Sentencia de TRIBUNAL ORAL DE MENORES NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Febrero de 2017, expediente CCC 500000145/2012/TO01

Fecha de Resolución22 de Febrero de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL DE MENORES NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL DE MENORES NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 500000145/2012/TO1 Buenos Aires, 22 de febrero de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa N° 7026 del registro de este Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal, en relación al imputado H.T.(ó T.) N.-

RESULTA:

Del estudio de la presente causa surge que el Sr. Fiscal de Instrucción, al momento de requerir la elevación a juicio, calificó el hecho atribuido a H.T.N. como constitutivo del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con arma, cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada, y en poblado y en banda.- (ver fs. 350/4)

Recibida la presente causa ante este Tribunal - que tuvo su origen el 10 de marzo de 2002 – se citó a las partes a los fines previstos en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación.

(ver fs. 366).-

A fs. 410/3 se presentó la Sra. Defensora Pública Oficial del causante, Dra. N.A., y - si bien admitió que la acción penal no se encuentra prescripta en atención a las condenas que registra su asistido – solicitó se declare extinta la acción penal y se lo sobresea por entender que se ha violado su derecho supra legal de ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, de conformidad con lo normado en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3. del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que hizo referencia-

Para fundamentar su pedido, la letrada destacó el tiempo transcurrido desde el inicio de estos actuados sin que, en la actualidad, se encuentre resuelta la situación procesal de H.T.N. en forma definitiva.-

Fecha de firma: 22/02/2017 Firmado por: J.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.D., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: B.K., SECRETARIA #2502916#172131868#20170301104403279 Consecuentemente se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a fs. 416/7 el S.F. General, doctor R.M.F., se opuso a que se haga lugar a la extinción de la acción penal y al sobreseimiento de H.T.N. por entender que el remedio procesal que garantiza que todo imputado sometido a proceso penal sea juzgado dentro de un plazo razonable se encuentra respaldado a través del instituto de la prescripción.-

Que conforme las constancias que obran en autos, H.T.N. además de la presente, registró ante este Tribunal la causa nro 1894 (iniciada el 15 de septiembre de 2000) en la que, con fecha 11 de julio de 2016, se resolvió, por mayoría, SOBRESEER al nombrado en orden a los delito de robo agravado por haber sido perpetrado mediante la utilización de arma de fuego y portación de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización que concurren materialmente entre sí, por insubsistencia de la acción penal generada por la afectación al derecho que posee de ser juzgado dentro de un plazo razonable.-

Y CONSIDERANDO:

A- Los Dres. J.A.M.A. y R.A.D. dijeron:

A.1.- Previo a adentrarnos en la cuestión de fondo, resulta necesario traer a colación un pormenorizado análisis de la garantía invocada para luego, en el siguiente considerando, determinar si en el caso se observa una violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.-

Comúnmente, asociamos el término "plazo razonable", con el instituto de la prisión preventiva, dado que es allí donde los efectos nocivos del proceso penal adquieren mayor repercusión; ello es así, porque la privación de la libertad, por más breve que sea, implica una seria restricción a uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Como operadores del sistema, estamos Fecha de firma: 22/02/2017 Firmado por: J.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.D., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: B.K., SECRETARIA #2502916#172131868#20170301104403279 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL DE MENORES NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 500000145/2012/TO1 acostumbrados a discutir si la prisión preventiva ha sido justificada o no en determinados casos concretos, como así también si se ha aplicado durante un tiempo razonable; pero en general, no reparamos en que el proceso penal en su conjunto implica, por su mera realización, una clara afectación de derechos, aun cuando no se dispongan medidas concretas de coerción personal.

Citando a F., D.P. (“Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho”, Buenos Aires, Ed. “Ad-hoc”, pág.

10 y ss.) afirma que: "Las reflexiones integrales más modernas que se han ocupado del funcionamiento del sistema penal han demostrado con lucidez que la persecución penal estatal representa ya, con prisión provisional o sin ella, una pena por la sospecha: la pena de proceso.

