Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 26 de Noviembre de 2020, expediente I 75211

PresidenteSoria-Kogan-Torres-Pettigiani
Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A.75.211 “ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITALES ARGENTINOS (ADEBA) C/ MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA S/ INCONST. ORD.16.440

AUTOS Y VISTOS:

  1. La Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos (ADEBA), el Banco Macro S.A., el Banco Patagonia S.A., el Banco Comafi S.A., el Banco Hipotecario S.A., el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el Banco Supervielle S.A. y el Banco de la Nación Argentina, por intermedio de sus respectivos representantes, promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161, inc. 1 de la C.itución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de los arts. 5 y 6 de las ordenanzas 16.440 (impositiva para el año 2018) y 16.777 (impositiva para el año 2019) emitidas por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lomas de Z. (v. fs. 395/426, fs. 513/514 vta. y fs. 569/578 vta.).

    La parte actora sostiene que las normas cuestionadas, en tanto fijan la alícuota y el monto mínimo que deberán abonar los contribuyentes de la Tasa de Seguridad e Higiene en la jurisdicción demandada, resultan irrazonables y violentan el principio de igualdad, así como su derecho de propiedad.

    Postula que ello es así por cuanto arrojan valores desproporcionados respecto del costo -individual y globalmente considerado- de la actividad estatal en la que pretende justificarse su cobro.

    Agrega que, dada tal circunstancia, queda expuesta la ilegitimidad del tributo por no corresponderse con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio por la comuna. Expone que mal puede hallarse a cargo del municipio el servicio de seguridad y fiscalización de las entidades financieras pues se trata de una incumbencia propia del Banco Central de la República Argentina.

    Plantea que resulta arbitraria la agrupación de las entidades financieras en una categoría diferenciada a efectos del pago de la tasa en cuestión, pues reciben un tratamiento más gravoso que otras actividades que, a su juicio, exigirían un control estatal mayor y más costoso. Alega, por otro lado, que las disposiciones de los artículos 5 y 6 de las ordenanzas 16.440 y 16.777 instrumentaron un aumento exponencial de la Tasa de Seguridad e Higiene que resulta excesivo y desproporcionado. Postula que esa circunstancia también justifica la declaración de inconstitucionalidad reclamada en la demanda.

    Finalmente aduce que la tasa cuestionada es incompatible con la ley 23.548, el Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento del 12-VIII-1193 y el "Consenso Fiscal" suscripto el 16-XI-2017.

    Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

  2. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Municipalidad de Lomas de Z., opone excepciones de incompetencia por interposición de la acción fuera de término y de falta de legitimación activa respecto de ADEBA.

    En la misma presentación contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 609/636 vta.).

  3. Sustanciadas las defensas previas opuestas por el municipio, la parte actora las resiste sosteniendo que corresponde computar el plazo de caducidad para la interposición de la acción de inconstitucionalidad desde el 1-II-2018 por tratarse del primer día hábil judicial de ese año. A ello agrega, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que corresponde reconocer legitimación activa a ADEBA pues surge de su estatuto la capacidad invocada para representar los intereses de sus asociados en los términos expuestos en el escrito inicial.

  4. Pasados los autos al acuerdo, se deben abordar y decidir las excepciones articuladas por la comuna.

    IV.1. De los términos de la demanda se extrae que la naturaleza de las normas cuestionadas y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial. Ello impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que la acción originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "R., sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, O., F. y Productos...

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