Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Agosto de 1996, expediente I 1562

PonenteJuez LABORDE (SD)
PresidenteLaborde-Negri-San Martín-Hitters-Pisano
Fecha de Resolución 6 de Agosto de 1996
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

El Señor A.A.V., por apoderado, promovió demanda en los términos del art. 149 inc. 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial con el objeto de que V.E. declare la inconstitucionalidad de los arts. 53 del dec. ley 9963/83 y 44 de la ley 10.765, por reputarlos violatorios al preámbulo y arts. 1, 9, 27, 33, 44 y 90 inc. 11 de la Constitución Provincial y del preámbulo y arts. 5, 14 bis, 17 y 31 de la Constitución Nacional. Requirió la inaplicabilidad de tales preceptos y se condene a la Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires a abonar las sumas correspondientes al haber jubilatorio dejadas de percibir en consecuencia de las normas impugnadas, con la debida actualización monetaria e intereses desde el momento de su respectivo pago, con costas.

Sostuvo el presentante, la existencia de un interés directo y efectivo para la promoción de esta acción en virtud del carácter de jubilado de su mandante y en relación a la aplicación que se ha hecho en el haber jubilatorio en cuanto a las sumas que le correspondían en razón del incremento por aportes superiores a los mínimos. Afirmó que la demanda está comprendida dentro de los supuestos del art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial. Luego pasó a analizar el art. 53 del dec. ley 9963/83 y sostuvo que en la presente causa la discusión radica en la validez constitucional de la norma que permite modificar el valor del punto y la delegación de dicha facultad. Arguyó que tanto el art. 53 del dec. ley 9963 como el art. 44 de la ley 10.765 regulan un mismo aspecto del procedimiento de cálculo para la obtención del incremento del haber por excedente de aportes, lo que la norma denomina "valor del punto", a los fines de obtener el importe a abonar en caduceos, luego de multiplicar con el puntaje obtenido por los cálculos fijados en los arts. 49, 50 y 52 del dec. ley 9963 ó 40, 41 y 43 de la ley 10.765.

Manifestó que las normas cuestionadas fijaron a su turno el valor del punto en cinco (art. 53, dec. ley 9963) y en tres (art. 44, ley 10.765), aunque el texto original del art. 53 del dec. ley 9963 se estableció en dinero y por acto de la Asamblea extraordinaria de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales de Ciencias Económicas del 23 de marzo de 1984, se aclaró que había sido un error involuntario de la redacción del proyecto y se determinó el valor en cinco. Agregó que ambos textos legales autorizan a la Asamblea de la Caja a variar el valor del punto y que por Asamblea del 29 de mayo de 1987, se redujo a tres. En razón de esto expresó que se cuestiona la delegación hecha a la Asamblea para fijar el valor del punto y la fijación del mismo con efecto retroactivo por la ley 10.765. Reseñó doctrina y jurisprudencia en torno a la delegación legislativa y afirmó que la determinación del monto del haber jubilatorio constituye uno de los requisitos esenciales del régimen previsional que no podría ser delegado por el legislador al ente público no estatal, pues de tal manera se contrarían los arts. 33, 44 y 90 inc. 11 de la Carta Provincial. Expuso que la competencia delegada a la Asamblea de la Caja lo ha sido sobre lo que viene a representar la mayor parte del haber jubilatorio, como en el caso lo constituye el exceso de aportes mensuales del afiliado, cuando dicha competencia pertenece al Poder Legislativo y no podría ser delegada sin límite alguno, en perjuicio de derechos constitucionales y cercenando una parte importante del haber jubilatorio. Expresó que la técnica utilizada por el legislador provincial resulta deficiente al disponer sobre derechos adquiridos. Cuestionó por último que al establecer el art. 53 de la ley 10.765 el valor del punto en tres retroactivo al 1º de enero de 1984 afectó derechos adquiridos al 1º de diciembre de 1987, en violación a los arts. 9 y 27 de la Constitución Provincial. Y que dicha aplicación afectó confiscatoriamente el haber previsional de su mandante.

Corrido el traslado de ley , la Asesoría General de Gobierno se presentó planteando la inadmisibilidad formal de la demanda por su extemporaneidad y solicitó su rechazo y la intervención de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas.

En fs. 29 V.E. confirió traslado al actor, el que fue respondido en fs. 30/31; V.E. resolvió favorablemente la citación del organismo previsional (fs. 33) el que se presentó solicitando el rechazo de la acción instaurada y costas (fs. 42/49 vta.). También sostuvo la improcedencia formal de la demanda. Entendió que no se ha cuestionado la validez del precepto en abstracto, sino su aplicación al accionante; que la demanda es extemporánea en virtud de su finalidad patrimonial y argumentó sobre la dualidad de vías intentadas.

El actor contestó el traslado que le fuera conferido (fs. 50) en fs. 51/55.

Se abrió la causa a prueba, produciéndose la ofrecida por la parte actora (fs. 64/68) y la de la citada como tercero (fs. 69/92); puestos los autos para alegar se agregó el correspondiente a la accionante (fs. 95/95), hecho lo cual V.E. dispuso la vista a esta Procuración General (art. 687, C.P.C.C.; fs. 97).

  1. - Señalo liminarmente y en atención al planteo de orden formal que articularan la Asesoría General de Gobierno en el apartado II de su escrito de responde y la Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas, apartado IV de su intervención que procede recordar que es doctrina de esa Corte que el plazo establecido por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad no rige en casos en...

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