O, si se quiere, sobre todo en los procesos prolongados, la persecución implica desde el comienzo, el sometimiento del imputado a condiciones de “semi penalización” que se manifiestan en ciertos padecimientos que encuadran en el llamado carácter idéntico a la pena que se atribuye ya al proceso: angustia, gastos, pérdida de tiempo y de trabajo, humillación, descrédito, etcétera. La falta de una determinación aproximadamente precisa de la duración del proceso coloca al enjuiciado en la llamada “situación de doble incertidumbre”, no sabe cómo terminará su proceso y tampoco sabe cuándo. Y en este estado, la amenaza a la libertad y la afectación del patrimonio se encuentra presente”.

Además, el mentado autor señala que “…en la actualidad, la excesiva duración del proceso, constituye uno de los principales problemas del enjuiciamiento penal. Tal disfunción del sistema procesal pone en crisis toda legitimación y todos los postulados del derecho procesal penal. En efecto, las graves restricciones de la libertad y todas las demás cargas y perjuicios que el proceso penal entraña para el inculpado, y que deben ser sufridas por él, pues la ley le impone el llamado deber del imputado de soportar Fecha de firma: 22/02/2017 Firmado por: J.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.D., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: B.K., SECRETARIA #2502916#172131868#20170301104403279 el proceso, no pueden ser mantenidas sin lesionar gravemente el principio de inocencia, cuando la duración del proceso sobrepasa el límite de lo razonable”.

También nos enseña, que “…Las quejas por la lentitud de la justicia no son nuevas, y tampoco lo es el dictado de normas tendientes a mitigar el problema.

Para B., "el proceso mismo debe ser concluido en el tiempo más breve posible". Posteriormente sería FEUERBACH quien acentuara que "no tardar es una obligación de los jueces". De allí que este deseo de que los juicios tengan una duración lo más corta posible sea patrimonio común de todo régimen procesal y que se encauce, normalmente, en el llamado principio de celeridad procesal.

Tal principio cumple una función de alguna manera neutral en el ámbito de los conflictos que se resuelven según las reglas del orden jurídico no penal, mas en el campo del derecho punitivo él ha sido "reinterpretado" con el alcance de una garantía del acusado: "el llamado principio de celeridad representa, entonces un derecho procesal subjetivo del inculpado". Con ese sentido, principio de celeridad y derecho fundamental a ser juzgado penalmente dentro de un plazo razonable quedan identificados.

Por su parte, N.P.S. (“Elementos de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, tercera edición, tomo II, Ed.

Astrea

, pág. 762 y ss.), destaca que “…Ya desde el principio de "afianzar la justicia", consignado expresamente en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, podemos inferir el mandato de "lograr una justicia rápida dentro de lo razonable", y que la idea de "justicia pronta" trae aparejado el derecho de contar con una vía idónea que permita impulsar el proceso al cual una persona se ve sometida.

Lógicamente, tales exigencias se acentúan en la esfera penal, por respeto a la dignidad del hombre, mediante el derecho que tiene a Fecha de firma: 22/02/2017 Firmado por: J.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.D., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: B.K., SECRETARIA #2502916#172131868#20170301104403279 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL DE MENORES NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 500000145/2012/TO1 liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito…

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Con anterioridad a la incorporación de la garantía que vengo tratando a la Constitución Nacional, a raíz de las reformas introducidas en el año 1994 -aspecto que analizaré luego- la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido fallo "M." (fallos:

272:188), al interpretar los principios de progresividad y preclusión como instrumentos procesales aptos para evitar la duración indeterminada de los juicios, sostuvo que “obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal…”; “Debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que, definiendo su situación frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal…” (Considerandos 10 y 14).

Por otra parte, en “Mozzatti” (Fallos: 300:1102), frente a un proceso que se había prolongado durante veinticinco años, la Corte afirmó que la defensa en juicio y el debido proceso “se integran por una rápida y eficaz decisión judicial”.

Así las cosas, puedo sostener que la Corte Suprema de Justicia de la...

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