Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 4 de Septiembre de 2018, expediente CAF 084260/2016/CA001 - CA002

Fecha de Resolución: 4 de Septiembre de 2018
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA I Causa nº 84260/2016, “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA c/ EN - PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”; Juzgado nº 12.

Buenos Aires, de de 2018.-

VISTO

Y CONSIDERANDO:

  1. El 4 de diciembre de 2014, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia promovió (ante la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable)—

    y contra la Provincia de Santa Cruz.

    Lo hizo para que, previo a autorizar la ejecución de las obras correspondientes a las represas “N.K.” y “Gobernador J.C.”, localizadas en la Provincia de Santa Cruz, se ordene ejecutar el correspondiente “Estudio de Impacto Ambiental” y “consulta vecinal”. Motivó dicha pretensión en que no se habrían efectuado los estudios ambientales previos a fin de determinar cuál sería el impacto de dichos emprendimientos sobre el ecosistema y tampoco las consultas ciudadanas que correspondía realizar (fs. 90/103).

    A. mismo tiempo, solicitó el dictado de medidas suspensivas (precautelar y cautelar), para que se informe si se cumplió

    con la realización de tales procedimientos previos; y si así no fuere, se suspendan las obras hasta su realización. Aclaró también que, de ninguna manera, pretendía prohibir el emprendimiento en cuestión.

  2. El 26 de abril de 2016, la Corte Suprema requirió un exhaustivo informe al Poder Ejecutivo Nacional.

    Destacó tanto el beneficio que las obras implicaban para el desarrollo de la región, como la necesidad de asegurar una evaluación científica y participativa.

    El 21 de diciembre de ese año y luego de visualizar el informe requerido, admitió la medida cautelar solicitada. Para lo que ahora importa, suspendió las obras “…hasta que se implemente Fecha de firma: 04/09/2018 Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA #29313395#215257381#20180904150031916 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA I Causa nº 84260/2016, “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA c/ EN - PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”; Juzgado nº 12.

    el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879…” (considerando 8º); especialmente, artículos 1º, 2º y 3º de la referida ley.

    Con precisión, agregó que para “…el supuesto de admitirse la demanda, esto es, la realización del estudio de impacto ambiental y la audiencia pública…” el Estado Nacional sería “… el único que resultaría obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado…”

    (considerando 10).

    En la misma oportunidad, remitió las actuaciones a este Fuero, previa declaración de incompetencia (fs. 379/386 vta.).

  3. Resuelta en tales términos la suspensión de las obras y antes de ordenarse el informe del artículo 8 de la ley 16.986, en febrero de 2017, la actora amplió demanda.

    Esta vez, solicitó la detención definitiva de la construcción de los diques, por entender que el Estado Nacional se encontraba imposibilitado de cumplir en tiempo y forma con el procedimiento legalmente establecido. Ofreció prueba testimonial y pericial (requirió que se designe como perito al Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética); aunque, a la vez, pidió que se declare el amparo de puro derecho (fs. 439/445).

    Al presentar el informe del artículo 8 de la ley 16.986 (marzo de 2017), el Estado Nacional manifestó que estaba en pleno desarrollo el procedimiento previsto en la ley 23.879 (fs. 455/497).

  4. Meses después (el 28/8/17), el Estado Nacional, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, pidió el levantamiento de la medida cautelar, por haberse cumplido con lo ordenado por la Corte Suprema (fs. 607/615).

    A tal efecto, detalló las tareas realizadas. Entre ellas: a) la ejecución de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que, previa publicación, fue remitido al Senado de la Nación (14 y 15 de junio de Fecha de firma: 04/09/2018 Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA #29313395#215257381#20180904150031916 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA I Causa nº 84260/2016, “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA c/ EN - PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”; Juzgado nº 12.

