf. Sobrino, W.“. y el Código Civil y Comercial”, t. I, pág. 744, ed. Thomson Reuters La Ley, Bs. As.,

      2016) circunstancia que no ocurre con la regulación del art. 58 LS, razón por la cual habrá de estarse al plazo establecido en el art. 2560 CCyC.

      El art. 1094, en su segunda parte deviene la llave que clarifica la cuestión y sella su suerte cuando consigna que en caso de duda sobre la Fecha de firma: 01/11/2023

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      interpretación del CCyC o de las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al consumidor.

    2. Por su parte, la Dra. V. expresa que, en el recurso bajo estudio, la cuestión controvertida consiste en determinar el plazo de prescripción aplicable a la acción iniciada por un consumidor sobre la base de un contrato de seguro.

      La Ley de Seguros (Ley nro. 17.418) establece en su artículo 58 que “(l)as acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible”.

      Sin embargo, la particularidad en este caso es que la acción es promovida por un asegurado que, a su vez, reviste el carácter de consumidor.

      La Ley de Defensa del Consumidor (Ley nro. 24.240), en su anterior redacción (Ley nro. 26.361), estipulaba un plazo de prescripción de tres años para las acciones judiciales emergentes de esa ley (art. 50). A

      partir de ello, un sector de la jurisprudencia estableció que ese plazo trienal desplazaba al plazo de la Ley de Seguros en los casos en los que existía una relación de consumo (CNCom, S.C.“., C.L. c/

      Aseguradora Federal Argentina SA s/ordinario”, del 22.08.2012; S.F.,

      S., G.M. c/ BBVA Consolidar Seguros SA

      , 10.05.2018;

      R.G.L. c/ Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada s/ ordinario

      , 3.12.19; y, en esta Sala, votos en disidencia de la Dra. Ballerini en “Baini, M.A. c/ Aseguradora Federal Argentina s/ordinario”, 17.12.2015 y “Á.N.B.N. c/

      Caja de Seguros SA s/ordinario

      , 14.12.2017, entre otros).

      Fecha de firma: 01/11/2023

      Firmado por: M.B., JUEZ DE CAMARA

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      34425675#386187404#20231027124355519

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      Con posterioridad, la Ley 26.994 aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, y modificó diversas normas de la Ley 24.240,

      entre ellas el artículo 50, que quedó redactado del siguiente modo: “Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES

      (3) años

      .

      Como consecuencia de esa modificación surge el interrogante respecto al plazo de prescripción aplicable a las acciones iniciadas por consumidores sobre la base de contratos de seguros. Por un lado, se sostiene que debe aplicarse el plazo anual establecido en la Ley de Seguros por ser la norma especial que rige la materia (CNCom, Sala A, “A.,

      D.E. c/ BBVA Consolidar Seguros SA s/ordinario”, 9.09.2021).

      Por el otro, se plantea que debe aplicarse el plazo genérico de cinco años estipulado en el artículo 2560 del Código...

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