Una asimetría inaceptable

Cuarenta años después de la muerte del jefe del grupo subversivo Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sus tres hijas cobrarán $250.000 cada una como reparación moral por la desaparición del cadáver. Juan Bautista Yofre, estudioso que ha seguido las derivaciones del terror de los años 70, sostiene que las tres mujeres ya habían cobrado como resarcimiento del Estado nacional otros $ 32.767.878.

Ana Cristina, Gabriela Inés y Marcela Eva Santucho habían reclamado por resarcimiento moral, en demanda que tramitó en el Juzgado en lo contencioso administrativo N°11, a cargo de María José Sarmiento, la suma de $10.000.000. Con ser importantes, esas cifras planean más bajo que la grosera inequidad institucional de las indemnizaciones a dirigentes subversivos de los años 70 y sus deudos en relación con la consideración dispensada a las víctimas de sus crímenes. La injusticia es más grave aún en el terreno penal, pues los líderes y cómplices de Montoneros, ERP y demás fueron amparados no por una amnistía de sus delitos, sino por dos, y quienes reprimieron, con aplicación por igual de métodos fundados en el terror, sufren persecución y cárcel.

Mario Santucho y Benito Urteaga cayeron bajo la metralla de un grupo de tareas del Ejército, comandado por Juan Carlos Leonetti, cuando entraron el 16 de julio de 1976 en un departamento de Villa Martelli. En el tiroteo murieron Leonetti y los dos subversivos, cuyos cadáveres habrían sido llevados a Campo de Mayo pero nunca fueron devueltos a sus familias.

Leonetti era un joven oficial que respondía a sus mandos militares según órdenes emanadas del gobierno de María Estela Martínez de Perón de "aniquilar" la subversión. Entró al parecer en aquella guarida de Villa Martelli sin saber lo que encontraría. Encontró la muerte y nadie se hizo cargo de las responsabilidades por ella.

Tampoco nadie pagó por la vida del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina, de 3 años. Fueron abatidos por terroristas que reconocían la jefatura de Santucho. Viola y su hijita no se hallaban el día fatal en una operación militar. María Cristina Picón, esposa de Viola y embarazada entonces de cinco meses, lucha estos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se castigue a quienes diezmaron su familia.

Las actuaciones de oficio del...