    2017, respectivamente); b) la emisión de la resolución MINEM y MAyDS 1-E 2017 (B.O. del 3 de julio de 2017) que aprobó la factibilidad de las obras “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz…” y ordenó la remisión al Honorable Congreso de la Nación del referido Estudio de Impacto Ambiental y del informe de factibilidad, en cumplimiento del artículo 3 de la ley 23.879; c) la convocatoria a Audiencia Pública (por la Presidencia de ambas Cámaras del Congreso: resolución RCPP-52 del 27 de junio de 2017); d) la elaboración y publicación por ambas Cámaras del Congreso del Informe Final Conjunto (conf. artículo 10, anexo I, resolución RCPP 52/2017; del 11 de agosto de 2017), destacando que la Audiencia Pública cumplió con todos los requerimientos de la ley 23.879; e) la emisión de la resolución conjunta nº 3 MINEM y MAyDS del 25 de agosto de 2017, aprobando las obras y ordenando a la Secretaría de Energía incorporar al Plan de Gestión Ambiental las recomendaciones vertidas en los informes técnicos que integran los Anexos I y II (B.O.

    del 28 de agosto de 2017).

  5. A fs. 806/810, la Sra. Juez Dra. M. dictó sentencia de fondo. En coincidencia con lo dictaminado por la Fiscalía y para lo que ahora importa, rechazó la acción de amparo y declaró la consecuente pérdida de virtualidad de la medida cautelar suspensiva de las obras (concedida por la Corte Suprema, en diciembre de 2016).

    Para todo ello, en esencia consideró:

    a) Que la sentencia de amparo debe dictarse con ajuste a las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento de su pronunciamiento, aun cuando fueren sobrevinientes.

    b) Que estaban cumplidos los requisitos legales requeridos.

    Ello así, atento: a’) el objeto de la acción iniciada; b’) las directivas de la Corte Suprema al otorgar la medida cautelar y Fecha de firma: 04/09/2018 Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA 3 Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA #29313395#215257381#20180904150031916 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA I Causa nº 84260/2016, “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA c/ EN - PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”; Juzgado nº 12.

    suspender las obras; c’) el “Informe Final Conjunto” elaborado por los legisladores de ambas Cámaras del Congreso, dando cuenta de la audiencia realizada con arreglo al artículo 3 de la ley 23.879 (los días 20 y 21 de julio de 2017); d’) la presentación y análisis del Estudio de Impacto Ambiental involucrado; y e’) el alcance de la resolución conjunta MINEM y MAyDS 3/17 (del 25 de agosto de 2017; B.O. del 28 de agosto de 2017), donde el Estado Nacional receptó las recomendaciones del referido “Informe Final”.

    c) Que los posteriores cuestionamientos de la actora, referidos a deficiencias u omisiones y/o de anomalías generadas en el procedimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional “…exceden el marco del proceso especial aquí iniciado…”.

    Sobre tales bases, su conclusión fue contundente: al momento del dictado de la sentencia, ya no subsistían “…las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la Asociación actora”.

  6. Contra lo así decidido, sólo la actora interpuso recurso de apelación (fs. 928/942), que fue concedido a fs. 944 y replicado a fs. 950/957.

    Planteó la nulidad de todo el proceso y de la sentencia por vicios de forma y de fondo.

    Del proceso, en esencia, por no haberse aplicado las normas de la ley 16.986, ni aceptado adherentes a la demanda y demorar plazos.

    De la sentencia, por sustentarse en constancias del Estado Nacional y expresiones de la Sra. Fiscal, de las que no se le corrió

    traslado, y porque la dilación del proceso le permitió al PEN agregar extremos que jamás conoció y que se presentaron mucho después del informe del art. 8 de la ley de amparo. Situación que, a su entender, “… desde la forma aparece hoy como una suerte de “cumplimiento”

    extemporáneo… e incomprensible”.

    Fecha de firma: 04/09/2018 Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA #29313395#215257381#20180904150031916 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA I Causa nº 84260/2016, “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA c/ EN - PEN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”; Juzgado nº 12.

    Un poco confusamente, solicita, al mismo tiempo, que se haga lugar al amparo “…manteniendo suspendidas las obras definitivamente al no haber realizado un EsIA conforme derecho, o bien ordenar realizar una nueva causa, con el mantenimiento de la cautelar hasta…determinar si el demandado ha cumplido con la ley 23.879…”. También, que se anule todo lo actuado a partir del 24 de mayo, “…obligando a sentenciar conforme el estado del expediente en ese momento”.

    Se agravia también porque: (a’) los estudios debieron efectuarse antes de la realización de la obra; (b’) al haberse cambiado las condiciones del proyecto, debía realizarse una nueva licitación; (c’) no se respetó el plazo previsto en el art. 3º de la ley 23.879 y los...

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